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» Diariopinion
Fecha: 28/03/2025 03:21
El negocio de la necesidad: pensiones truchas, punteros y el voto cautivo en la Formosa de Insfrán En Misión Laishi, una localidad del sur provincial, el 18,3% de la población tiene pensiones por discapacidad. Ese número es casi cinco veces más alto que el promedio nacional. Allí, Ruiz Díaz controla el negocio de las pensiones con mano firme: cobra $80.000 por cada trámite que gestiona, según denuncias recogidas por medios nacionales. Una red que mezcla militancia, asistencia y extorsión política Pero el alcance de su influencia no se limita a Laishi. En el Barrio Lote 4 de la capital formoseña, Liz es la cara visible del clientelismo estatal. Comenzó su militancia bajo el ala de Marcelo Sosa, concejal del PJ conocido por despilfarrar los recursos del estado y los dineros públicos provistos por el Ministro de Economía Jorge Ibañez, para su campaña política, y panfletear planes sociales como herramienta política. Actualmente, trabaja bajo la órbita del concejal Horacio Pettit, del espacio SUMAR, liderado por Yanina Insfrán. Este movimiento controla buena parte de las pensiones y beneficios sociales en la provincia, en una red que mezcla militancia, asistencia y extorsión política. Limpia Concepción dice que pacede una discapacidad del 85% La propia Ruiz Díaz percibe desde 2015 una pensión por invalidez otorgada por la ANSES, expediente N° 40 5 9047567 0. La documentación indica que padece diabetes y mal de Chagas, con un 85% de incapacidad, según el certificado médico emitido en el Hospital de la Madre y el Niño. El monto actual de su beneficio supera los $250.000 mensuales. Limpia Concepción esta imputada por falsificación de documentos públicos para otorgar DNI a Paraguayos con doble nacionalidad No es la primera vez que su nombre aparece vinculado a escándalos. En 2013 fue imputada por falsificación de documentos públicos, tras una investigación que reveló maniobras fraudulentas para otorgar documentos argentinos a ciudadanos paraguayos. A cambio, obtenían pensiones y la posibilidad de votar en elecciones provinciales, reforzando la maquinaria electoral del oficialismo. La denuncia fue revelada por el programa Periodismo Para Todos y evidenció una red estructural de fraude institucional en la provincia. En Formosa, el uso de los recursos del Estado como herramienta para consolidar poder político no es una novedad. Pero el caso de Ruiz Díaz expone con crudeza cómo opera el aparato del gildismo: un modelo de poder vertical, sustentado en la necesidad y sostenido con prebendas. La impunidad con la que se mueven punteros como Liz no es casual. Es funcional a un sistema que no distingue entre asistencia social y control político, donde la ayuda estatal es moneda de cambio y la dignidad ciudadana queda supeditada a la obediencia partidaria.
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