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» El litoral Corrientes
Fecha: 26/03/2025 00:34
“Los jueces saben que las críticas son parte del asunto, pero declaraciones amenazantes de este tipo desde las más altas esferas del gobierno no solo son inapropiadas, sino también peligrosas” John G. Roberts (Jr.), Presidente de la Suprema Corte de los Estados Unidos Las duras críticas del gobierno, desde el Presidente, su Ministra de Seguridad y de cuánto funcionario o legislador oficialista hubiera, a la Jueza porteña Karina Andrade, por haber ordenado la liberación de los detenidos con motivo de la protesta en alrededores del Congreso del miércoles 12 de marzo, no son una novedad en el mundo ni en la Argentina. Los tiempos que corren son particularmente pródigos en el comportamiento antirrepublicano de lanzar furibundas críticas contra las decisiones de los jueces que no gustan al poder. Obviamente, los gobiernos que lo hacen, se enmarcan en gestiones decisionistas con variable dosis de autoritarismo. En realidad, cuestionar a la justicia desde el estado, por fallos que van en dirección contraria a las órdenes del ejecutivo, forma parte de uno de los mandamientos sagrados de la biblia del buen autócrata. Tengo un sesgo al respecto, que quisiera confesar. Independientemente del caso y del gobierno: cuándo el fallo de un juez va en favor de uno o varias personas y en contra del poder, tiendo a pensar que tenemos un magistrado con todas las letras. A contrario sensu, cuándo la decisión judicial es en favor del poder y en contra del o los ciudadanos, me huele a juez miedoso, politizado o tiempista. Presunción “juris tantum”. Porque señores, el Poder Judicial existe precisamente para defendernos del poder, es el poder contrapoder, es la última estación de un estado civilizado que los dictadores no deben atravesar. Prefiero un juez que pudiera equivocarse en favor del ciudadano que uno que tenga relaciones carnales con el poder. Y, para que no se malinterprete, no estoy hablando de garantismo sí o no, tampoco estoy hablando de normas procesales y sustanciales relacionadas con la excarcelación, no me refiero a la estructura legal que componen las normas penales en nuestro país, me dirijo a examinar directamente la actitud de la Justicia ante el poder de turno. Hay diversas maneras de limitar la intervención reparatoria de los jueces, especialmente en cuestiones institucionales y políticas. Una de ellas es llenar la justicia de jueces amigos y obedientes, otra es la de modificar leyes que se contextualicen en el marco de un estado represivo. Ésta última fue la forma elegida por Cristina Kirchner, que logró la sanción de la Ley de Democratización de la justicia, que sometía la elección de los magistrados a la integración de listas de los partidos políticos. Afortunadamente, la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte, echó por tierra un sistema que hubiera significado el fin de la república. En el mundo, los autócratas de todo pelaje, especialmente hoy los de ultraderecha de moda, han llegado a modificar los parámetros republicanos, y someter al Poder Judicial a sus caprichos. Steven Levitsky, politólogo de Harvard y coautor de “Como mueren las democracias” y “Competitive Aukthoritarianism”, ha formulado algunos casos. En Turquía, el presidente Recep Erdogan ha purgado a miles de jueces del poder judicial como parte de un esfuerzo más amplio por consolidar el poder en sus propias manos. Pero eso requirió décadas de esfuerzo y múltiples cambios constitucionales, dijo Levitsky. Solo tuvo pleno éxito después de que un fallido golpe de Estado en 2016 proporcionara una justificación política para la purga. En Hungría, el primer ministro Victor Orbán llenó los tribunales constitucionales de jueces amigos y obligó a cientos de otros a jubilarse, pero lo hizo a lo largo de varios años, utilizando enmiendas constitucionales y cambios administrativos. En 2023, en la reforma judicial propuesta por Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, se opusieron activamente muchos sectores sociales, reservistas, militares, empresarios, sindicalistas, políticos, comerciantes, llegando incluso a cerrarse el aeropuerto internacional Ben Gurión con las protestas. Finalmente, Netanyahu desistió de la mayoría de los cambios, que hubiera puesto a los jueces a su servicio. El poder político quiere, con la metodología que fuere, tener una Justicia adicta. El poder judicial es el último reducto de defensa de los derechos. Sin jueces independientes, el ordenamiento jurídico se vuelve una cáscara vacía. Pero hay una tercera forma de desacreditar a los jueces, que comienza con la crítica destemplada a su labor y termina, muchas veces, con el desconocimiento de la decisión judicial. Es ésta ultima metodología la que constituye el desiderátum del autócrata, la diatriba y el desconocimiento liso y llano de la decisión judicial. El padre putativo de Javier Milei, el autócrata Donald Trump, presidente de los Estados Unidos en su segundo mandato, criticó duramente al juez Rosberg, que ordenó al gobierno que detuviera el operativo aéreo de deportación de venezolanos, mientras evaluaba la legalidad de la medida ejecutiva. Lo trató de lunático, que debía ser destituido, y que no admitía que alguien que no fue elegido por la gente, cómo el propio Trump, pudiera ser contrariado por un Juez. La reacción de Trump, y de su troupe de chupamedias, no paro ahí. Haciéndose el desentendido, no cumplió la orden judicial. Allí, precisamente, radica el núcleo de los que piensan que los votos justifican sus derrapes republicanos. Hay una constitución, un orden jurídico y estructuras institucionales que deben ser respetadas, le guste a quién le guste. El propio presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, dijo que “Durante más de dos siglos se ha establecido que la destitución no es una respuesta adecuada al desacuerdo sobre una decisión judicial. El proceso normal de revisión en apelación existe para ese fin”. Yendo a nuestro país, el primer paso del autócrata fue cumplido. La Juez Andrade fue criticada de manera torpe y violenta, con intenciones de amedrentamiento, por la cúspide del poder, que prometió castigo y destitución. Paso siguiente, presentó una denuncia penal contra la misma a través de la Ministra de Seguridad. La denuncia de Patricia Bullrich, recayó en el juzgado de la inefable María Servini, que ante el caso similar de las protestas por la ley Bases, tardó meses en liberar a los detenidos. Los jueces no tienen ni ejército ni fuerzas policiales significativas. Allí está su poder, el verdadero poder, el de respeto de la división de poderes republicanos, algo que no le gusta a los autócratas. El valor del sistema republicano se advierte cuando las decisiones de los tribunales, a pesar de no tener éstos ejércitos propios ni fuerzas policiales significativas, son respetadas tanto por los ciudadanos y especialmente por los ostentan el poder del estado. Se esté o no de acuerdo. Tanto está mimetizada la administración Milei con los popes del norte, que hasta hablan casi parecido. Por ejemplo, el vicepresidente Vance dijo que “los jueces no tienen permitido controlar el poder legítimo del Ejecutivo”. La más alta jerarquía en el control fronterizo de los Estados Unidos, un burócrata, recargó: “no me importan lo que piensen los jueces, no me importa lo que piense la izquierda”. Cualquier coincidencia no es casualidad. Milei y Trump, identifican el pensamiento distinto con la izquierda (los zurdos hdp) y se creen con derecho a cancelarlos. Dentro de los zurdos hdp también están los jueces que deciden en contra de los intereses libertarios. Punto.
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