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Federal » Semanariolavoz
Fecha: 26/03/2025 19:30
El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), vocal Leonardo Portela, afirmó hoy que “a partir de la base de que 2024 fue un año difícil, con obstáculos económicos y financieros que retrasaron, y en ocasiones, frenaron la ejecución de varios proyectos, esperamos que puedan concretarse este año”. En su discurso, al dejar inaugurado oficialmente la apertura del Año Judicial 2025, destacó que diariamente se trabaja para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos y evitar que la frustración lleve a la barbarie de hacer justicia por mano propia. Asimismo dijo que “el Poder Judicial enfrenta hoy el desafío de asumir responsabilidades que exceden su función, en gran medida porque se desconoce su verdadero rol dentro del sistema de gobierno. Esta confusión genera una tendencia a judicializar problemas que deberían solucionarse en otros ámbitos institucionales”. Estuvo presente, el gobernador de la provincia Rogelio Frigerio. Play Unmute Loaded : 1.02% Fullscreen El presidente del STJ estuvo acompañado por la vicepresidenta del Alto Cuerpo, vocal Laura Mariana Soage; el vocal Germán Carlomagno; las vocales Susana Medina y Claudia Mizawak; el vocal Miguel Ángel Giorgio; la vocal Gisela Schumacher y el vocal Carlos Federico Tepsich. Además asistieron el Procurador General de la provincia, Jorge Amílcar García y el Defensor General, Maximiliano Benítez. Al repasar lo hecho, Portela destacó la convocatoria para cubrir cargos ocupados de manera interina y la regularización de la planta de personal, al tiempo que valoró la renovación de la flota de vehículos del Poder Judicial, sin costo, a partir de la asignación como depositario de vehículos secuestrados a organizaciones delictivas. Además, resaltó la subasta de unidades en desuso o de reparación antieconómica, previéndose para este año el remate de otros siete vehículos. Ponderó la incorporación del lenguaje claro en la redacción de actos administrativos y sentencias, al tiempo que recordó que durante 2024 se realizaron múltiples charlas, seminarios y capacitaciones para fortalecer esta práctica. “No se trata sólo de una obligación institucional, sino de un derecho ciudadano fundamental: el derecho a comprender las razones detrás de cada decisión judicial”, indicó el presidente del STJ También aludió al diseño de políticas judiciales mediante la delegación de la administración reglada en profesionales avanzados, para lo que se visitó a los poderes judiciales de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, con la atención puesta en la figura de administrador del Poder Judicial. “Si bien este proceso se inició localmente en 2014, durante la presidencia de la Dra. (Claudia) Mizawak, el estudio de la burocracia de los poderes judiciales mencionados permite observar que es posible avanzar más en este sentido”, precisó Portela. Tras valorar la creación por parte de la Legislatura de 70 cargos en el Poder Judicial durante 2024, el presidente del STJ indicó que “se trata de un avance significativo, aunque es importante señalar que nuestro pedido inicial, basado en un estudio serio y responsable del 2023, contemplaba la necesidad de 152 cargos para garantizar un servicio de justicia acorde a las demandas actuales”. En ese sentido, explicó que la mayoría de los nuevos puestos serán asignados a profesionales integrantes de equipos técnicos para cumplir con la normativa vigente, que exige un seguimiento especializado en casos de violencia, tanto de género como doméstica. Además mencionó que el año pasado se realizó el concurso de ingreso más grande en la provincia, con 4.400 inscripciones y 1.488 personas evaluadas, que se incorporarán en la medida en que se generen vacantes. “Este proceso implicó un esfuerzo logístico y de gestión de recursos muy arduo, por lo que brindamos nuestro reconocimiento a quienes trabajaron en su organización”, añadió Portela. Entre otras medidas, valoró la descentralización del personal de intendencia, incorporando agentes de mantenimiento y tareas generales en distintos puntos de la provincia, permitiendo que las tareas sean atendidas con mayor rapidez y reduciendo los costos de traslado. El presidente del STJ informó que en 2024 pasado se efectuaron 34 juicios por jurados, superando la estimación realizada al sancionarse la ley que creó ese instituto, que proyectaba 14 debates por año. “Este sistema de enjuiciamiento plantea un reto financiero, dado que el costo promedio fue de 5,8 millones de pesos por juicio. Y para dar una idea de la evolución del tema, la semana pasada un juicio costó 9,4 millones de pesos. Como todos saben –continuó Portela- , en la Legislatura hay una propuesta de reforma de la ley que realizaron este Tribunal y los Ministerios Públicos, ya que entendemos que el sistema, tal como está planteado, es insostenible a largo plazo”. También destacó el diálogo interinstitucional “porque entendemos que el Estado es uno solo y es nuestra obligación buscar soluciones eficientes”. Por eso señaló que junto al Tribunal de Cuentas se trabajó en la optimización de procesos administrativos, lo que permitió un ahorro en licitaciones, mientras que con el Instituto del Seguro se logró disminuir significativos costos luego de analizar los servicios contratados. Portela puso de manifiesto la labor de la Mesa interinstitucional, que reúne a diversos organismos públicos y que busca asistir eficazmente a personas vulnerables, como las víctimas de violencia, las infancias y los adultos mayores. “No quisimos incurrir en el error frecuente de plantear objetivos extremadamente ambiciosos porque sabemos que la imposibilidad de cumplimiento lleva a la frustración. Va nuestro reconocimiento a las distintas direcciones de la administración pública que se sumaron a la mesa”, agregó el presidente del STJ. Más adelante señaló la adopción de un protocolo que abrevió los plazos en el fuero contencioso administrativo. Y puso como ejemplo lo que sucede ante los planteos por concursos convocados por el Consejo de la Magistratura: “Obtienen respuesta en 30 días, algo inédito en la dinámica de un tribunal superior de provincia en el país y más aún en un tribunal de nueve miembros”. Propósitos y objetivos Al momento de hablar sobre los desafíos y proyectos para este año, Portela hizo referencia a las restricciones presupuestarias que realizó el gobierno nacional y a las transferencias a las provincias, lo que provocó un impacto directo en la obra pública del ámbito judicial. En ese sentido, dijo que el STJ resolvió suspender el inicio de obras hasta contar con un panorama más claro de la situación. “El tiempo ha demostrado que fue una decisión acertada por su prudencia, ya que evitó compromisos que habrían derivado en juicios por incumplimientos contractuales contra la provincia”, afirmó el presidente del STJ. “Este tribunal ha debido agudizar el ingenio e impulsó distintas iniciativas para disminuir gastos y obtener recursos. Las últimas están pendientes de tratamiento en la Legislatura y, aunque algunas son originales y otras no tanto, todas son necesarias”, dijo. Entre ellas mencionó: la presentación de un proyecto de ley ante la Legislatura denominado “de remanentes financieros”; la solicitud, a la Legislatura, de autorización para crear un fondo anticíclico, que permita destinar reservas en períodos de bonanza para ser utilizadas en tiempos de crisis; la propuesta, presentada ante la Legislatura, para implementar un canon al agente financiero por el empleo que hace de modo gratuito del dinero depositado en las cuentas judiciales que a la fecha supone una suma aproximada de 32.000 millones de pesos; respecto al financiamiento de los juicios por jurados, el tribunal ideó un mecanismo de recupero de su costo, a partir del trabajo junto a la Fiscalía de Estado; tratativas con la Embajada de China para obtener el financiamiento de un laboratorio de genética forense; y tratamiento pendiente en la Legislatura del proyecto de creación de Juzgados de Familia en las cuatro ciudades más grandes de la provincia. Según Portela, “la necesidad de estos organismos es urgente, dada la creciente complejidad y el aumento exponencial de los conflictos familiares”, lo mismo que la creación de un Juzgado del Trabajo en Concordia y otro de Garantías en La Paz. La imagen del Poder Judicial Al recordar que en la apertura del Año Judicial 2024 mencionó la preocupante brecha entre las expectativas depositadas en el Poder Judicial y la posibilidad de solucionar los problemas que se le plantean, Portela señaló: “En lo personal, creo que esas expectativas incumplidas son el origen de la mala imagen que tenemos. Pero debo ser honesto y realista, y pedirles que también lo sean: es imposible que el Poder Judicial solucione todos los problemas que atraviesan a la sociedad. La impotencia que tenemos para abordar y solucionar todos los problemas radica, en mi opinión, en dos motivos principales. El primero es la insuficiencia de recursos asignados para cumplir con las demandas crecientes de la gestión judicial. Por ejemplo, todos hemos visto en la prensa las quejas de las víctimas de violencia debido a que sus problemas no se solucionan; pero en casos como éstos es claro que la solución no es, ni puede ser, solamente, la punición. Hay cuestiones subyacentes que no tienen abordaje y a esto se suman circunstancias puntuales, como que los integrantes de los equipos técnicos, que tienen que hacer seguimiento de estas situaciones, son requeridos de manera permanente por los fiscales en causas penales y no contamos con la cantidad suficiente de profesionales para responder. Esto se agrava aún más en algunas localidades, donde ni siquiera existen equipos técnicos y se resuelven situaciones de violencia”. También habló sobre la función de los medios de prensa: “Hay un aspecto de la realidad que nos preocupa y quiero mencionarlo, asumiendo el riesgo de ser malinterpretado: hay algunos medios de comunicación, la minoría por suerte, y todos sabemos cuáles son, que brindan información de manera sesgada sobre el ámbito judicial, lo que genera confusión. En algunos casos se tergiversan los hechos, en otros se instalan sospechas infundadas y en otros se usan titulares sugestivos sin respaldo. En ocasiones, afortunadamente muy excepcionales, se inventa. Por ejemplo, recientemente un portal digital de noticias publicó que en la apertura del año legislativo yo estaba muy incómodo por las palabras del gobernador cuando ni siquiera estuve presente”. Y añadió: “Tanto los medios como nosotros tenemos una responsabilidad muy importante en cuanto a la calidad de la información que damos a la ciudadanía, y cuando se distorsiona el mensaje no sólo se afecta la percepción real sobre el trabajo judicial, sino que se genera un daño al sistema, porque se profundiza la desconfianza en las instituciones. No estoy proponiendo ocultar falencias, está claro que esto no debe hacerse. Pero si bien como funcionarios públicos tenemos la obligación de explicar nuestras decisiones, resulta agotador sumarle a esa tarea la necesidad constante de desmentir información inexacta, tergiversada o directamente falsa. Y es una tarea que necesariamente hay que llevar a cabo, ya que la circulación de información falsa o inexacta puede dar lugar a situaciones peligrosas”. Asimismo, expresó su preocupación por la reiteración de denuncias contra jueces y juezas ante el Jurado de Enjuiciamiento y por juicio político cuando las decisiones no resultan del agrado del denunciante. “Es importante recordar que este mecanismo de control no está diseñado para revisar sentencias, sino que para ello existen las vías recursivas establecidas en la normativa vigente. El Jurado de Enjuiciamiento cumple un rol fundamental, pero no el de corregir fallos que se consideran erróneos. Su función es evaluar la idoneidad de los magistrados y magistradas cuando se plantea que, por razones concretas, han dejado de cumplir con los requisitos para ejercer el cargo”, explicó Portela. Calidad institucional “Lamentamos que desde la Presidencia de la Nación se haya decidido designar a hombres para cubrir vacantes en la Corte Suprema, cuando quienes conformaban el tribunal en ese momento eran en su totalidad varones. En pleno siglo XXI, es inadmisible que la equidad de género en los órganos de mayor jerarquía del país siga siendo una asignatura pendiente. No hay más excusas para evadir este tema”, advirtió el presidente del STJ. “Del mismo modo, nos preocupa la forma en que estos dos magistrados fueron designados, ya que se ha eludido injustificadamente el procedimiento previsto en la Constitución. Como actores institucionales de una democracia republicana debemos alzar la voz ante situaciones como ésta, para que no pase inadvertida y señalándolo con firmeza para que se activen las alarmas. En nuestro diseño institucional, la responsabilidad de gobernar la República recae sobre los tres poderes del Estado. El poder soberano es uno solo, dividido en tres funciones, precisamente para evitar la concentración, que tiene un enorme potencial de daño”. En otro orden, recordó que se trabaja en la implementación de un Código de Ética en el Poder Judicial. “Los profesionales que trabajaron en su elaboración realizaron una labor excepcional y actualmente el documento está siendo analizado por expertos de Naciones Unidas convocados a tal fin, dijo Portela. “La adopción de este Código está en línea con nuestro objetivo de reformular la relación con la comunidad”, aseguró. Además el presidente del STJ destacó las gestiones del Poder Ejecutivo ante a la Nación por fondos que corresponden a la provincia, incluyendo los vinculados al costo de la energía, las regalías de Salto Grande y el sistema previsional. Finalmente, agradeció a los demás integrantes del Alto Cuerpo, de la magistratura y de los Ministerios Públicos, a los agentes judiciales y a los abogados y abogadas por el compromiso y esfuerzo cotidiano “para que la Justicia entrerriana sea una de las mejores del país”. Presencias en el salón Como invitados también estuvieron presentes la vicegobernadora, Alicia Aluani; el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Roberto Falistocco, y los ministros Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Daniel Erbetta, Jorge Baclini y Margarita Zabalza; los ministros de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; el secretario de Justicia, Martín Acevedo Miño; el presidente del Consejo de la Magistratura, Mauro Vazón; el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; el presidente del Tribunal de Cuentas, Diego Lara;; el viceintendente de Paraná, David Cáceres; magistradas y magistrados provinciales y nacionales; autoridades provinciales y municipales; representantes de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos; autoridades del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos y de la Caja Forense; autoridades de fuerzas de seguridad; representantes de organizaciones intermedias; y trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial de Entre Ríos.
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