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» Politicargentina
Fecha: 27/03/2025 13:02
La sala II de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó este miércoles por unanimidad la pena de prisión diez años impuesta al ex comisario represor de la Policía Federal Argentina Roberto Álvarez en la causa "Contraofensiva Montonera III". En el fallo, instó a preservar los sitios de memoria y los archivos de la dictadura.El máximo tribunal penal del país, integrado por los jueces Alejandro W. Slokar, Angela E. Ledesma y Guillermo Yacobucci, confirmó la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de San Martín que se había condenado a Álvarez por participar de la privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados contra una de las víctimas de la llamada "Contraofensiva Montonera".Edith Aixa Bona y su pareja, Gervasio Martín Guadix, eran integrantes de Montoneros y habían regresado del exilio en 1979 en el marco de la denominada "Contraofensiva", según se informó en un comunicado.Bona había sido secuestrada en marzo de 1980, en la ciudad de Buenos Aires, pocas horas después que su pareja, y llevada a un centro clandestino de detención de Campo de Mayo. Luego, pasó por la Delegación San Martín de la Policía Federal Argentina, de la que el represor Álvarez era el jefe, donde permaneció cautiva por una semana, tiempo en el que la mantuvieron encadenada a un catre y no le dieron de comer, hasta que fue "legalizada" y trasladada a la cárcel de Devoto.En su fallo, y en pos de la construcción de memoria, Slokar encomendó “enfáticamente la ‘conservación de la prueba’ y la protección de los derechos de las víctimas, evitando su re-victimización y privilegiando el resguardo de su seguridad personal” y señaló que “se impone resguardar el derecho de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y sus familiares ‘a conocer la verdad’ que ‘constituye un medio importante de reparación para la víctima y sus familiares y da lugar a una expectativa que el Estado debe satisfacer’, a la vez que facilita ‘la búsqueda de formas de prevenir este tipo de violaciones en el futuro’”.El magistrado destacó también las recientes comunicaciones de expertos de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que instan al gobierno argentino a evitar posturas relativistas o negacionistas respecto a graves violaciones de los derechos humanos. También invocó el comunicado del pasado 30 de agosto en el marco del “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas” en el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó “…a los Estados a evitar posturas relativistas o negacionistas respecto a contextos en los que se cometieron graves violaciones de derechos humanos…” (Comunicado de Prensa Nº 200/24, “CIDH: Estados deben superar el negacionismo que obstaculiza respuestas estatales efectivas frente a la desaparición forzada”).En aquella publicación se afirmó: “La adopción de respuestas estatales efectivas contra la desaparición forzada de personas debe tener como base el reconocimiento de la ocurrencia de los hechos y de la responsabilidad estatal al respecto. Asimismo, las políticas públicas deben incluir la conservación de la memoria —a través de la creación y preservación de archivos públicos y sitios de memoria—; iniciativas para reivindicar la dignidad de las víctimas; la difusión y preservación de la memoria histórica —por ejemplo, contemplando la temática en la currícula escolar obligatoria—y la promoción de una cultura de derechos humanos y democracia orientada a la no repetición de los hechos”.
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