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» Diario Cordoba
Fecha: 24/03/2025 04:46
El número de niños protegidos por la Junta de Andalucía en Córdoba, que son aquellos cuya tutela asume la Administración por hallarse en situación de desamparo en sus familias, aumenta en los últimos años. En esta línea, al cierre de 2024 eran 476 menores de edad, lo que representa una subida del 6% respecto a un ejercicio, 2023, donde ya creció de forma leve. Estas son las cifras facilitadas por el servicio de Protección de Menores, cuya responsable, Blanca Arcos, también detalla que en 2014 había más niños tutelados en la provincia, en concreto 494, pero en estas cifras pueden incidir diferentes circunstancias como la llegada de menores extranjeros no acompañados («prácticamente, ahora no están entrando y antes podían llegar 20 menores a la vez», explica) o los propios recursos del servicio, que en los últimos años ha sufrido una «falta de personal» con la que se habrían instruido menos procedimientos y, por tanto, se habría incrementado la lista de espera. En los dos últimos ejercicios se ha reforzado el personal, aunque todavía no se ha cubierto la relación de puestos de trabajo, según detalla. Del total de menores tutelados en la actualidad, 162 se encuentran acogidos en centros y el resto conviven con familias que pueden ser su familia extensa o ajena. También pueden tener un acogimiento familiar de urgencia, una medida utilizada, principalmente, con los niños más pequeños. En línea con el «aumento progresivo» de menores tutelados, que Blanca Arcos relaciona con los niños y niñas españoles, la Junta de Andalucía prevé ampliar la red de recursos de acogimiento residencial con dos centros más de acogida inmediata que serían concertados. Ahora dispone de 12 centros en la provincia de Córdoba. Tres de ellos son propios y tienen programas de acogida inmediata y residencial básico. Cada uno cuenta con capacidad para 25 niños. En cuanto a los nueve centros concertados, cinco trabajan con un programa residencial básico (ocho plazas); el sexto aborda el conflicto social (10 niños) y otro atiende los problemas de conducta (ocho niños). Inclusión social dispone, asimismo, de un centro para 11 menores desamparados con necesidades educativas especiales, en tanto que un último centro trabaja la inserción sociolaboral de hasta 24 menores extranjeros no acompañados. Acerca de este recurso, destinado a adolescentes de 16 años o más, la jefa del servicio de Protección de Menores celebra los buenos resultados que se obtienen: «Están saliendo todos trabajando». Desprotegidos en casa Blanca Arcos detalla que Protección de Menores declara a los niños en desamparo cuando valora que «están en una situación de desprotección en su casa. Tiene que haber desprotección tanto por parte del padre como de la madre, si hay desprotección de uno solo, el progenitor protector debería solicitar el cambio de guardia y custodia en el juzgado», precisa. Al hilo de las últimas noticias sobre delitos cometidos, presuntamente, por menores, subraya la necesidad de diferenciar entre los centros de protección y los de reforma. Así, sobre los niños y niñas tutelados, afirma que «han tenido que ser sacados de sus casas porque estaban en desprotección, pero estos niños no han hecho nada, llevan una vida normal. Tienen su médico, su centro educativo, su paga y sus salidas». Todo ello, en función de las circunstancias personales de cada uno. Síntomas de maltrato Esta profesional abunda en que «la gran mayoría viene con los síntomas de la situación de maltrato que ha sufrido, no con problemas de conducta ni patologías psiquiátricas». «El gran grueso de los niños que están en acogimiento residencial no da ningún problema, son niños totalmente normalizados», reivindica. Sin embargo, también admite que «los chicos que vienen mal, vienen peor. Cada vez llegan con más patologías psiquiátricas. Como se ha invertido mucho en la prevención, muchas veces se agota mucho el ámbito comunitario y el niño está más dañado». La otra cara de este trabajo es, no obstante, que «hay menores que gracias a esa intervención de los equipos de tratamiento familiar no llegan a las medidas de protección», aclara. El objetivo último es que los niños regresen con sus padres. «Cuidamos a los menores e intentamos trabajar con la familia para posibilitar que el niño vuelva. El porcentaje de los que vuelven no es muy alto, pero los hay», valora. Este reto «es complicado», recuerda, por circunstancias como el desempleo de los progenitores o la presencia de discapacidades, enfermedades mentales, adicciones y problemas de violencia de género en la familia. «Muchas veces, los padres vienen de familias desestructuradas y es complicado para ellos», afirma la jefa de Protección de Menores. Suscríbete para seguir leyendo
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