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Rio Negro » Adn Rio Negro
Fecha: 01/04/2025 09:38
(ADN).- Impulsado por los dirigentes rionegrinos de la Coalición Cívica-ARI, ingresó al Congreso de la Nación un proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo dar cumplimiento a un fallo de la Corte Suprema, instado la construcción del Aprovechamiento Multipropósito Chihuido I, y que se abstenga de disolver el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP). La iniciativa, que adelantó esta agencia, lleva la firma del presidente del bloque arista, Maximiliano Ferraro, y está acompañado por los diputados nacionales rionegrinos Agustín Domingo (JSRN) y Aníbal Tortoriello (LLA); además de Marcela Campagnolli, Paula Oliveto, Mónica Frade y Victoria Borrego. El objetivo del proyecto «responde a una necesidad urgente de abordar la seguridad hídrica en la cuenca del río Neuquén y, de manera más específica, en torno a la presa Portezuelo Grande», expresa en los argumentos. Cabe recordar que el bloque provincial, que preside Javier Acevedo, presentó en la Legislatura de Río Negro dos iniciativas similares. Los fundamentos El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación R.1242.XLIII.R.O. “Rozniatowski, Rosa Cristina c/ Estado Nacional – Secretaría de Energía de la Nación s/ amparo” del 3 de marzo de 2009 se ordenó al Estado Nacional garantizar la realización de las obras necesarias para la seguridad de la mencionada presa. La sentencia ratificó que el Estado debía garantizar la protección frente a las crecidas extraordinarias que amenazan la estabilidad de la infraestructura. Sin embargo, han transcurrido más de 16 años sin que se concreten estas medidas, lo que pone en grave riesgo la seguridad de las poblaciones ribereñas, la infraestructura esencial y la economía de la región. La presa «Portezuelo Grande», que forma parte del Complejo Cerros Colorados, cumple un rol vital en la regulación del caudal del río Neuquén. Su colapso o fallo catastrófico, como se ha advertido en diversos informes, podría provocar inundaciones masivas en ciudades de las provincias de Río Negro y Neuquén como Neuquén, Cipolletti, General Roca y Villa Regina. Estas ciudades dependen del río Neuquén no solo para el abastecimiento de agua potable, sino también para actividades productivas claves. Es imperativo destacar que la crecida máxima probable del río Neuquén fue calculada en 25.000 metros cúbicos por segundo, un volumen significativamente superior a los 11.500 metros cúbicos por segundo para los cuales fue diseñada la presa Portezuelo Grande. Estudios previos, como los realizados en 1999 y 2006, ya indicaban que el río podría superar esta capacidad, y las crecidas de 2006 y 2008 estuvieron muy cerca de provocar el colapso de la estructura. En este contexto, el proyecto de construcción del Aprovechamiento Multipropósito Chihuido I se presenta como una solución crucial. Esta obra tiene como objetivo regular el caudal del río y controlar las crecidas extraordinarias que podrían comprometer la seguridad de las poblaciones y las infraestructuras vitales. Además, Chihuido I proporcionaría una barrera de contención frente a las inundaciones, protegiendo las instalaciones de extracción de hidrocarburos y garantizando el abastecimiento hídrico necesario para la agricultura, la forestación y otras actividades productivas en la región. Por otro lado, el proyecto tiene una enorme relevancia económica. La falta de obras de regulación adecuadas pone en riesgo sectores productivos claves, como la agricultura en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, que depende del agua del río Neuquén para el riego de cultivos frutales y hortícolas. Cualquier desajuste en la regulación del caudal afectaría seriamente la producción de peras, manzanas y otros productos, perjudicando a los productores y generando pérdidas económicas irreparables. Además, la industria hidrocarburífera, especialmente en el megayacimiento de Vaca Muerta, también depende de un suministro continuo y seguro de agua para sus operaciones, y un cambio en la disponibilidad de este recurso podría afectar directamente la producción de gas y petróleo, con consecuencias graves para la economía nacional. El impacto ambiental del proyecto también es significativo. Al regular el caudal del río, la construcción de Chihuido I evitaría posibles desastres ecológicos derivados de las crecidas descontroladas, como la pérdida de biodiversidad y la contaminación de los ecosistemas ribereños. Además, el proyecto contribuiría a la generación de energía limpia y renovable, lo que es esencial para diversificar la matriz energética de Argentina y cumplir con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París sobre cambio climático. El aprovechamiento multipropósito Chihuido I no solo beneficiaría a la región desde el punto de vista de la seguridad y el desarrollo económico, sino que también generaría miles de puestos de trabajo directos e indirectos, lo que impulsaría la economía local y regional. A lo largo de los años, este proyecto ha recibido el apoyo de la sociedad neuquina y rionegrina, que ha reconocido la importancia de su concreción para garantizar el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible de la región. La licencia social obtenida por el proyecto refuerza su legitimidad y aceptación por parte de las comunidades locales. Cabe resaltar que el 26 de marzo del año 2009, ya el Honorable Senado de la Nación, sancionó una declaración expresando “su beneplácito por los esfuerzos compartidos que están llevando a cabo, entre el Estado Nacional y la Provincia del Neuquén, para la construcción de la represa hidroeléctrica Chuihuido I, que tiene por objeto atenuar las crecidas de los ríos, garantizar el recurso hídrico para el consumo humano, el riego, la industria y especialmente para la generación de energía eléctrica”. Por otro lado, el decreto nacional PEN 70/25 que reestructura el organigrama del ministerio de Economía de la Administración Nacional, en su artículo 5º establece que dentro del objetivo 23, la secretaría de Obras Públicas estará a cargo de “ejercer el control tutelar” del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) y del Instituto Nacional del Agua (INA). En paralelo a esto, han existido distintos trascendidos acerca de una presunta decisión del Poder Ejecutivo de disolver y eliminar dicho organismo. Resulta crucial mantener el ORSEP como parte del sistema de supervisión de estas obras. El ORSEP tiene la misión de garantizar que las presas y represas se construyan y operen con los más altos estándares, fiscalizando la seguridad estructural y operativa de las mismas y de sus estructuras complementarias y auxiliares. La disolución de este organismo podría poner en riesgo la seguridad de las infraestructuras hidráulicas del país, por lo que su permanencia es esencial para asegurar la confianza del público y de los inversores en los proyectos hidroeléctricos, como el de Chihuido I. En definitiva, la construcción de la represa Chihuido I debe considerarse una prioridad nacional que no solo abordaría la necesidad de garantizar la seguridad de las poblaciones ribereñas, sino que también tendría un impacto positivo en la economía y el desarrollo energético del país. Esta obra no puede seguir postergándose, ya que la seguridad de miles de personas y la estabilidad económica de la región dependen de su pronta ejecución.
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