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Parana » APF
Fecha: 24/03/2025 10:30
El intendente de Santa Elena sostuvo que el video donde se ve al ex secretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider, manipulando en su despacho grandes sumas de dinero "muestra de manera innegable lo que siempre sospechamos: un manejo impune de recursos dentro de la Casa de Gobierno.". Al respecto, apuntó directamente al Procurador General Jorge García por haber cerrado la causa sin haberla investigado. lunes 24 de marzo de 2025 | 9:53hs. "El video de Kueider muestra de manera innegable lo que siempre sospechamos: un manejo impune de recursos dentro de la Casa de Gobierno. Muestra a altos funcionarios manipulando grandes cantidades de dinero en efectivo, con pleno conocimiento de las instituciones que deberían haber actuado. El Tribunal de Cuentas, la Procuración General y otros organismos de control fallaron por completo. En lugar de investigar, archivaron las causas. En lugar de garantizar transparencia, protegieron a los responsables. Este video deja claro que la corrupción en Entre Ríos no es un accidente, sino un sistema cuidadosamente diseñado", sostuvo Rossi en declaraciones al sitio La Caldera. Luego, agregó: "Muchos medios de comunicación, especialmente los afines a la pauta oficial, han contribuido al encubrimiento de estos hechos. Reciben pautas millonarias y, a cambio, no solo callan, sino que también desvían la atención hacia temas irrelevantes. Análisis, bajo la dirección de Daniel Enz, ha sido uno de estos medios. Su silencio o minimización de las irregularidades demuestra cómo la maquinaria mediática opera en complicidad con el poder político. En vez de investigar, se convierten en escudos que protegen a los responsables y perpetúan el sistema". "El Tribunal de Cuentas y otros organismos simplemente no han funcionado. Estos entes están destinados a garantizar el uso correcto de los recursos públicos, pero en Entre Ríos no cumplen esa función. En cada caja, en cada organismo, se repite el mismo patrón: contrataciones irregulares, manejo opaco de fondos, desvío de recursos. La designación de Diego Lara como presidente del Tribunal de Cuentas fue una clara señal de que había mucho que tapar. Lara, que ya había sido denunciado como legislador por cobrar contratos de empleados, terminó en un lugar donde debería haber control y transparencia. Nada de esto es accidental: las causas contra figuras como él quedan archivadas o no generan actividad judicial alguna, porque se protege a quienes están alineados con el poder de turno", añadió. En esa misma línea, puntualizó: "La corrupción ha dejado un impacto devastador. IOSPER, IAFAS, Sidecreer, el Instituto del Seguro y otras entidades que deberían estar al servicio del pueblo han sido saqueadas durante años. En cada una de estas cajas se han encontrado irregularidades, contratos truchos, y desfalcos que han afectado directamente a los entrerrianos. Cuando los recursos son desviados para mantener a una elite corrupta, los ciudadanos son los que pagan el precio: peores servicios, menos obras públicas y un deterioro generalizado de las instituciones". "Entre Ríos necesita un punto de inflexión, un momento en el que la sociedad diga “basta”. No podemos seguir aceptando un sistema donde no funcionan ni los organismos de control ni la justicia. Este es el momento para un ‘NUNCA MÁS’ de la corrupción. Cada caja saqueada, cada denuncia ignorada y cada institución comprometida debe servir como una lección para construir un futuro diferente. Este no es solo un llamado a la justicia, es un llamado a la dignidad colectiva de los entrerrianos", acotó. Por otra parte, afirmó que el Consejo de la Magistratura "debería ser un garante de la transparencia y del mérito en la selección de jueces y fiscales. Sin embargo, en su configuración actual, está compuesto por los mismos actores políticos y judiciales que deben ser controlados. Las organizaciones civiles que participan no son representativas y su selección no es clara. En vez de reflejar pluralidad, terminan siendo sellos de goma al servicio del poder. Este Consejo necesita una reforma profunda para que sus decisiones respondan a los intereses de la ciudadanía y no a los de los grupos de poder". En sintonía, consideró que una reforma constitucional "sería la base para reestructurar las instituciones provinciales. Esto incluye establecer una legislatura unicameral, diseñar mecanismos de control ciudadano más efectivos y transparentes, y garantizar que los jueces y fiscales sean seleccionados de manera justa y periódicamente evaluados. La reforma no es solo una cuestión técnica, es un cambio cultural e institucional que busca recuperar la confianza pública y establecer un sistema donde la corrupción no tenga lugar". "La ciudadanía tiene que ser protagonista. No podemos esperar que el cambio venga de quienes están cómodos en el sistema actual. Los entrerrianos deben exigir transparencia, justicia y reformas. Este es un momento decisivo: si la gente se mantiene activa y vigilante, será posible presionar para que se implementen cambios reales. La transformación de las instituciones no ocurrirá sin una ciudadanía comprometida que haga oír su voz y exija rendición de cuentas", consideró. "El primer paso es reconocer que el sistema actual ha fracasado. Las instituciones deben abrirse al escrutinio público, los organismos de control tienen que funcionar y la justicia tiene que actuar con independencia. Pero más allá de eso, es necesario un compromiso colectivo. Este no puede ser solo un esfuerzo de unos pocos; tiene que ser una lucha de toda la sociedad. La corrupción no puede ser tolerada como algo “normal”. Solo cuando todos los actores –ciudadanía, medios, organismos de control y justicia– trabajen juntos, podremos construir un Entre Ríos donde las instituciones sirvan realmente a la gente y no a las mafias", concluyó. (APFDigital)
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