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Parana » Uno
Fecha: 24/03/2025 06:42
La obra social entrerriana pretende limpiar irregularidades, ordenar las cuentas y conveniar con los prestadores un plan médico asistencial propio del Iosper Las demandas y necesidades sanitarias de la población crecen continuamente. Ante el avance de nuevos tratamientos y tecnologías y evidencias que mejoran la calidad de vida, aumenta la expectativa sobre el sistema de salud que pretende ser eficaz, equitativo, eficiente y efectivo. A eso, el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos ( Iosper ) le suma otros objetivos. Transparencia, administración responsable de los recursos financieros y compromiso con el afiliado. Puntos que, según repitieron en varias oportunidades los flamantes interventores, no se cumplieron durante la última gestión del organismo. La lupa en los números Los ojos están puestos en la administración de Fernando Cañete, expresidente del Iosper. El Tribunal de Cuentas detectó que hace “aproximadamente cuatro años” el Iosper no colabora con los pedidos para su control, lo que llevó a intimaciones y apercibimientos de multas, con numerosos fondos públicos sin la correspondiente rendición. También detectó licitaciones sin las publicaciones obligatorias y sin intervención previa de la Contaduría General. ¿Por qué no se destapó antes? Un caso particular fue la compra de 23.400 bolsones de pañales por más de 5.600.000 de pesos sin –aún hoy– tener constancias de que fueron recibidos y distribuidos. Otro, el pago a empresas intermediarias mediante facturas por servicios de terceros con un presunto sobreprecio del 55%. El Tribunal recolectó irregularidades en el cobro de coseguros y créditos asistenciales, y puertas adentro con pagos de adicionales y viáticos, e incompatibilidades de personal contratado con cargos políticos. Por ejemplo, un gerente viajaba los lunes desde Corrientes y volvía los jueves, cobrando su salario, más los gastos del auto oficial y el hotel que utilizaba. Contratos y compras Presuntos sobreprecios en insumos médicos de hasta 60%, viáticos sin la rendición correspondiente, contrataciones y convenios con prestadores fuera de la provincia, pagos anteriores a la firma de los contratos, y numerosas compras directas sin constancias documentales, fueron otras irregularidades detectadas. Pero entre las auditorías internas hubo un relevamiento del personal: cerca de un centenar de empleados no tenían una tarea asignada, no tenían ficha o no concurrían a los lugares de trabajo. Según el balance del 2023 –aún no fue publicado el del año pasado–, el Iosper contaba con unos 450 empleados, de los cuales la mayoría se encontraba con contrato de locación de servicio y de obra. Iosper.jpg Si bien en un principio se resolvió no renovar un total de 111 contratos que finalizaban el último día de febrero, el desorden administrativo denunciado obligó a otra revisión, y los despedidos fueron 90. Entre quienes no fueron renovados denunciaron que hubo maniobras irregulares y que se los había eliminado del control de ingreso, por lo que no podían marcar su jornada laboral. Otras auditorías se posaron en los sobreprecios en prótesis y medicamentos, principalmente. El balance del 2023 detectó que los gastos en farmacia representaban el 41,40% del total de gastos específicos, y que año a año mantenía una tendencia in crescendo: ese lapso creció un 139,04%, más de 13.400 millones de pesos (o 16.6 millones de dólares al cambio oficial de ese entonces). De 2013 a 2023, los gastos en medicamentos pasaron de representar el 27,06% a ese 41,40%. La devaluación a principios de la gestión del presidente Javier Milei impactó en las arcas del Iosper, con un aumento de cerca del 250% en prótesis y elementos ortopédicos al tener sus precios dolarizados e importados. Ese año, el 7% de los medicamentos consumió aproximadamente el 59% del presupuesto. A las justificaciones del último balance de Cañete, la intervención de la obra social le agregó la comparación con precios de medicamentos genéricos y la sorpresa fue millonaria. Las recetas de los profesionales establecían la compra de ciertas marcas que tenían un valor exorbitante cuando se lo comparaba con el medicamento genérico. “Valía 10 y se pagaba 100”, comentaron desde el organismo. Hasta hubo casos en los que se facturaban medicamentos de marca, pero a los afiliados se les entregaban los genéricos. Para evitar caer en los mismos resultados, trabajarían en buscar la forma de que el afiliado consiga la misma droga, con la misma evidencia científica pero a menor costo. Tendrá el desafío de coordinar con las farmacias y con los médicos que emiten las recetas. Iosper 1.jpg Coberturas especiales La Ley provincial 9.891 y el Programa Integral de Discapacidad apunta a la accesibilidad con tendencia a la cobertura integral. El último balance reconoció que el Iosper brindó cobertura a 9.319 afiliados registrados con Certificado Único de Discapacidad (CUD), representando el 26,68% del presupuesto prestacional total (PPT) del 2023. Asimismo, otros 10.105 afiliados recibieron cobertura del 100% de las prestaciones por las conocidas como “Leyes Especiales”. Se trata de normas como la Ley de Obesidad, Ley de Salud Sexual y Reproductiva, de Trasplantes, ley de identidad de Género y la Ley de Fertilización Asistida, abarcando el 28,07% del PPT del Iosper para ese ciclo. Entre ambos puntos, representan casi el 55% del presupuesto. El dilema surge en el financiamiento: cómo afrontar las coberturas sin otro ingreso más que el del aporte de sus afiliados. La obra social recibe un aporte del 9% de los ingresos de los trabajadores activos (el empleado aporta un 3% y el Estado el otro 6%), y del sector de Jubilados y Pensionados recibe un 5%. Aseguran que las coberturas “no se va a tocar” y que continuarán abonando lo necesario, aunque no se descarta la delegación del pago a otros organismos con competencia en la materia. Otra cuestión similar surge con las prestaciones otorgadas por mandato judicial luego de la presentación de amparos, que obligan a una cobertura mayor a la normatizada. La “industria del amparo”, como lo calificó meses atrás el interventor, Mariano Gallegos. El problema se expandió con la aprobación de una ley que multiplicó el valor del jurista, que es la medida por la cual se fijan los montos que deben cobrar los abogados en sus diferentes litigios, entre ellos los amparos de salud. Aquí el objetivo será evitar llegar a esta instancia. Una opción que se baraja tendrá que ver con avanzar en un trabajo en conjunto, incluso hasta con una Junta Médica. Nuevo convenio Para las Federaciones, Colegios y prestadores médicos, uno de los principales –sino el principal– ingreso proviene de los servicios realizados a los afiliados del Iosper. El pago se estableció a 60 días, pero en algunos casos lleva un atraso de hasta cuatro meses, lo que llevó a un proceso de regularización que continúa en marcha. Tener previsibilidad y cumplimiento aparecen como los requisitos demandados por los prestadores. En ese sentido, el Iosper pretende establecer un convenio macro que permita regularizar los procesos de pago y reintegros con “claridad”. Para eso, apuntan a un plan médico asistencial con un nomenclador de prácticas y médicos habilitados. Y que los ajustes de precios y cobros estén anclados a los ingresos de la obra social: las paritarias estatales.
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