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Concordia » Hora Digital
Fecha: 31/03/2025 19:32
El Gobierno nacional decide restringir subas en servicios públicos y retrasar la indexación automática, buscando contener la inflación en medio de un contexto de presión financiera. El Gobierno frena la indexación automática y limita los aumentos de tarifas en abril Por Agustín Maza (Infobae) – 31 de marzo de 2025 Abril iniciará con novedades en los servicios públicos, ya que el Gobierno nacional optó por aplazar la implementación de un nuevo esquema tarifario que contemplaba ajustes mensuales indexados a la inflación. Este cambio genera especulaciones y análisis en torno al impacto en la economía y en el bolsillo de los ciudadanos. Decisiones del Gobierno para mitigar los aumentos En un contexto de volatilidad financiera, el Gobierno ha decidido restringir los incrementos en las tarifas de luz, gas, agua, transporte y combustibles. Se esperaba que a partir de abril entrara en vigencia un nuevo sistema tarifario con ajustes mensuales ligados a variables económicas, pero esta medida ha sido pospuesta hasta mayo. Revisión Quinquenal de Tarifas y sus implicaciones La Secretaría de Energía se encuentra en la etapa final de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), un proceso que definirá los ajustes tarifarios y las inversiones en el sector energético hasta 2029. Este enfoque busca establecer un marco técnico que garantice la estabilidad y mejora de los servicios, a cambio de ajustes tarifarios más controlados. Ajustes moderados y posibles escenarios futuros En abril, las subas en servicios como AySA serán limitadas, rondando el 1%, en línea con la estrategia económica actual de mantener equilibrios operativos. Mientras tanto, en el sector del transporte público se observan distintas políticas entre la jurisdicción nacional y la Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires, con previsiones de ajustes en las tarifas. Perspectivas económicas y sociales Diversos análisis pronostican un nuevo ajuste en los combustibles a partir del 2 de abril, con incrementos que se estima serán inferiores al 2%. Estas decisiones tienen lugar en un escenario marcado por la volatilidad cambiaria y la preocupación por la inflación, que afecta especialmente a los servicios regulados y aumenta la presión sobre el consumo y el bienestar social. Ante este panorama, el Gobierno enfrenta el desafío de contener la inflación y mantener el poder adquisitivo de los ciudadanos a través de una política tarifaria que equilibre las necesidades económicas con el contexto macroeconómico actual.
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