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» SL24
Fecha: 23/03/2025 15:20
Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp El Juzgado de Familia de San Lorenzo rechazó el recurso de revocatoria presentado por Gastón Maximiliano Acuña y Alberto Gastón Iglesias, dos hombres condenados por abusos sexuales y violencia intrafamiliar en Puerto Gaboto, y confirmó que no podrán regresar al pueblo. El fallo, firmado por el juez Marcelo Escola, ratificó la medida cautelar que les impide acercarse a menos de 200 kilómetros de la localidad y de las víctimas, con el objetivo de proteger a las denunciantes y evitar su revictimización. Según el abogado de las víctimas, el doctor Sebastián Darrichón “la resolución judicial fue considerada un precedente sin antecedentes en la provincia, ya que reconoce que, aun después de cumplida la condena, la violencia contra las víctimas persiste si los agresores vuelven a convivir en el mismo entorno”. Una decisión clave en defensa de las víctimas El caso tuvo su origen en la denuncia de Bianca, Yasmín, Iara, Vanesa y Martina, quienes relataron los abusos sufridos a manos de Acuña e Iglesias. Como resultado, el juzgado dictó en mayo de 2024 una medida de restricción que les prohibía el regreso a Puerto Gaboto una vez cumplida su pena. Sin embargo, los agresores presentaron un recurso de revocatoria y apelación argumentando que la medida violaba sus derechos constitucionales y carecía de fundamentos razonables. Alegaron, además, que no habían cometido nuevos hechos de violencia tras recuperar la libertad. Mirá también Pullaro a diferencia de Perotti tiene en la seguridad de San Lorenzo y la región una de sus prioridades A pesar de estos planteos, el juez Escola rechazó la solicitud y ratificó la restricción, sosteniendo que la violencia ejercida sobre las víctimas no desaparece con el cumplimiento de la pena, sino que persiste en el entorno social y emocional en el que deben convivir. “Un fallo ejemplar” que protege a las víctimas El abogado de las denunciantes, Sebastián Darrichón, celebró la decisión judicial al considerarla un avance en la protección real de las víctimas de abuso. “Es una resolución que materializa el derecho a la protección de las víctimas. Muchas veces, tras la condena, quedan en un estado de indefensión, como en este caso, donde la convivencia en un pueblo pequeño hace que la violencia subsista”, explicó. Darrichón también remarcó que, al intentar regresar al pueblo, los agresores generaron un estado de crisis en las víctimas, lo que llevó a la presentación de una nueva denuncia de violencia familiar. En este contexto, la Justicia aplicó la normativa que obliga al Estado a eliminar todas las formas de violencia contra la mujer y a proteger los derechos del niño. El caso llegará a la Cámara de Apelaciones Los abogados de Acuña e Iglesias apelaron el fallo, por lo que la causa será revisada por la Cámara de Apelaciones de Rosario. Mientras tanto, la resolución de Escola sienta un precedente en la Justicia santafesina, al reconocer que la violencia contra las víctimas no desaparece una vez cumplida la pena y que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar un entorno seguro y libre de agresores.
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