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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 04/04/2025 02:52
El presidente ucraniano Zelenskiy declaró, ya en junio de 2022, que había 200.000 niños que habían sido forzados a dejar el país y se hallaban dispersos en la Federación Rusa. ¿Cuándo volverán a su país y al seno de sus familias, los niños y adolescentes ucranianos ilegalmente trasladados a la Federación Rusa? ¿Volverán…? A la incertidumbre que planea desde 2014 sobre la suerte que corren y correrán estos niños, se suman las dificultades planteadas por una decisión que la Administración Trump ha adoptado la pasada semana: suspender la financiación del programa de búsqueda de datos y rastreo del paradero de muchos de ellos. Recordemos que miles de niños y adolescentes ucranianos han sido “trasladados” a Rusia desde la península de Crimea, a partir de su ilegítima ocupación en marzo de 2014 y luego desde otros territorios ocupados de Ucrania, para ser en muchos casos adoptados por familias de la Federación Rusa. En efecto, desde el año 2014, miles de pequeños ucranianos de Crimea fueron transportados a supuestos campamentos de verano, en el marco de una iniciativa llamada el “Tren de la Esperanza”, a veces con el consentimiento de sus padres, quienes luego perdieron el contacto con sus hijos. Esa práctica continuó -y se intensificó a partir de la invasión rusa a gran escala de febrero 2022-, desde otros territorios parcialmente ocupados: Donetsk y Luhansk en la región oriental del Donbass, Kherson y Zaporizhia en el sudeste de Ucrania. Las cifras divulgadas por Rusia y Ucrania difieren en número, siendo sorpresivamente mucho más altas las cifras que el propio gobierno de la Federación Rusa admite. Según sus informes, habría alrededor de 750.000 niños y adolescentes ucranianos en su país, a quienes -siempre según las declaraciones de funcionarios rusos- se ha “trasladado” por razones de “evacuación”, “tratamiento”, “vacaciones” o “viaje de rehabilitación”. El gobierno de Ucrania, por su parte, registra oficialmente algo menos de 20.000 casos efectivamente comprobados e identificados, aunque el presidente Volodimir Zelenskiy declaró, ya en junio de 2022, que había 200.000 niños ucranianos que habían sido forzados a dejar el país y estaban dispersos en el territorio de la Federación Rusa. Funcionarios y organizaciones no gubernamentales abocados a la búsqueda y rastreo de los menores mencionan entre 150.000 y 300.000 casos. Cualquiera sea la cifra exacta, es demasiado alta. Un niño o niña secuestrado ya es demasiado. Así lo entendieron varios organismos internacionales que han declarado estas acciones como un delito contra el Derecho Internacional Humanitario, e incluso -según la Asamblea Parlamentaria de Europa- violatorio de la Convención internacional contra el Genocidio. Ya que se trata de la anulación de la identidad de un pueblo a través del adoctrinamiento de sus generaciones más jóvenes y su formación en otra lengua y en una diferente cultura. La Corte Penal Internacional (CPI) emitió sendos mandatos de arresto internacional contra el presidente Vladimir Putin y la Comisionada para los Derechos del Niño de la Federación Rusa, María Lvova-Bilova, por su participación en la deportación de niños ucranianos. Es irónico que Lvova-Bilova haya adoptado ella misma un adolescente de quince años deportado de la región de Donetsk; y un legislador ruso y su esposa ordenaran el traslado a su país de Margarita, una pequeña de dos años, a quien posteriormente adoptaron. Esas adopciones ilegítimas fueron facilitadas por sendos decretos del primer mandatario ruso, de mayo de 2022 y enero de 2024 respectivamente, por los cuales se ampliaron las condiciones y las personas susceptibles de solicitar la adopción. En el último decreto, se estableció que las adopciones de esos menores pueden ser resueltas en base a la sola decisión personal del presidente Putin. La totalidad del mecanismo de traslados forzosos y adopciones, contraviene el Derecho Internacional Humanitario, el cual establece que las evacuaciones de niños deben ser temporarias y sólo pueden darse en casos de fuerza mayor, por razones de salud o de tratamiento médico. La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania de la Organización de las Naciones Unidas considera que los traslados que se prolongan en el tiempo se asimilan a deportaciones ilegales, lo que constituye un crimen de guerra. Ante un problema de tales dimensiones, el Laboratorio de Investigación Humanitaria de la Universidad de Yale, bajo la supervisión del Observatorio de Conflictos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, inició una investigación utilizando datos biométricos e imágenes satelitales para el rastreo de los niños ucranianos trasladados a Rusia, cuyos resultados dio a conocer en un detallado y exhaustivo Informe publicado en diciembre de 2024. Hasta ese momento, el Laboratorio de Yale había identificado 314 niños ucranianos colocados en un programa sistemático de adopción coercitiva y de guarda de la Federación Rusa. Entre ellos, 148 niños fueron incluidos en una plataforma de datos para su colocación en guarda o adopción, incluyendo 42 de entre ellos que ya fueron asignados para guarda o adopción. Otros 166 niños han sido colocados con ciudadanos rusos. Al menos 67 de los 314 niños ya han sido naturalizados como ciudadanos rusos desde que fueron llevados a Rusia, aunque el Laboratorio de Yale, en su informe, señala que puede razonablemente asumirse que el número de niños formalmente naturalizados es significativamente más alto. Según dicho Informe, entre mayo y octubre de 2022, personal de la Fuerza Aérea rusa bajo el control directo de la Administración del presidente Putin, transportaron desde Ucrania, en aviones bajo bandera de la Federación Rusa, numerosos grupos de niños ucranianos. Los niños fueron llevados al menos a 21 regiones a través del territorio ruso, donde fueron colocados bajo tutela de ciudadanos rusos o en instituciones, e incorporados a las bases de datos para guarda y adopciones. Algunos de esos niños habrían sido mantenidos en diferentes centros en Rusia por un período de hasta seis meses, antes de ser derivados a instituciones educativas en el país y subsiguientemente incluidos en las bases de datos para su colocación con familias rusas. El pase de los centros de detención a las bases de datos coincidió aproximadamente con la fecha de declaración de anexión por la Federación Rusa de los territorios ucranianos ilegalmente ocupados, en septiembre de 2022. Desde octubre de ese año, se habría dado un cambio estratégico del sistema de guarda al de adopciones. En función de cambios en la normativa legal rusa llevados a cabo entre mayo de 2022 y abril de 2023, los ciudadanos rusos que detentaban la guarda legal de esos menores ucranianos, pudieron solicitar para ellos la ciudadanía rusa y renunciar a la ciudadanía ucraniana en su nombre. Según el informe de la Universidad de Yale, la operación iniciada por el presidente Putin y sus subordinados, en coordinación con las autoridades de ocupación en los territorios ocupados, tiene como objeto la “rusificación” de los niños de Ucrania. Los menores fueron sometidos a una re-educación pro-rusa en las ocho instituciones detectadas a las cuales fueron transferidos, antes de ser incluidos en las bases de datos para guarda y adopción. En sus consideraciones, el Informe señala que “los actos documentados en este Informe pueden constituir un evidente crimen de traslado de personas protegidas de un grupo nacional o étnico hacia otro” y que “las adopciones y guardas coercitivas de niños de Ucrania documentadas…pueden constituir crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad bajo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”. Aclara que si bien los actos descriptos no serían tal vez, por sí solos, base suficiente para cargos criminales de genocidio, si fuesen considerados en conjunto con otra evidencia sí podrían apoyar un caso de genocidio bajo el Estatuto de Roma. Y finalmente, que “los actos documentados en el Informe pueden constituir violaciones de las obligaciones de la Federación Rusa como Estado Parte de la Convención sobre los Derechos del Niño”. La suspensión de financiamiento del programa conducido por Yale anunciado por la Administración Trump, coincidente con las negociaciones por un cese el fuego entre Rusia y Ucrania, generó grave preocupación por la posibilidad que todos los datos recogidos por el programa se pierdan. El 28 de marzo, en el marco de una conferencia de prensa, el Secretario de Estado Marco Rubio confirmó que los Estados Unidos suspendieron el financiamiento del programa, aunque indicó que los datos recolectados han sido asegurados por el gobierno y podrán ser transferidos a “las autoridades competentes”. El Asesor de Seguridad Nacional de la Administración Trump, Mike Walz, había declarado unos días antes que el retorno de los niños ucranianos secuestrados es una de las medidas de construcción de confianza (“confidence building measures”) que se están discutiendo en las negociaciones entre Rusia y los Estados Unidos. Por su parte, el presidente Zelenskyi declaró que el regreso de los menores ucranianos es un objetivo de la mayor prioridad, el “número uno”, en las negociaciones sobre un futuro acuerdo de paz. *Lila Roldán Vázquez fue Embajadora en Ucrania y ocupó numerosas posiciones de relevancia en la Cancillería Argentina: entre ellas, fue subsecretaria de Asuntos Latinoamericanos y directora general de Política Exterior. Actualmente es la Secretaria General del CARI.
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