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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 01/04/2025 04:37
De ANÁLISIS La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Fabián, Máximo, Augusto e Ignacio Villegas y Mariela Raquel Lissa contra la resolución del Juzgado Federal N° 1 que desestimó sus planteos de nulidad de los allanamientos realizados el 12 de septiembre de 2024 y de todo lo actuado en consecuencia, así como la devolución de los efectos secuestrados y la revocación de las costas impuestas. El fallo de los camaristas Beatriz Aranguren y Mateo Busaniche fue publicado este lunes en el Centro de Información Judicial. Las imputaciones principales de la Fiscalía y de ARCA giran en torno a la evasión fiscal agravada y el lavado de activos, sustentadas en el crecimiento económico de las farmacias Villegas a pesar de la quiebra, las inconsistencias fiscales en sus sociedades, las presuntas maniobras de ocultamiento de bienes y las evidencias surgidas de las intervenciones telefónicas. Los abogados defensores Emilio Cornejo Costas, Sofía Calviño, Pablo Franco y Matías Roldán solicitaron las mencionadas nulidades en la causa. Alegaron manifiesta falta de fundamentación y que se ignoraron los requisitos del Régimen Penal Tributario que habilita esta medida extrema como último recurso y en casos de urgencia y gravedad inusitada. Argumentaron que no existían razones objetivas y fundadas para justificar la intromisión a la privacidad, ni indicios de que en los lugares allanados hubiera elementos vinculados a la investigación que no pudieran obtenerse de otra manera, ni elementos objetivos que fundaran una sospecha razonable. Los letrados señalaron también que la gravedad de los delitos imputados no era justificación suficiente. Afirmaron que el organismo fiscalizador no contaba con los elementos para determinar los hechos ni tras nueve meses de intervención telefónica. A su vez, consideraron la actuación de las fuerzas de seguridad como “desproporcionada”, basada en una decisión infundada y arbitraria, a pesar de que la AFIP contaba con toda la información de los contribuyentes. Finalmente, solicitaron la revocación de las costas impuestas, al considerar plausible su planteo de nulidad. Los abogados de la querella de ARCA, María Florencia Sieber y Marco Gastaldi, pidieron el rechazo del planteo de la defensa, calificando sus argumentos como un grave desconocimiento jurídico o mala fe, con razonamientos confusos y conclusiones absurdas. Argumentaron que la resolución apelada no contenía errores y señalaron que los allanamientos confirmaron sus hipótesis sobre inversiones y bienes ocultos al fisco por parte de la familia Villegas, a pesar de su estado de quiebra. Resaltaron el crecimiento de la cadena de farmacias Villegas, financiado con fondos no justificados. Sostuvieron que las medidas excepcionales (intervenciones telefónicas y allanamientos) fueron justificadas por las sospechas, contaron con el respaldo del fiscal y la autorización judicial, respetando las garantías constitucionales. Asimismo, desestimaron los argumentos sobre perjuicios comerciales como ajenos a la investigación, y consideraron absurdo que ARCA debiera verse obstaculizada para acceder a la información antes de solicitar un allanamiento, especialmente ante la sospecha de maniobras evasivas por parte de una familia en quiebra. Los querellantes afirmaron haber cumplido con su obligación legal de luchar contra la evasión y que las facultades de fiscalización de la AFIP son independientes de las medidas excepcionales que mencionó la defensa. Concluyeron, de este modo, que su actuación se ajustó a derecho y garantizaron el debido proceso. Por otra parte, el fiscal general Ricardo Carlos María Álvarez se opuso al recurso de la defensa, afirmando que las constancias del expediente principal evidenciaban los elementos que la defensa consideraba ausentes. Destacó la complejidad de las maniobras, que sugerían una ingeniería intersocietaria para dificultar la trazabilidad de activos y pasivos, justificando la denuncia sin un procedimiento administrativo previo. Señaló que las intervenciones telefónicas aportaron solidez a la hipótesis inicial, con referencias explícitas al manejo de dinero no declarado y otras operaciones sospechosas. Concluyó que la solicitud de allanamientos se basó en un cúmulo de evidencias que apuntaban a posibles maniobras de evasión agravada y lavado de activos, no en un interés caprichoso o una “excursión de pesca”. Álvarez justificó la necesidad y proporcionalidad de los allanamientos ante el inusual crecimiento de las farmacias Villegas a pesar de la quiebra y la sospecha de operaciones en el mercado paralelo y uso de personas interpuestas para ocultar la finalidad de las operaciones. Argumentó, por último, que exigir una intimación previa sería inconducente y podría frustrar la investigación. Al momento de resolver, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná coincidió con todos los planteos de la acusación fiscal como de la querella. Consideró que la autorización de los allanamientos por el magistrado de primera instancia se encontraba suficientemente fundada, cumpliendo con los requisitos de legalidad y proporcionalidad exigidos por la Constitución Nacional y el Código Procesal Penal de la Nación. Los camaristas Aranguren y Busaniche (Cintia Gómez se encuentra en uso de licencia) también señaló que la nulidad es un remedio extremo que requiere la existencia de un perjuicio concreto para la parte que la invoca, lo cual no se había demostrado en el caso. Pruebas, sospechas y supuestos delitos Según lo que se menciona en el fallo, los hechos y delitos que se imputan a la familia Villegas son principalmente los siguientes: • Posible comisión de delitos de evasión tributaria agravada. La investigación se originó por sospechas de que los contadores Enrique Gustavo Passadore y Juan Carlos Fabián Kochendoerfer habrían realizado maniobras para evadir impuestos provenientes de la actividad de la construcción, utilizando fideicomisos. Se señaló que Passadore era asesor contable del grupo económico Villegas. • Posible lavado de activos simple o agravado. Los acusadores sospechan que el crecimiento comercial de las farmacias Villegas, con locales restaurados y equipamiento renovado, contrastaba con la situación de quiebra en la que se encontraba el matrimonio de Fabián Villegas y Mariela Lissa. Se alegó que este crecimiento daba cuenta de una inversión importante con fondos de origen dudoso. • Maniobras destinadas a evadir impuestos provenientes de la actividad de la construcción a través de la constitución de numerosos fideicomisos para proyectos inmobiliarios. Se sospecha de la vinculación de la familia Villegas con estas maniobras a través de su asesor contable, Passadore. • Presuntas maniobras de vaciamiento detectadas por el Síndico en la quiebra de "Livil S.A." (vinculada a Fabián Villegas y Mariela Lissa). • Inconsistencias fiscales detectadas en varias sociedades donde aparece como gerente Mariela Lissa y sus hijos como socios (Farmafenix S.R.L., Deltafarma S.R.L., Omegafarma S.R.L., Americafarma S.R.L., Betafarma S.R.L., Gammafarma S.R.L., Sigmafarma S.R.L., Kappafarma S.R.L., e Iotafarma S.R.L.). • Ocultamiento de la situación patrimonial del matrimonio Villegas mientras se encontraban en quiebra, utilizando a sus hijos como fachada para continuar con el negocio farmacéutico sin pagar impuestos. • Posible operación en el mercado paralelo de bienes y uso de figuras contractuales anormales o personas interpuestas con la intención de ocultar la finalidad real de las operaciones. • En las comunicaciones telefónicas interceptadas los involucrados se habrían referido al manejo de cantidades de dinero no declarado, la posibilidad de extraerlo a países vecinos sin registrar, y la compra de divisas en mercados ilegales (“cuevas”). También se mencionaba la inconveniencia de registrar bienes o servicios a nombre de los involucrados debido a la extensión de la quiebra.
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