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Parana » Bicameral
Fecha: 04/04/2025 00:22
Una reunión entre la intendenta de Paraná, Rosario Romero y el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, Leonardo Portela, desnudó un vacío legal existente en la capital, vinculado a los motovehículos que están retenidos y pronto a destruirse. Y es que la ordenanza que rige la temática –9.099, sancionada el 14 de diciembre de 2012 y promulgada dos semanas después- establece un régimen descontaminación, desguace, compactación y subasta, pero no contempla la posibilidad de que los rodados puedan ser, convenio de por medio, donados o cedidos a alguna entidad o poder que los requiera. La inexistencia de antecedente legislativo en la materia fue puesto de manifiesto por la propia jefa comunal, en el marco de una reunión donde el magistrado le solicitó la posibilidad de que unas 30 motos que pronto serán compactadas pasen a la órbita del Poder Judicial para que sean usadas por los notificadores de toda la provincia. En ese marco, Romero adelantó que estudiarán una modificación de la ordenanza que hoy rige los destinos de aquellos vehículos que son secuestrados en operativos o por abandono en la vía pública, dado que la norma brinda alternativas en su artículo 1° al margen de la destrucción, pero son el uso por el propio Estado Municipal, su afectación a dependencias locales, su derivación al Programa de Erradicación de Tracción a Sangre o la entrega a la Universidad Tecnológica Nacional como “material de estudio de investigación”. Cabe destacar que la legislación establece los pasos y plazos en los cuales un rodado puede ser finalmente retenido y compactado. De hecho, hace pocos días se emitió una comunicación oficial donde adelantaban que se concretaría un operativo al respecto. Esa misma información, aparentemente, motivó la audiencia entre Portela y la intendenta de Paraná. A la par del estudio de una modificación de la Ordenanza, la jefa comunal prometió arbitrar algún tipo de decisión administrativa excepcional, con el objetivo de poder entregar las motos pretendidas por el Poder Judicial.
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