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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 08/04/2025 18:40
Imagen de archivo: Izquierda a derecha, los búlgaros Katrin Ivanova, Vanya Gaberova, Orlin Roussev, Ivan Stoyanov y Bizer Dzhambazov comparecen por videoenlace en la corte de Westminster, Londres, para responder a acusaciones de espiar para Rusia el martes 26 de septiembre de 2023 (Elizabeth Cook/PA via AP) Seis ciudadanos búlgaros fueron declarados culpables por conspirar para recabar información de utilidad para Rusia y por poner en riesgo la seguridad nacional del Reino Unido, según un veredicto emitido el lunes por el jurado de la Corte Criminal Central de Londres, conocida como Old Bailey. Este proceso judicial, el mayor juicio por espionaje celebrado en el país, permitió acceder a detalles inéditos sobre las tácticas del Kremlin durante la guerra en Ucrania, según la evidencia presentada por la fiscalía y los testimonios recogidos durante el proceso. Los acusados fueron arrestados el 8 de febrero de 2023 en una operación coordinada por la unidad antiterrorista y contraespionaje de Scotland Yard, cuando se preparaban para trasladar vehículos equipados con tecnología de vigilancia militar desde el este de Inglaterra hasta la base estadounidense Patch Barracks, cerca de Stuttgart, Alemania. Su misión, según los fiscales, era interceptar identificadores de teléfonos de soldados ucranianos que presuntamente se entrenaban allí en el uso de sistemas de defensa aérea Patriot. Durante los procedimientos previos al juicio, tres de los acusados se declararon culpables. El 7 de marzo de 2025, tras un juicio de tres meses, los otros tres fueron condenados por “conspirar para recoger información que pudiera ser útil, directa o indirectamente, a un enemigo del Estado” y por “poner en peligro la seguridad pública”. La operación frustrada formaba parte de una red de espionaje estructurada como una cadena de contratistas, sin agentes de inteligencia con formación tradicional, sino con una jerarquía de operadores privados subcontratados. El cabecilla identificado fue Orlin Roussev, un búlgaro residente en Great Yarmouth, experto en tecnologías de vigilancia. Roussev actuaba como “gerente de país” en el Reino Unido, bajo la dirección del ex ejecutivo de Wirecard, Jan Marsalek, fugitivo desde 2020 y presuntamente refugiado en Rusia, quien ejercía de intermediario con los servicios de inteligencia rusos FSB y GRU. Según la fiscal principal, Alison Morgan, el esquema surgió como una respuesta a la necesidad del Kremlin de llenar el vacío de operativos tras las expulsiones de diplomáticos rusos en Europa en 2018, después del intento de asesinato de Sergei Skripal. Marsalek habría ofrecido sus servicios a los servicios secretos rusos, articulando una red informal de espionaje a través de Roussev. El equipo operativo incluía al subalterno de Roussev, Biser Dzhambazov, un mensajero médico que reclutó a su pareja, una asistente de laboratorio, y a varios conocidos sin formación en inteligencia: una esteticista, un luchador de artes marciales mixtas y un pintor, todos también búlgaros. Recibían pagos cuantiosos por sus acciones; Dzhambazov llegó a repartir alrededor de 215.000 dólares entre sus colaboradores. Marsalek viajó a Rusia con al menos 6 pasaportes austriacos diferentes (Archivo) En el juicio se presentaron más de 80.000 mensajes de Telegram, registros financieros y de viajes, y pruebas de equipo confiscado que incluía interceptores de identidad de teléfonos (IMSI catchers) valorados en 250.000 dólares, drones, cámaras ocultas en objetos cotidianos y documentos falsificados de múltiples países europeos. Según Scotland Yard, Roussev había montado una “fábrica de espías” en su residencia, donde fabricaba y probaba estos dispositivos. La red utilizaba el Reino Unido como centro logístico para operar en al menos cinco países: España, Alemania, Austria, Hungría y Montenegro. Entre 2020 y 2023, llevó a cabo operaciones de seguimiento contra opositores del Kremlin, intentos de manipulación mediática y misiones de recopilación de inteligencia militar. Las prioridades del Kremlin, según se desprende de la evidencia, evolucionaron tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Entre diciembre de 2020 y principios de 2023, las operaciones de la red liderada por Roussev y Marsalek se centraron inicialmente en la vigilancia de críticos del Kremlin. Según el portal War on the Rocks, el primer objetivo documentado fue Christo Grozev, periodista búlgaro y entonces principal investigador de Rusia en el colectivo Bellingcat, quien había expuesto operaciones encubiertas rusas, incluida la implicación del FSB en el envenenamiento de Alexei Navalny. Según los registros presentados ante el tribunal, Marsalek solicitó a Roussev investigar a Grozev pocas horas después de que Bellingcat publicara una investigación sobre ese envenenamiento. A lo largo de los tres años siguientes, el equipo subcontratado por Roussev siguió los movimientos de Grozev en Austria, Bulgaria, Montenegro y España, analizando sus rutinas y buscando formas de comprometerlo. Entre los planes discutidos figuraban intentos de robo de dispositivos electrónicos, campañas de desprestigio mediático y hasta la posibilidad de secuestrarlo. Roussev llegó a proponer su captura y traslado a Moscú, citando como referencia el caso del secuestro del nazi Adolf Eichmann por parte del Mossad en 1960. El juicio también reveló planes similares contra Roman Dobrokhotov, editor de The Insider, otro medio independiente ruso. En noviembre de 2021, una de las operativas del grupo lo filmó encubiertamente durante un vuelo entre Budapest y Berlín. En agosto de 2022, Marsalek sugirió su posible secuestro, y Roussev propuso métodos de acción que incluían desde operaciones marítimas hasta asesinatos con agentes tóxicos como el VX, utilizado por Corea del Norte en 2017. A pesar de lo extremo de las propuestas, ninguna de estas misiones llegó a concretarse. Aun así, la fiscalía argumentó que el seguimiento persistente y la elaboración de escenarios violentos demostraban la voluntad de los contratistas de llevar a cabo acciones con consecuencias potencialmente letales, siguiendo las prioridades estratégicas del Kremlin. Otros blancos asignados al grupo fueron un investigador ruso exiliado en Montenegro y un disidente kazajo radicado en Londres. El periodista Roman Dobrokhotov ha sido advertido por las autoridades británicas de la existencia de una segunda célula rusa activa en el país (REUTERS/Archivo) Tras el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, las tareas asignadas a la red de Roussev cambiaron sustancialmente. Dejaron de centrarse exclusivamente en opositores del Kremlin para abarcar operaciones con fines propagandísticos, manipulativos y de recopilación de inteligencia militar. Según las pruebas expuestas en el juicio, Moscú comenzó a utilizar a este grupo para crear realidades favorables a sus intereses estratégicos y narrativos, tanto dentro como fuera de Rusia. Uno de los primeros encargos tras la invasión fue una campaña de grafitis y pegatinas en Austria y Alemania, diseñada para asociar a Ucrania y al presidente Volodimir Zelensky con el extremismo de derecha. Las acciones incluyeron mensajes como “I love Azov”, en referencia al Batallón Azov, y fueron colocadas en lugares simbólicos, como el Museo Judío de Viena, con el objetivo de generar rechazo. Paralelamente, la red distribuyó material gráfico con mensajes supuestamente anti-rusos —como imágenes de cerdos tachados con la palabra “Russian”— en monumentos soviéticos y negocios rusos. La intención, según la fiscalía, era simular una campaña ucraniana de rusofobia, que pudiera ser utilizada por el Kremlin como justificación propagandística de sus acciones militares. En septiembre de 2022, la red planeó una operación más elaborada en Londres: una protesta falsa frente a la embajada de Kazajistán, diseñada para parecer obra de opositores kazajos en el exilio. La idea era crear una falsa amenaza contra el gobierno kazajo, que luego Rusia explotaría para ofrecerse como aliado protector y ganar influencia regional. Se asignó al grupo la tarea de lanzar sangre falsa contra el edificio diplomático y de distribuir mensajes acusando al régimen kazajo de crímenes contra su propio pueblo. Marsalek incluso coordinó una campaña de cartas a funcionarios europeos y estadounidenses solicitando sanciones contra Kazajistán, con el propósito de presentar la falsa protesta como auténtica y generar una reacción política internacional. En octubre de ese mismo año, Moscú incrementó sus exigencias. Marsalek contactó nuevamente a Roussev con un pedido concreto: utilizar los IMSI catchers en Alemania para espiar a soldados ucranianos en la base militar Patch Barracks, sede del Mando Europeo de Estados Unidos (EUCOM) y del Mando de Operaciones Especiales en Europa (SOCEUR). El objetivo era identificar los teléfonos móviles de militares ucranianos que se entrenaban con sistemas de defensa aérea Patriot. Roussev aceptó la misión. Primero envió a Dzhambazov e Ivanova a Stuttgart para realizar tareas de reconocimiento. A su regreso, comenzó la modificación de vehículos: varios Chryslers y una Mercedes Viano fueron equipados con lunas tintadas, matrículas clonadas y dos interceptores IMSI alimentados por las baterías de los automóviles. La intención era estacionar los vehículos en zonas cercanas a la base durante varios meses, interceptando señales de móviles y recolectando información que pudiera permitir ataques dirigidos por parte de Rusia contra las baterías Patriot o su personal operativo. El operativo fue desbaratado pocos días antes de su ejecución. El 8 de febrero de 2023, Scotland Yard arrestó simultáneamente a Roussev, Dzhambazov, Ivanova y los otros tres miembros del grupo en diferentes puntos del Reino Unido. La fiscalía argumentó que la misión frustrada tenía “el potencial de dañar los intereses de Estados Unidos, sus aliados y de Ucrania en un momento crucial”. Fotografía sin fechar de la Policía Metropolitana de Orlin Roussev, que se declaró culpable de formar parte de una red de espionaje ruso durante un juicio en Old Bailey, Londres (REUTERS) El juicio en el Old Bailey no solo permitió desactivar una operación de alto riesgo, sino que dejó al descubierto un modelo emergente en el panorama del espionaje internacional: la tercerización de inteligencia por parte del Kremlin. Según los hallazgos del proceso, Rusia no solo habría externalizado tareas de vigilancia o sabotaje a través de esta red informal, sino que habría diseñado una estructura de espionaje basada en relaciones comerciales, con contratistas privados que competían por misiones secretas. La figura de Jan Marsalek, ex ejecutivo de Wirecard prófugo desde 2020, fue central para entender el funcionamiento de esta red. Su papel consistía en captar encargos de los servicios de inteligencia rusos y subcontratar a operadores como Orlin Roussev, quien, a su vez, delegaba las tareas a equipos informales y sin entrenamiento formal. Esta arquitectura fragmentada, según la fiscalía, no estaba pensada para garantizar negación plausible, sino para cubrir las bajas capacidades operativas del Kremlin tras la expulsión de espías oficiales de suelo europeo. La red contaba con medios técnicos sofisticados y acceso a fondos significativos, pero su composición —formada por amateurs vinculados entre sí por lazos personales y sentimentales— generó un entorno propenso a errores, filtraciones y descontrol. A juicio de los investigadores, fue precisamente esa combinación de alta ambición y baja profesionalidad lo que condujo al fracaso de la operación. En paralelo al juicio, se conocieron planes futuros que estaban en fase de diseño por parte de Marsalek y Roussev. Entre ellos, figuraban nuevas campañas de desinformación, intentos de comprometer a grupos que investigan los abusos contra los uigures en China, y la posible venta a Beijing de tecnología capturada en el campo de batalla. Aunque estas ideas no llegaron a ejecutarse, demuestran que el modelo de espionaje por contrato estaba diseñado para operar como un mercado internacional de servicios encubiertos.
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