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» LT 3
Fecha: 03/04/2025 12:35
Una resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad generó fuerte malestar en el norte santafesino, donde 734 personas con discapacidad han sido citadas a realizar controles médicos en Rafaela, a cientos de kilómetros de sus hogares. La medida fue denunciada en el Senado provincial por Joaquín Gramajo, legislador por el departamento 9 de Julio, quien advirtió que las distancias a recorrer son irrazonables y que el proceso pudo haberse realizado en hospitales públicos locales. En diálogo con por LT3, Gramajo explicó que los citados residen en localidades como Tostado, Villa Minetti, Santa Margarita y Gregoria Pérez de Denis, y que deben trasladarse entre 270 y 430 kilómetros hasta Rafaela para presentar la documentación que confirme su discapacidad. Quienes no puedan asistir en la fecha y horario establecidos deberán realizar el trámite en la única oficina de Anses del departamento, ubicada en Tostado, lo que no soluciona el problema de accesibilidad. El senador aclaró que no se opone a la revisión de los beneficios, ya que se han detectado irregularidades en miles de pensiones en todo el país, pero cuestionó la forma en que se implementó el proceso. “Indudablemente se tomó esta decisión desde algún escritorio en Buenos Aires, sin considerar la geografía ni la realidad del interior“, sostuvo. Otro punto crítico es la falta de medios de transporte adecuados para quienes deben viajar a Rafaela. “No tenemos transporte directo, hay solo un colectivo diario, y encima la mayoría de estas personas no pueden trasladarse solas, necesitan un acompañante, lo que duplica el costo del viaje”, explicó Gramajo. Además, resaltó que la mayoría de los beneficiarios viven en condiciones de vulnerabilidad, por lo que afrontar estos traslados resulta prácticamente imposible. El legislador presentó una propuesta ante el Ejecutivo Provincial para que los controles médicos puedan realizarse en hospitales públicos locales, utilizando los recursos sanitarios ya disponibles en la región. “Es absurdo hacerlos viajar cientos de kilómetros cuando se podría verificar todo en los efectores de salud cercanos, que cuentan con médicos y el respaldo necesario”, afirmó. Desde el Senado provincial, se solicitó la intervención del Gobierno de Santa Fe para mediar con la Agencia Nacional de Discapacidad, con el objetivo de revisar la resolución y evitar un perjuicio innecesario para las personas con discapacidad. Mientras tanto, el senador Gramajo se reunirá en Buenos Aires con representantes del organismo para buscar una solución más justa y accesible.
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