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» Diario Cordoba
Fecha: 27/03/2025 21:48
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado la razón por segunda vez al Ayuntamiento de Córdoba en la cuestión de las expropiaciones del aeropuerto por lo que no tendrá que pagar una cifra cercana a los 20 millones de euros con intereses de demora que le reclama la empresa pública de aeropuertos, AENA, desde hace ya 18 años. Este litigio, que primero cursó en vía administrativa y más tarde judicial, se remonta a las expropiaciones que llevó a cabo el Consistorio para acometer la ampliación de la pista del aeropuerto. El Ayuntamiento siempre ha defendido que el coste que hubo que pagar por el derribo de las viviendas afectadas debía asumirlo el Estado, mientras que AENA ha defendido por contra que debía costearlas la ciudad. Los tribunales han terminado dándole la razón al Ayuntamiento. El portavoz del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, ha informado este jueves sobre el fallo del TSJA y ha pedido que no recurra al Tribunal Supremo y deje de "torpedear" los intereses de los cordobeses, ya que el pago de 20 millones supondría un grave perjuicio económico para las arcas municipales. Torrico ha pedido a AENA que "deje de enredar con un tema que ya han negado dos veces los tribunales" y ha exigido al resto de grupos municipales que se pongan del lado del Ayuntamiento y no del Gobierno, y exijan a AENA que el despegue del aeropuerto de la capital sea definitivo. En este sentido, el portavoz del PP habla de "la manía" de recurrir en esta cuestión hace que el Consistorio no pueda disponer de los 7,4 millones que reclama AENA más los intereses de demora para destinarlo a otros equipamientos públicos e inversiones "necesarias para mejorar la calidad de vida de los cordobeses". Un avión despega desde una pista del aeropuerto de Córdoba. / MANUEL MURILLO Historia del litigio Después de reiterar su exigencia en la vía administrativa, AENA terminó acudiendo en noviembre del 2019 a los juzgados con esta reclamación. Entonces, el juez de lo Contencioso- Administrativo número 4 de Córdoba le dio la razón al Ayuntamiento de Córdoba. El alcalde, José María Bellido, pidió al Gobierno central que no reclamase y se sentara con el gobierno municipal para ver cómo se podía dar más uso al aeropuerto. Sin embargo, el Ministerio de Fomento, del que depende AENA, decidió seguir adelante pese a todo y en abril del 2022 AENA recurrió la sentencia presentando un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que es el que ahora tumban. Un poco de historia Las expropiaciones del aeropuerto se remontan a noviembre del 2007, cuando el Pleno de Córdoba aprobó --no sin problemas-- un convenio para concretar la participación de AENA y del Ayuntamiento en la ampliación de la pista, que se firmó en marzo del 2008. Las entonces ministra Magdalena Álvarez y entonces alcaldesa Rosa Aguilar firmaron aquel acuerdo que recogía el procedimiento a seguir en la expropiación. En virtud de aquel documento, el Ayuntamiento debía hacer frente con un 20% del montante y Fomento, con el 80% restante. En el presupuesto municipal del 2008 se aprobó una transferencia de capital entorno a 15 millones para esas expropiaciones, que luego, tras la publicación en el BOE del inicio de los trabajos, se rebajó a algo más de 8 millones. El acuerdo con AENA incluía además del convenio, el protocolo para la expropiación, en un proceso en el que el Ayuntamiento debía participar, pero nunca lo hizo. Aquel acuerdo fue impugnado por la asociación Córdoba Saludable, y anulado por una sentencia en febrero del 2009, que confirmó en el año 2012 el TSJA. Todas estas circunstancias han sido defendidas por la asesoría jurídica del Ayuntamiento para rechazar el coste de las expropiaciones. Qué se expropió Para la ampliación del aeropuerto se expropiaron 188 fincas con un coste total de 45,1 millones. Desde entonces, AENA ha ido variando la cantidad que reclama al Ayuntamiento y lo ha hecho independientemente de quién estuviera al frente de Fomento. En la etapa de José Antonio Nieto, en 2011 y 2012, por ejemplo, se lo reclamó tanto Pepe Blanco (PSOE) como Ana Pastor (PP). En ambos momentos, el alcalde popular se negó a pagar lo exigido por el Estado, argumentando que AENA había incumplido algunas cláusulas del convenio firmado en el 2008, ya que no se llegó a fijar el «acuerdo ejecutivo» que el convenio recogía y por el cual el Ayuntamiento debería haber concretado la aportación a AENA para la financiación del justiprecio de los terrenos cuyo coste le había sido asignado, así como la parte proporcional de la asistencia técnica para la realización del proyecto básico de expropiación. Qué dice AENA AENA, por el contrario, considera que aquel convenio es "válido y tiene plenos efectos", justo lo contrario de lo que defiende el Consistorio cordobés, que entiende que nunca estuvo en vigor. Otro argumento defendido por AENA es que fue el propio Ayuntamiento el que solicitó en reiteradas ocasiones la ampliación del aeropuerto. Por todo ello, el Estado considera que existen argumentos jurídicos sólidos para que por parte del TSJA se proceda a la estimación del recurso de apelación, algo que a las luces de esta última sentencia no ha ocurrido.
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