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» El Ciudadano
Fecha: 24/03/2025 03:56
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Rosario advirtió que lejos de fijar fecha para inicio del juicio oral y público de la causa por crímenes de la dictadura que se conoce como Laguna Paiva II, el Tribunal Oral 1 de Santa Fe, integrado por los jueces Osvaldo Facciano, Mario Gambacorta y Elena Beatriz Dilario, “demoran injustificadamente el traslado a cárcel común de un genocida que violó el beneficio de la prisión domiciliaria”. Se trata de Oscar Valdez, abogado y ex policía de Santa Fe, condenado a prisión perpetua por homicidios en la causa por crímenes de lesa humanidad “Balla”, y además imputado por más de 10 hechos en la causa de Laguna Paiva II. En julio de 2024, el represor fue encontrado paseando en su auto, burlando así el beneficio de la prisión domiciliaria, “como si fuera un ciudadano común y no un genocida condenado e imputado por crímenes contra la humanidad”, señaló APDH Rosario. A instancias de la Fiscalía y la querella de la APDH se revocó la prisión domiciliaria, supeditando su efectivización a que sea revisado el caso por la Cámara Federal de Casación Penal. En diciembre pasado Casación confirmó que se debía revocar el beneficio de la prisión domiciliaria, pero dejó en suspenso la medida hasta tanto el cuerpo médico forense dictaminara si Valdez estaba en condiciones de ir a la cárcel común. A fines de febrero de 2025 médicos forenses del Poder Judicial de la Nación resolvieron que el represor condenado estaba en condiciones físicas de ir a una celda para cumplir la pena. Pero sigue en su domicilio: “Ya ha transcurrido un mes de que la Justicia federal de la ciudad de Santa Fe se encuentra en condiciones de enviarlo a un penal al cuidado del Servicio Penitenciario, y nos preocupa la demora sin justificación que demuestra los privilegios de este tipo de imputados”, denunció la APDH. Ante el inaudito retraso en su traslado y el peligro de que el mismo se fugue frustrando el futuro juicio, el equipo jurídico de la APDH Rosario solicitó “de forma urgente el traslado a cárcel común del represor”. “En este camino por romper la impunidad del terrorismo de Estado, continuamos acompañando a sobrevivientes y familiares, reafirmando una vez más, que el único lugar para un genocida es la cárcel común. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos», concluye el comunicado de prensa de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. La causa Balla La causa Balla lleva el apellido de Jorge Alberto Balla, uno de los nueve militares y policías que recibieron condenas por delitos de lesa humanidad en 2019. Junto a Balla, condenado a prisión perpetua, fueron sentenciados a la misma pena Luis Gómez y Ramón Recio; en tanto que recibieron condenas a 15 años de prisión Luis Bellini (hoy fallecido), Luis Gómez, Raúl Giménez y Rubén Vázquez. A 12 años de prisión resultaron condenados Ricardo Brunel y Rolando Martínez (hoy fallecido). El noveno condenado es Oscar Alberto Cayetano Valdez, quien revistó en el Departamento de Informaciones D2 de la Policía de Santa Fe desde 1975 hasta 1984. Según informa el sitio juiciosdelesahumanidad.ar, en el juicio se investigó y condenó la responsabilidad de los imputados en cuatro operativos represivos desplegados por fuerzas conjuntas de Ejército y Policía. En el primero, perpetrado el 6 de octubre de 1976, fueron asesinados dos militantes peronistas. El segundo se cometió el 27 de octubre de 1976: ese día fue asesinado Luis Goicoechea y se secuestró a Eduardo Almada y Mario Daniel Rossler, víctima luego de múltiples y reiterados tormentos. Todos eran militantes peronistas. El tercero tuvo fecha el 3 de enero de 1977, y fueron asesinados dos militantes de montoneros por disparos de armas de fuego, y granadas arrojadas por personal policial del Comando Radioeléctrico. El cuarto hecho, cometido el 19 de enero de 1977, es conocido como la Masacre de Ituzaingó y Las Heras, donde fueron asesinados cuatro militantes peronistas, y también murió una vecina que residía en una propiedad contigua a la vivienda atacada. En la casa sobrevivieron ocultos los niños Ramón y Hernán Ziccardi, quienes fueron querellantes en el juicio.
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