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» Diariopinion
Fecha: 27/03/2025 01:21
Alertada por la gran cantidad de pensiones por invalidez otorgadas en Argentina, que llegan a quintuplicar a países vecinos, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) lanzó en febrero una auditoría nacional para verificar los registros: convocó mediante carta documento a todos los beneficiarios a que se presentaran con los estudios que acreditaran la discapacidad. Para acceder a ese subsidio, que asciende al 70% de la jubilación mínima (unos $270 mil pesos) la invalidez debe ser absoluta y permanente, o sea, incapacitante para trabajar, y además la persona debe carecer de otros ingresos y propiedades. En Formosa, una pensión por invalidez con el bono está en $265.385,20 A nivel mundial, el promedio de la población en esta situación en países que no han atravesado grandes catátrofes puede llegar al 1%, y al 2% si han vivido conflictos armados sostenidos en el tiempo. En Argentina, que no vivió ninguna de las dos cosas, el promedio de la población que alega ser "inválida" es el 2,6%, o el 5% de la población económicamente activa. Estos datos ya le habían permitido a la ANDIS concluir que el sistema, que pasó de subsidiar a 77 mil beneficiarios en 2003 a 1,2 millones en la actualidad (un aumento del 1500%) era altamente vulnerable al fraude por los escasos controles y medidas de seguridad. Lo que no se sabía hasta ahora era que la estafa era -y es- sistemática y facilitada por las propias autoridades locales, municipales y hasta provinciales, como una forma de clientelismo para asegurarse votos financiados por un organismo del gobierno nacional, al que le insume un gasto de 2.200 millones de dólares por año. Tal es el caso de Formosa, en donde el 7% de la población accedió a la pensión (el triple del promedio nacional) y en donde hay localidades, como Misión Laishi, en donde la cobra el 18,3% de los habitantes. Dos de cada diez vecinos. Un verdadero escándalo. Tal porcentaje de certificados fraudulentos no se habrían podido alcanzar sin la complicidad de las autoridades locales, lo que quedó probado en un video grabado en una de las reuniones organizadas por los municipios para llevar tranquilidad e instruir a los miles de beneficiarios que fueron convocados a presentarse en forma personal ante los auditores de la ANDIS con toda la documentación médica que acreditara la incapacidad. En una de esas reuniones, llevada a cabo en la pequeña localidad de Laguna Naineck, un poblado de 2500 habitantes al noreste de la provincia, se puede ver al intendente, Julio Murdoch, y al director médico del hospital, Néstor Díaz, no solo reconocer la falsedad de los certificados sino también explicarles a los beneficiarios truchos el plan político pergeñado por el kirchnerismo detrás del fraude, del que ellos son, cuando menos, cómplices. El médico y exintendente de Laguna Naineck Néstor Díaz reconoce que se dieron pensiones por invalidez truchas por la pobreza. TN estuvo en Laguna Naineck e intentó entrevistar al intendente Julio Murdoch quien, luego de hacer seguir todos los movimientos del equipo a lo largo de la jornada, se dio a la fuga en su auto para evitar las preguntas periodísticas. Tres días después, acusó en un acto oficial al canal de ser "colaboracionista como los nazis que marcaban casas de judíos o de subversivos en la última dictadura nacional", mientras el gobernador Gildo Insfrán sonreía en primera fila, dándole total aval político al jefe comunal que sería parte de la estafa al gobierno nacional. El 65% de los formoseños recibe alguna ayuda de la Anses. En la provincia del caudillo más todopoderoso del país, el 6,7% de la población recibe una pensión por invalidez. Formosa pasó de 2.415 pensiones en 2004 a 40.990 en 2024, lo que implica que estos subsidios crecieron aproximadamente 17 veces en dos décadas. Algo estadísticamente imposible en condiciones normales. Durante el kirchnerismo, las pensiones por invalidez aumentaron a nivel nacional 1500%, un crecimiento que no se da ni siquiera en países que llevan décadas de guerra civil.
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