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» Comercio y Justicia
Fecha: 28/03/2025 03:16
Por Luján D’Adam y Mónica Cornaglia (*) De un tiempo a esta parte venimos observando cómo las transformaciones económicas, sociales, culturales, políticas y territoriales determinan un escenario del cual emergen conflictividades sociales cada vez más complejas que, al decir de Nató y Carbajal (2023), desbordan el dispositivo administrativo, jurídico o judicial y en ocasiones se transitan con una inusitada violencia. Es que a las dimensiones ya conocidas del conflicto -personal, relacional, objetal, contextual, jurídico-normativa-, se le agrega una de análisis imprescindible: la estructural. Por dimensión estructural entendemos aquellos factores externos a las personas, propios del medio o de tipo social (condiciones sociales, económicas, culturales, políticas, de empleo-desempleo, seguridad, acceso a la vivienda, etc) que operan como motor de asimetrías en el acceso a derechos. Esas categorías, que son enunciadas por las 100 Reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, son: la edad, el género, la discapacidad, la migración, pobreza, privación de la libertad, poblaciones indígenas, entre otras, y requieren de una protección o tutela especial para el ejercicio de derechos, por caso, para la gestión participativa de los conflictos. En estos contextos, parafraseando a Gianni Vátimo, resulta necesario orientar los procesos de gestión de conflictos para abordar las condiciones que hicieron posible la emergencia de la disputa, es decir, las condiciones de vulnerabilidad de las personas que lo protagonizan, ya que lo contrario podría ser solo una tregua en la cadena de violencias: probablemente la violencia tome otras formas, pero siga ahí. Si nos proponemos acompañar la toma de decisiones desde un enfoque de derechos humanos, capaces de generar propuestas de gestión de conflictos situadas, democráticas y emancipatorias, el estado de situación descripto requiere revisar la mediación tal y como la tenemos entendida, repensar sus encuadres teóricos, sus prácticas, sus dispositivos y la formación de mediadores u operadores del conflicto. Para el abordaje de estos conflictos, el Centro Público de Mediación Comunitaria de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba (CPMC), viene acuñando desde el año 2023 un enfoque de trabajo que se sustenta en la perspectiva de vulnerabilidad, con el objetivo de identificar y disminuir aquellas barreras personales, procedimentales y contextuales que dificultan el acceso de la ciudadanía a la gestión de sus conflictos. El objetivo es hacer sentido de una manera profunda y comprometida sobre las implicancias de las condiciones estructurales de marginación social, desigualdades y exclusión sobre los espacios sociales en los que se desenvuelven las conflictividades comunitarias. Así, se propone pensar la mediación comunitaria como una práctica social orientada a desafiar esas condiciones de exclusión como proyecto de intervención y transformación. La aplicación de dicho enfoque se encuentra a cargo del equipo de MediaDiversa del CPMC, integrado por Manuel Campodónico, Sabrina González Solé, Lucía Perez y las suscribientes, y fue prevista en diferentes etapas, con carácter progresivo, encontrándose cumplimentadas en la actualidad las dos primeras de ellas: 1) Modificación de los protocolos de actuación del CPMC; 2) Adecuación de los dispositivos de trabajo, dentro de los cuales se encuentran los procesos de diálogo comunitario, dando inicio a la tercera etapa relativa al Registro de Mediadores/as Comunitarios/as. Este Registro está conformado por mediadores/as de matrícula definitiva y provisoria, quienes renuevan año a año su compromiso y participación con el CPMC. Para conformar tal registro, se ha previsto desde el año 2025, además de completar un formulario de preinscripción, la realización de un curso en línea obligatorio, teórico-práctico y de accesibilidad universal, con el objeto de fortalecer las habilidades y conocimientos de quienes asumen la labor del servicio público de la gestión de conflictos comunitarios y promover su inserción en el enfoque de trabajo del Centro. El periodo de preinscripción estará abierto hasta el 28/03/2025 inclusive, recepcionandose dudas y consultas en el correo electrónico institucional: [email protected]. La capacitación obligatoria para mediadores/as prevista a partir de 2025 representa a nuestro entender no sólo un avance en el compromiso institucional con la perspectiva de derechos humanos sino también con el tratamiento efectivo de los conflictos comunitarios que requieren la revisión del sentido de sus técnicas y herramientas, en un todo coherente con la ética profesional que exige el rol asumido en la intervención de procesos de construcción de diálogo. (*) Equipo de Coordinación del Centro Público de Mediación Comunitaria de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba.
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