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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 31/03/2025 04:43
Más del 80% de la población manifiesta una percepción negativa sobre el funcionamiento de la Justicia (NA/Hugo Villalobos) La Argentina no solo enfrenta una crisis económica: atraviesa una crisis aún más profunda, estructural e invisibilizada, que es la crisis de su sistema institucional. Y en el centro de esa fragilidad está la Justicia. Un país no se derrumba solo por falta de dólares, sino cuando se deshilachan sus normas, se debilitan sus controles y se vacían sus garantías. “El republicanismo no puede esperar -advierte Santiago Kovadloff-, jamás el pragmatismo puede hacernos dejar de lado el republicanismo”. Cuando se renuncia a los principios para administrar la urgencia, “se está en un terreno de coyuntura”. El propio Kovadloff completa esa línea de pensamiento con una advertencia contundente y lúcida: “No podemos caer en la creencia de que con menos inflación tenemos más ciudadanía”. La justicia no es solo un poder del Estado: es el pilar que sostiene el contrato social. Sin garantías, la legalidad se debilita; sin legalidad, la ciudadanía pierde sustancia. Allí donde la Justicia se ausenta, la República se vacía y el desarrollo se convierte en una promesa meramente retórica. El deterioro estructural se manifiesta en datos objetivos que reflejan la magnitud de la crisis. De los 1002 juzgados que integran la Justicia Nacional y Federal, el 30% se encuentra vacante. Esta situación impacta directamente en la capacidad del sistema para brindar respuestas oportunas, especialmente en materias de alta sensibilidad institucional. Si bien en 2024, el Consejo de la Magistratura aprobó 96 ternas, como resultado de consensos amplios entre los distintos estamentos, lo cierto es que, a lo largo del año pasado, el Poder Ejecutivo no remitió ningún pliego al Senado para su tratamiento, un hecho sin precedentes desde la creación del organismo. A ello se le suma que el 42% de las fiscalías permanece vacante, y que en los últimos cinco años solo se han designado cinco fiscales. Fortalecer la cobertura de estos cargos resulta indispensable para asegurar un servicio de justicia continuo, profesional y eficaz. A esta crisis de cobertura se suma la situación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya integración incompleta representa un foco de particular preocupación. Dos vacantes prolongadas han generado incertidumbre institucional y tensiones políticas en torno a su conformación. La decisión del Poder Ejecutivo de cubrir estos cargos por decreto en comisión no resolvieron el problema. Por el contrario, evidenciaron la falta de consensos básicos y profundizaron la inestabilidad. Alcanzar los acuerdos necesarios para regularizar la integración del máximo tribunal es indispensable para garantizar la seguridad jurídica y preservar la autoridad institucional de la Corte. En paralelo, la implementación del sistema acusatorio —diseñado para agilizar los procesos penales mediante la transferencia de la dirección de la investigación al Ministerio Público Fiscal y la promoción de la oralidad y la transparencia— avanza con dificultades estructurales significativas. A las restricciones presupuestarias se suman deficiencias en infraestructura, escasez de personal capacitado y demoras en la adecuación organizativa. Todo ello se ve agravado por la ausencia de un Procurador General designado con acuerdo del Senado: tras ocho años de interinato, el Ministerio Público continúa sin conducción regular, lo que limita su capacidad de articular una política criminal consistente y debilita la proyección del nuevo modelo procesal. En este mismo contexto de transformaciones estructurales aún inconclusas, la modernización tecnológica del Poder Judicial también requiere consolidación. Aunque se han incorporado algunas herramientas digitales y se creó un Comité de Innovación en el Consejo de la Magistratura, la ausencia de un sistema estadístico integral, la escasa apertura de datos y la demora en el desarrollo de tecnologías aplicadas a la gestión judicial, como inteligencia artificial, evidencian la falta de una política sostenida en la materia. Modernizar no es solo incorporar tecnología: implica revisar prácticas, transparentar procesos y garantizar un acceso equitativo al servicio de justicia, aun frente a resistencias internas y limitaciones estructurales. Hablando de procesos inconclusos, el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sigue siendo un mandato constitucional pendiente desde 1994. La coexistencia de competencias federales y locales genera superposiciones funcionales y tensiones presupuestarias. La Corte Suprema, en fallos como “Levinas”, ha reafirmado el carácter local de los conflictos que se tramitan en el fuero nacional con asiento en CABA. Avanzar en este proceso fortalecería el federalismo, consolidaría la autonomía porteña y permitiría focalizar al Poder Judicial de la Nación en materias de interés federal. La desconfianza ciudadana en el sistema judicial es, en gran medida, el reflejo de esta suma de déficits institucionales. Más del 80% de la población manifiesta una percepción negativa sobre su funcionamiento. La falta de un código de ética para la Justicia Federal, la demora en la tramitación de denuncias contra magistrados y la baja cantidad de sanciones efectivas alimentan esa percepción. Desde la creación del Consejo de la Magistratura, solo 19 jueces fueron destituidos. Fortalecer los mecanismos de auditoría, agilizar los procesos disciplinarios y afianzar una cultura de rendición de cuentas son pasos ineludibles para restaurar la legitimidad. La justicia argentina refleja el estado general de nuestras instituciones: bloqueos políticos, falta de consensos y decisiones postergadas. Esta situación no puede relativizarse ni subordinarse a la coyuntura. Porque sin justicia no hay ley, sin ley no hay República, y sin República no hay desarrollo. La recuperación de la confianza ciudadana exige más que discursos: requiere decisiones. Modernizar, nombrar, auditar, transparentar. La justicia no puede seguir atrapada en inercias políticas ni en estructuras que no dialogan con las necesidades del presente. Fortalecerla no es una opción ni una concesión: es la única vía posible para reconstruir la legitimidad institucional y garantizar un desarrollo que no sacrifique legalidad en nombre de la urgencia.
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