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Gualeguaychu » El Dia
Fecha: 23/03/2025 05:23
El próximo 9 de abril marcará un día crítico para una de las rutas más importantes del comercio internacional argentino, ya que finalizará la concesión de la denominada “Ruta del Mercosur”. Ese día, la empresa Caminos del Río Uruguay (Crusa), que desde los años ‘90 ha gestionado los peajes y el mantenimiento de este corredor clave, dejará de operar la vía. Crusa es responsable de la administración de las rutas 12, 14 y 174, incluyendo la autopista que conecta Zárate con Paso de los Libres y el enlace con el puente Rosario-Victoria. Con el fin de la concesión, si el gobierno nacional no otorga una prórroga hasta la nueva adjudicación, la responsabilidad de gestionar estas rutas recaerá en Vialidad Nacional, organismo que actualmente carece de la infraestructura y el personal necesario para hacerse cargo de las estaciones de peaje. Dado que aún no se ha determinado quién operará las rutas, es previsible que la administración vuelva temporalmente al Estado hasta que finalice el proceso de concesión, cuya duración sigue siendo incierta. Durante este período, se espera que Gendarmería se encargue de la vigilancia de las instalaciones y que las rutas funcionen sin peajes de manera transitoria. Además del impacto laboral, con una posible pérdida de 500 empleos, otra de las consecuencias preocupantes es la afectación a los Bomberos del cuartel de Ceibas. La interrupción de la concesión de las rutas 12 y 14 significará la pérdida del apoyo que Crusa les brindaba, que incluía combustible y otros recursos esenciales para su operatividad. Estos bomberos cumplen un rol fundamental en la seguridad de la comunidad, especialmente en rutas de alto riesgo como la 12 y la 14, conocidas por su peligrosidad. Sin los fondos necesarios, su capacidad de respuesta ante emergencias se verá comprometida, lo que pondría en peligro a los habitantes de Ceibas y de las localidades cercanas. Es evidente que una jurisdicción tan extensa, dependiente del Estado Nacional, no puede sostenerse únicamente con el esfuerzo de un cuartel ubicado en una localidad de apenas 4.000 habitantes. Por ello, es fundamental que el gobierno asuma la responsabilidad de garantizar los recursos necesarios para que los bomberos puedan seguir operando con normalidad. “Las autoridades deben reconocer la importancia de este apoyo financiero y tomar medidas urgentes para evitar que el fin de la concesión resulte en una drástica reducción de los recursos destinados a los bomberos. Asegurar un financiamiento estatal equivalente al que recibían de la concesionaria permitiría una transición ordenada y evitaría que la seguridad de la comunidad se vea afectada”, mencionó un proyecto de resolución que presentó el diputado Jorge Neri Araujo Hernández, el cual busca que el Estado Nacional se haga cargo de los ingresos que dejarán de percibir los Bomberos de Ceibas, los cuales les impedirían continuar cumpliendo sus funciones. Actualmente, el proceso de concesión aún está lejos de concretarse, ya que ni siquiera se han publicado los pliegos para recibir ofertas ni se ha establecido un esquema organizativo. Ante este panorama, es imprescindible que el Estado garantice una solución transitoria que evite el desfinanciamiento del servicio de bomberos y proteja la seguridad de la población. En concreto, lo que Caminos del Río Uruguay aporta a los Bomberos de Ceibas consta del mantenimiento de dos brigadistas profesionales y entre 800 y mil litros de combustibles, lo que insume un costo total de alrededor de 4 millones de pesos; dinero con los cuales el cuartel no cuenta ni tiene los medios para poder disponer de ellos. El accionar de los Bomberos de Ceibas Reconocidos en el sur entrerriano por hacerse cargo de los accidentes e incendios acontecidos en la zona, los datos concretos remarcan la importancia que tienen a la hora de ejecutar sus funciones. Según las estadísticas oficiales, entre el 1 de enero de 2015 y el 28 de febrero de 2025, el cuartel tuvo un total de 4.397 salidas. De estas, 1.156 fueron por accidentes viales, 827 por incendios, 2 por factores climáticos, 5 por materiales peligrosos, 30 por rescates y 2.367 por servicios especiales. Si nos circunscribimos a los dos primeros meses de 2025, tuvieron 37 salidas por accidentes viales, 38 por incendios, 5 por rescates y 160 por servicios especiales. En lo que respecta a los tipos de incidentes, en total, en los últimos 10 años murieron 72 personas en el distrito que cubren los bomberos de Ceibas (55 por accidentes, 1 en un incendio, 10 en rescates y 6 en servicios especiales) y hubo 808 personas que resultaron heridas (777 en accidentes, 3 en incendios, 2 en rescates y 26 en servicios especiales. “Desde el primer momento que nos enteramos empecé a informar la realidad que se va a vivir a partir del 9 de abril. Las estadísticas de los siniestros viales no bajan. Desde el 1 de enero al 28 de febrero llevamos 37 intervenciones por siniestros viales y 38 por incendios, y esta es la realidad que vive Bombero de Ceibas”, afirmó en declaraciones a Ahora ElDía Marcelo Paredes, jefe del cuartel. “Es preocupante lo que estamos viviendo porque a partir del 9 de abril todo el corredor estaría a cargo de Vialidad Nacional, y el 18 de abril comienza Semana Santa, un fin de semana largo que conlleva un gran movimiento turístico. Obviamente que nosotros no podemos bancar ese monto, y lo necesitamos para asistir a a las víctimas, realizar una evacuación rápida ya sea a los hospitales de Gualeguaychú o Gualeguay. Para hacer todo eso necesitamos recursos, que por ahora los tenemos por la concesionaria del corredor, pero que dentro de 15 días ya no dispondremos más”, argumentó. Estos datos concretos permiten vislumbrar la importancia que tiene el cuartel de Ceibas y el agravante que podría significar que dejen de funcionar. Mientras se define el futuro de la concesión, es fundamental que el Estado Nacional no solo brinde apoyo temporal, sino que también trabaje en un plan a largo plazo para garantizar la sostenibilidad del servicio de bomberos. Esto podría incluir la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento o la implementación de políticas que aseguren recursos continuos para la seguridad pública.
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