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Colon » El Entre Rios
Fecha: 08/04/2025 15:30
Un proyecto de ley que ingresó este martes 8 en la Cámara de Diputados de la provincia propone “inhabilitar para el ejercicio de la docencia en establecimientos educativos públicos y privados de la provincia de Entre Ríos a personas con antecedentes penales condenatorios firmes por delitos de abuso sexual, violación, violencia familiar y otros delitos contra la integridad sexual de niños y adolescentes”. El proyecto, de ser aprobado, define que “quienes cuenten con delitos penales (incluyendo abuso sexual en todas sus formas, violación, violencia familiar y otros delitos contra la integridad sexual de niños y adolescentes) estarán inhabilitados para el ejercicio de la docencia en cualquier nivel del Sistema Educativo”. La autora del proyecto, la diputada oficialista Susana Pérez, fundamentó que “es prioridad fundamental e irrenunciable del Estado la protección de la integridad de niños y adolescentes, la prevención de la reincidencia, la garantía del derecho a la educación en un entorno seguro, la responsabilidad del Estado en la selección del personal docente, el cumplimiento de normativas internacionales, el respeto por la dignidad de la profesión docente, las normativas nacionales e internacionales que protegen a los menores, la legislación provincial vigente, el estatuto del docente y considerandos sobre la importancia de proteger a los menores, y la idoneidad moral que un docente debe poseer”. Autoridad de aplicación La Autoridad de Aplicación comprenderá a “las autoridades educativas y personal jerárquico del Consejo General de Educación (CGE)” quienes serán “los competentes de su aplicación dentro de la provincia de Entre Ríos”. Entre las funciones que le serán cargadas se encuentra “exigir a los aspirantes a cargos y horas cátedras docentes la presentación de un certificado de antecedentes penales”. También será de la competencia de la autoridad de aplicación “revocar la habilitación para el ejercicio de la docencia en caso de condena por los delitos especificados; verificar los antecedentes penales del personal docente contratado por instituciones educativas; e informar a las autoridades competentes sobre condenas penales que afecten al agente docente”. El proyecto prevé que “los datos personales y antecedentes penales de los agentes docentes serán tratados con estricta confidencialidad”. Pérez propuso que se “requerirá la presentación de un certificado de antecedentes penales actualizado periódicamente para obtener y mantener la habilitación para ejercicio de la docencia” y en caso de existir condena penal por los delitos que la ley enuncia, “se revocará de forma inmediata la habilitación docente”. Objetivos El proyecto tiene como objetivos: “Proteger la integridad física, psicológica y sexual de niños, adolescentes en el ámbito educativo; prevenir la reincidencia de personas con antecedentes penales por delitos sexuales; garantizar el derecho a la educación en un entorno seguro y libre de violencia; asegurar la selección de personal docente moral y éticamente idóneo; cumplir con normativas internacionales de protección a la infancia y adolescencia; y proteger la dignidad de la profesión docente”. La diputada recordó que “la promulgación de la Ley Micaela en 2018 evidencia la continuidad en la evolución de este marco legal, incorporando la perspectiva de género como un elemento fundamental para la prevención de la violencia. Este recorrido normativo refleja una creciente conciencia sobre la importancia de garantizar los derechos y el bienestar de los niños y adolescentes en Argentina, en consonancia con los estándares internacionales y las demandas de la sociedad”. Fuente: APF
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