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» Diario Cordoba
Fecha: 01/04/2025 02:06
Ha pasado prácticamente la mitad del plazo otorgado por el Tribunal Supremo (diez días) para que el Gobierno se haga cargo y asuma la acogida de más de 1.200 menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo que en estos momentos están en centros de Canarias, y todavía los ministerios implicados siguen estudiando la resolución judicial para ver cómo la aplican. Prácticamente, desde el mismo día en que se hizo público el dictamen, el pasado miércoles, los ministros que se han pronunciado al respecto mantienen el mismo doble mensaje de análisis jurídico del mismo, mientra, por otro lado,o insisten en que la disposición de Alto Tribunal podría estar superada a efectos prácticos por el decreto de distribución de 4.000 chicos desde las Islas al resto de comunidades autónomas en aplicación del real decreto-ley que aprobó el Consejo de Ministros el pasado día 18 y que será convalidado por el Congreso el próximo día 10. Este es el marco en el que este lunes se movió también la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, dando a entender que ese pormenorizado análisis que está llevando a cabo el Gobierno central tendría como resultado una conclusión muy distinta a la que ordena el Alto Tribunal. En definitiva, que hay elementos de distintos órdenes que impedirían a la Administración central asumir esos más de 1.200 niños e integrarlos en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional. Esa referencia al decreto de reparto territorial de los 4.000 menores que ahora están en Canarias como elemento a tener en cuenta a la hora de aplicar la resolución del TS ya la han utilizado en varias ocasiones en los últimos días tanto el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, como la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. La reiteración en el mensaje en la que incurrió este lunes la responsable de Migración da a entender una clara resistencia del Estado a dar cumplimiento sin más al mandato judicial. Saiz insistió así en que ese auto del Supremo “trae consecuencias de algo acontecido antes, de haber alcanzado un acuerdo que se va a votar el día 10 para una solidaridad obligatoria entre todas las comunidades autónomas”, obviando que la resolución judicial solo se refiere a los menores solicitantes de asilo. Resalta la ministra que, en ese marco, los gobiernos regionales tienen ahora “la oportunidad de contar como están sus sistemas de acogida”, en referencia a lo establecido en el mencionado decreto, así como “compartir esa información de cómo se encuentran sus recursos, para después, a través de una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, y con unos criterios transparentes y objetivos para todas las comunidades autónomas, que esa solidaridad sea un hecho y se produzca una acogida de los menores en todo el territorio”. La titular de Migraciones aportó un argumento que alimentaría la idea de que el Estado se resiste a hacerse cargo de los menores a los que se refiere la resolución del Supremo. Según ella, la dificultad en ese sentido estriba en la muy diferente característica del tipo de acogida a los menores migrantes, de la que deba hacerse con los migrantes que requieren protección internacional. “Es importante saber que el sistema de acogida y de protección internacional del Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones es un sistema preparado para adultos, incluso para familias o menores acompañados por sus familias precisamente por esa importancia de que los menores están bajo protección como tales antes que como migrantes solicitantes de asilo”, explicó Saiz. Insistió así en que “es un sistema bien distinto, con protocolos diferentes que en el caso de los menores, que es competencia de las comunidades autónomas”. Una de las cuestiones que se plantean los ministerios implicados en el cumplimiento de la sentencia del TS es que, ante la falta de centros estatales para menores aspirantes a protección internacional, la inclusión de este grupo en el conjunto de 4.000 que saldrán de Canarias con destino a otras regiones garantizaría sus derechos como menor. Saiz recordó varias veces, en este sentido, que la resolución judicial es “una medida cautelar” cuyo objetivo se estaría ya cumpliendo con la aplicación del decreto-ley de reparto cuando este se lleve a cabo. “Los menores migrantes son menores antes que migrantes. Lo que tiene que prevalecer alumbra día a día nuestras políticas”, recalcó la ministra después de haber puesto el foco en las dificultades que han puesto o están poniendo determinados territorios para asumir acogidas voluntarias en el último año y medio, o en hacerlo a partir de ahora en aplicación del decreto-ley aprobado por el Gobierno central. “Llevamos más de año y medio viendo como hay una flagrante dejación de funciones por parte de comunidades autónomas gobernadas por el PP, no queriendo acoger en sus territorios una competencia que es suya, a menores no acompañados, cuando tras la invasión de Putin en Ucrania ha habido 40.000 menores ucranianos, muchos de ellos no acompañados, cogidos en todo el territorio sin que ninguna comunidad, ni ningún líder político del PP haya dicho ni mu. ¿Por qué ese distinto comportamiento?”, se preguntó la ministra.
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