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» Radiosudamericana
Fecha: 06/04/2025 08:04
Sábado 05 de Abril de 2025 - Actualizada a las: 16:57hs. del 05-04-2025 NACIONALES El juez federal Alejo Ramos Padilla ordenó al nuevo ministro de la Corte Suprema abstenerse de firmar resoluciones durante 90 días. La medida genera incertidumbre jurídica y un fuerte debate institucional tras el rechazo del Senado a su pliego. La Corte Suprema de Justicia de la Nación enfrenta un escenario inédito tras la medida cautelar dictada por el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, que le ordena al recientemente incorporado ministro Manuel García-Mansilla abstenerse de firmar resoluciones por el plazo de 90 días. La decisión judicial fue notificada al máximo tribunal el jueves por la noche, luego de que el Senado rechazara los pliegos de García-Mansilla y de Ariel Lijo, ambos propuestos por el presidente Javier Milei mediante el decreto 137/2025. Ariel Lijo no llegó a asumir en el cargo, al no renunciar a su función como juez federal. En cambio, García-Mansilla ya había prestado juramento y comenzó a integrar activamente la Corte, lo que ahora genera tensiones jurídicas e institucionales. La medida de Ramos Padilla busca suspender temporalmente los efectos del decreto presidencial mientras se resuelve una acción de amparo colectivo que cuestiona su validez. En el marco de esta situación, García-Mansilla dejó trascender que plantearía ante sus colegas un pedido de “reválida” de su designación. Según fuentes judiciales, el planteo fue mencionado durante el plenario del jueves por la mañana, en previsión de que horas después el Senado votara en contra de su pliego. No obstante, hasta el momento, la solicitud no se formalizó y los otros tres miembros de la Corte no han adoptado una postura oficial al respecto. Desde el entorno del máximo tribunal se reconoce que, si García-Mansilla continúa firmando fallos, podrían presentarse múltiples impugnaciones judiciales contra cada resolución del cuerpo. En este contexto, la Corte aún debe resolver causas de gran trascendencia, como el expediente Vialidad, en el que fue condenada la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El decreto 137/2025 fue publicado en el Boletín Oficial el 26 de febrero, designando en comisión a García-Mansilla y a Lijo, con base en el artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional. Esta norma faculta al presidente a realizar nombramientos temporales durante el receso legislativo. Sin embargo, la designación fue judicializada a través de un amparo colectivo que derivó en la intervención de Ramos Padilla, quien rechazó los planteos de incompetencia del fiscal interviniente y ratificó su jurisdicción para intervenir. El Gobierno defendió la validez del decreto argumentando que se trata de una atribución constitucional del Poder Ejecutivo. A su vez, presentó una recusación contra el juez platense y solicitó que la causa sea trasladada a la justicia contencioso administrativa federal de la Ciudad de Buenos Aires. Ambas presentaciones fueron rechazadas por Ramos Padilla, quien reafirmó que el amparo colectivo es un instrumento adecuado para salvaguardar derechos constitucionales. El rechazo del Senado a los pliegos de García-Mansilla y Lijo desencadenó un debate sobre el alcance de los nombramientos en comisión y su validez ante la negativa legislativa. Un grupo de más de 40 juristas y docentes universitarios de distintas provincias publicó una declaración en la que exigieron el cese inmediato de García-Mansilla como juez de la Corte Suprema. Entre los firmantes figuran Daniel Rafecas, Daniel Sabsay, Andrés Gil Domínguez, Manuel Garrido y Roberto Gargarella. El documento sostiene que la permanencia del académico en el tribunal “vulnera las garantías de los justiciables” y “compromete la legitimidad de la Corte Suprema como intérprete de la Constitución”. También se sumó al debate el juez supremo Ricardo Lorenzetti, quien, en declaraciones al periodista Eduardo Feinmann, expresó su posición sobre la designación por decreto. “Yo nunca aceptaría ser designado por decreto”, sostuvo. “Eso yo lo dije en infinidad de oportunidades. Y además creo que hay que ser coherentes en la vida. Yo lo dije muy claramente hace muchos años cuando lo hizo el presidente Macri, y no lo dije personalmente, lo dije porque fue una opinión de la Corte”. Lorenzetti agregó que la Corte sigue cumpliendo sus funciones con normalidad: “La Corte es una institución que va más allá de las personas que la integramos. Estamos funcionando correctamente, se dictan sentencias, vamos a seguir haciéndolo más allá de todas las opiniones”. Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defendió la permanencia del juez en el cargo. “García-Mansilla debe continuar como juez de la Corte Suprema hasta noviembre de este año”, afirmó, y señaló que su designación fue convalidada por los miembros del tribunal al tomarle juramento. Uno de los puntos clave del conflicto gira en torno a la validez de las decisiones firmadas por García-Mansilla mientras esté vigente la medida cautelar. El ex juez de la Corte Rodolfo Barra sostuvo que los fallos del magistrado “son plenamente válidos”, ya que “su designación en comisión le otorga todas las atribuciones de un juez de la Corte”. Añadió que “cualquier cuestionamiento deberá ser resuelto por el propio tribunal”. En cambio, otros especialistas consideran que los fallos emitidos con posterioridad al rechazo del Senado podrían ser impugnados, lo que aumentaría la inseguridad jurídica en torno a la legitimidad de las decisiones del máximo tribunal. En respuesta a la cautelar, García-Mansilla presentó un escrito en el que manifestó que sólo puede ser removido mediante juicio político. “Un juez no puede remover a otro juez”, sostuvo, y cuestionó la competencia de Ramos Padilla para intervenir en el caso.
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