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Parana » Plazaweb
Fecha: 28/03/2025 05:43
Alcides Camejo, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Citrícolas, se encuentra siendo investigado en dos causas penales que, si eventualmente es condenado, podría recibir una pena que ponga fin a su carrea gremial. En la Justicia Federal de Concepción del Uruguay está procesado por supuesta “administración fraudulenta” del sindicato; mientras que en la Justicia provincial está imputado por tenencia ilegal de arma de fuego y suministro de arma de fuego, en el caso de la muerte de Kevin Guardia, de 21 años, quien en noviembre de 2024 falleció de un disparo en la cabeza en la vivienda del sindicalista ubicada en Capitán Rojas al 2800, en Chajarí. El joven trabajaba como casero de Camejo y este le proporcionaba un arma 9 milímetros para realizar sus tareas de sereno. En diálogo con el programa Puro Cuento (Radio Plaza), el abogado Alejandro Jacobi, que representa a la familia de Kevin, dijo que la causa provincial se encuentra cerca de ser concluida y elevada a juicio, pero que antes solicitará el cambio de la carátula para que el sindicalista sea imputado por el delito de homicidio doloso. Además, adelantó que pretenden que sea condenado a ocho años de prisión efectiva. El letrado explicó que si bien en la causa la Fiscalía continúa con la carátula de suicidio, solicitará el cambio de la misma. "El dermotest sólo le dio positivo a Camejo. A nosotros nos llamó la atención. Se habla de un suicidio peo nosotros avanzaremos con el cambio de caratula a homicidio doloso. Nosotros entendemos que hay otra cuestión acá. No está claro el lugar donde se aloja el proyectil y la pólvora en Camejo", refirió. En ese sentido, explicó que "falta un informe pericial y que una vez se termine, estaríamos en condiciones de que la causa sea elevada a juicio". "Nosotros vamos a pedir la pena máxima. Mínimamente vamos a pedir ocho años de prisión", acotó. En cuanto a la causa en la Justicia Federal, Jacobo mencionó que Camejo "esta desviando fondos de los trabajadores" y que detectaron que "ha pagado un abogado particular y otras cosas con el dinero del sindicato". "Camejo maneja el sindicato como se le antoja. Paga cuestiones particulares con fondos del sindicato. El ministerio de Trabajo de la Nación debería pedir la intervención. El sindicato de la fruta no puede estar en manos de este delincuente", cerró. PODÉS LEER TAMBIÉN: Tras la detención de Camejo, piden la intervención del Sindicato de la Fruta Causa Federal La Fiscal Federal María Josefina Minatta imputó en octubre del año pasado a Camejo, junto a otras personas directamente vinculadas a él, la presunta comisión de “defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos de origen ilícito (arts. 173, inc. “7” y 303 inc. “1” del C.P.)”. La investigación se inició el 18 de agosto del año 2021, a partir de la denuncia formulada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), en virtud de las presuntas maniobras delictivas desplegadas por las personas identificadas como: Walter Rodrigo Monzón, Domingo Alcides Camejo, Carlos Alberto Díaz, Luis Alberto Villalba, Verónica Gabriela Mariani, Gerardo Adrián Monzón, Natalia Alejandra Ríos, Marisa Eugenia Santín, Estela Susana Orcellet y Carlos Alberto Rubén Monzón. La imputación, incluida en un documento de 75 páginas al que tuvo acceso El Entre Ríos, explica que hubo una investigación preliminar que detectó “una serie de posibles hechos de criminalidad económica que involucraba a los nombrados”. Por ejemplo, “el presunto desvío de fondos pertenecientes al Sindicato Obrero de la Fruta (SOF) y a la Obra Social del Personal de la Actividad Frutícola (OSPAF), llevado a cabo entre los meses de enero de 2014 y agosto de 2017, período de tiempo que se extendió desde enero de 2011 hasta diciembre de 2021. Escuchá la entrevista completa:
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