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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 07/04/2025 23:07
A pocos días del inicio del proceso de remisión a juicio de la megacausa conocida como “Contratos Truchos” en la Legislatura de Entre Ríos, la Justicia fijó una audiencia preliminar para ordenar el calendario de audiencias que se extenderá, según lo previsto, durante cinco meses. La resolución fue firmada por la jueza de Garantías N°1 de Paraná, Marina Electra Barbagelata, quien convocó a fiscales y abogados defensores para el miércoles 9 de abril a las 9:00, en el Salón de Audiencias N°1. Según supo ANÁLISIS, la novedad fue notificada este lunes a los fiscales del Ministerio Público Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, así como a los más de veinte abogados defensores particulares, que representan a 32 imputados en la causa. En un principio, el Poder Judicial había fijado la remisión a juicio en solo tres jornadas: los días 11, 12 y 13 de marzo de 2024. Sin embargo, el proceso se reprogramó para desarrollarse entre el 22 de abril y el 13 de septiembre de este año, dada la complejidad del expediente y la gran cantidad de acusados, pruebas y partes involucradas. La investigación penal —abierta en 2018— abarca el período entre 2008 y 2018, y tiene por objeto determinar un esquema de defraudación al Estado a través de contrataciones fraudulentas en ambas Cámaras legislativas. El supuesto mecanismo habría consistido en la celebración de contratos ficticios con personas que no prestaban servicios reales pero cuyos nombres eran utilizados para canalizar fondos públicos hacia fines particulares. Según el dictamen del Ministerio Público Fiscal, los hechos configurarían los delitos de asociación ilícita, peculado reiterado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El perjuicio estimado al erario público alcanzaría los $4.961.988.609, según la actualización realizada en 2021 por el perito oficial del Ministerio Público, Héctor Enrique. La causa quedó paralizada durante un tiempo por un conflicto de competencia entre la Justicia ordinaria y el fuero federal. Algunos defensores habían planteado que el caso debía ser analizado por la Justicia Electoral Federal, al sostener que los fondos públicos sustraídos habrían sido utilizados para financiar campañas políticas. No obstante, la jueza Barbagelata rechazó ese planteo, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó su competencia ordinaria en marzo pasado, permitiendo retomar el proceso. Son 32 los imputados en la causa :Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Esteban Ángel Scialocomo; María Victoria Ávarez; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez; Roberto Ariel Faure; Verónica Caíno; Ángel Rubén Ferreyra; Fernando Gastón Sarnaglia; María Jazmín Mena Giovenni; María Macarena Álvarez;Andrea Noemí Beatriz Demartin: Sergio Esteban Cardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani; Pedro Eduardo Opromolla; Guido Daniel Karpp; Renato Jesús Mansilla; Juan Domingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Héctor Gustavo Falco; Jorge Fabián Lazzaro; Nicolás Beber; Jorge Pablo Balladares; José Javier Schneider; Viviana Giselle Mena Gioveni. En un escrito de más de 500 páginas, los fiscales Yedro y Aramberry detallan cómo se habría estructurado una organización delictiva que operaba desde el interior del Poder Legislativo. Según sostienen, el grupo se valía de una red jerárquica para llevar adelante una maniobra sistemática de desvío de fondos públicos, con contratos simulados, facturación apócrifa, y operadores encargados de gestionar la percepción y distribución del dinero. La audiencia del próximo miércoles marcará el inicio de una nueva etapa en esta causa que, por su volumen y relevancia institucional, es considerada una de las más significativas en la historia judicial de Entre Ríos.
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