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Parana » ER 24
Fecha: 03/04/2025 18:05
¿Qué esconde el Ministerio Público Fiscal? Desde 2024, no se publican resoluciones clave como archivos de causas, confirmaciones ni designaciones El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Entre Ríos atraviesa un preocupante proceso de opacidad institucional. A pesar de ser un organismo clave en la administración de justicia, encargado de promover la acción penal pública y velar por el interés general, desde 2024 ha dejado de publicar en su portal oficial las resoluciones más sensibles y polémicas: archivos de causas penales, confirmaciones de fiscales, rechazos de denuncias y designaciones cuestionadas. Tal como se observa en el sitio oficial del MPF, la sección de «Normativa» —que históricamente servía para transparentar los actos administrativos y decisiones internas— solo exhibe un puñado de resoluciones anodinas: designaciones de auxiliares, apertura de cuentas, y disposiciones sobre la feria judicial. La numeración salteada (por ejemplo, las resoluciones 141 no aparece listada) deja en evidencia que existen resoluciones firmadas pero no publicadas, muchas de las cuales podrían referirse a causas judiciales de alto impacto institucional o político. Esta práctica representa una flagrante violación del principio de publicidad de los actos de gobierno y del deber de rendición de cuentas de los organismos del Estado. En un contexto donde la justicia entrerriana está siendo objeto de severas críticas por su cercanía con sectores del poder político, la falta de transparencia solo contribuye a incrementar la desconfianza ciudadana y alimentar sospechas sobre el uso arbitrario o direccionado de las decisiones fiscales. ¿Dónde están los archivos de causas que involucran a funcionarios? ¿Dónde se publican las designaciones que responden a lógicas de cercanía política? ¿Por qué se ocultan los fundamentos con los que se rechazan denuncias de ciudadanos comunes o se seleccionan determinados fiscales para investigar casos sensibles? La transparencia no puede ser selectiva ni estética. El acceso a la información pública es un derecho fundamental que garantiza el control ciudadano sobre la actuación de los órganos del Estado. La omisión sistemática de publicación de resoluciones clave por parte del MPF constituye no solo un retroceso institucional, sino una afrenta a la democracia y a la legalidad. Es hora de que el Procurador General rinda cuentas, que se restablezca el canal público de información y que cada resolución que afecte derechos, garantías o la administración de justicia esté al alcance de la ciudadanía. Porque sin transparencia, no hay justicia.
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