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Parana » APF
Fecha: 05/04/2025 13:30
El abogado de Victoria, Guillermo Reggiardo, presentó una denuncia penal por el supuesto delito de Abuso de autoridad contra la jueza Civil y Comercial Nº2 de Gualeguay, Rosa Fernández Campasso. Le atribuye que desde septiembre de 2024 “ha coordinado su accionar con otros operadores judiciales —entre ellos, el Doctor Dardo Tortul y el Doctor Rodrigo Molina— quienes han sido actores claves en el armado de un dispositivo tendiente a ‘hacerme pagar’ las denuncias que impulsé”. sábado 05 de abril de 2025 | 13:01hs. El abogado de Victoria, Guillermo Reggiardo, que junto al intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, viene impulsando denuncias por supuestos hechos de corrupción en distintos organismos descentralizados del Estado provincial, solicitó que “se tenga por presentada la presente denuncia penal; se instruya causa penal contra Rosa Fernández Campasso y se la cite a declarar en carácter de imputada; se disponga la remisión urgente del expediente Nº 10,798 y documentación relacionada; se dé intervención al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados; se remita copia de la denuncia a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia de Género de Paraná, por estar en juego la correcta aplicación de la Ley 10.956; y se garantice la no consolidación de un uso ilegítimo del proceso de género como vía de castigo encubierto”. Reggiardo sostuvo en su denuncia que en el contexto de las denuncias que viene realizando “y conforme surge de múltiples actuaciones acumuladas, la jueza Fernández Campasso ha coordinado su accionar con otros operadores judiciales —entre ellos, el Doctor Dardo Tortul y el Doctor Rodrigo Molina— quienes han sido actores claves en el armado de un dispositivo tendiente a ‘hacerme pagar’ las denuncias que impulsé”. El letrado denunció a la magistrada por los presuntos delitos de Abuso de autoridad, Prevaricato y Tentativa de privación ilegítima de la libertad “mediante la transformación de un proceso civil-administrativo en un procedimiento sancionatorio y punitivo, sin garantías procesales ni control judicial efectivo”. ¿Provisorio para siempre? Reggiardo sostuvo que “desde septiembre de 2024, la jueza Fernández Campasso ha venido imponiendo sobre mi persona una serie de medidas calificadas como ‘provisorias’, en el marco de la Ley Nº 10.956 de Prevención de la Violencia de Género”. Sin embargo, cuestionó que “lejos de tener carácter preventivo o tutelar, dichas medidas han funcionado en la práctica como verdaderas penas encubiertas, impuestas sin proceso, sin audiencia previa y sin la posibilidad efectiva de apelarlas”. Además, Reggiardo resaltó que “la audiencia con el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), instancia esencial para valorar la pertinencia de cualquier intervención, nunca fue concretada. Pese a mis reiterados pedidos de realizarla por video llamada —tal como prevé la propia Ley Nº 10.956 en sus artículos 17 y 21—, se negó sistemáticamente esa posibilidad. Incluso se intentó fijarla sin previo aviso o en horarios distintos a los acordados, para luego usar esa supuesta ‘incomparecencia’ como justificación de nuevas medidas en mi contra”. Así, destacó que “nunca me he negado al cumplimiento de la medida ordenada”. El denunciante entendió que aquellas “decisiones judiciales se adoptaron sin escucharme, sin garantizar el contradictorio y sin control legal externo. A lo largo del proceso, la jueza ha modificado reiteradamente la naturaleza y modalidad del cumplimiento exigido, pasando de un curso de ‘nuevas masculinidades’ a un ‘tratamiento obligatorio’, y finalmente a la obligación de integrar un grupo de varones que han ejercido violencia, consistente en 32 encuentros virtuales, a dictarse mediante plataforma Zoom y bajo modalidad arancelada, a cargo de una institución privada (Asociación Pablo Besson)”. El denunciante señaló que “estas acciones no solo buscan mi desgaste personal y profesional, sino la criminalización de mi rol como denunciante, utilizando la ley de violencia de género como fachada para imponer sanciones, bloquear recursos, denegar audiencias y finalmente derivar la situación a una causa penal por desobediencia”. Entendió y denunció que “se trata de un uso distorsionado del aparato judicial, que será denunciado formalmente en el ·ámbito internacional, dado que excede el margen de discrecionalidad jurisdiccional y entra en el terreno de la represalia estatal organizada contra quien denuncia hechos de corrupción estructural”. Reggiardo hizo “expresa reserva de ocurrir por la vía del recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en caso de que se desestime o minimice esta denuncia, por cuanto se encuentran en juego derechos y garantías de rango constitucional y convencional”. Asimismo, formuló la “reserva de acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde ya se tramita una denuncia por persecución judicial sistemática en mi contra, con origen en las causas abiertas luego de mis denuncias por corrupción en el seno del Iosper. Aquel proceso de hostigamiento, que se desató luego de que expusiera públicamente los negocios irregulares y el manejo de fondos públicos en dicha obra social, derivó en una sucesión de expedientes y medidas que configuran un claro patrón de retaliación institucional”. El letrado entendió que “debe destacarse que uno de los principales involucrados en las maniobras denunciadas fue Fernando Isaías Cañete, actual presidente del directorio del Iosper y considerado una de las personas con mayor poder económico y político en la ciudad de Gualeguay. Desde el momento en que se visibilizaron públicamente estas irregularidades, comencé a ser objeto de un esquema de persecución con derivaciones judiciales, disciplinarias y personales”. (APFDigital)
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