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» Diario Cordoba
Fecha: 22/03/2025 04:56
Las reclamaciones al Ayuntamiento de Córdoba por la recogida neumática de basura rondan ya los 20 millones de euros y siguen acumulándose en alguno de los cuatro juzgados que las están estudiando. Desde septiembre y aunque se estima que pueden seguir creciendo, han sido unas 80 las comunidades de la zona de expansión de la ciudad los que han planteado en la vía judicial una reclamación de responsabilidad patrimonial respecto a los gastos abonados por el Plan Especial de Recogida Neumática de Residuos Sólidos Urbanos de Córdoba. Las demandantes reclaman la inversión realizada para la instalación de un sistema de recogida neumática de basura que de momento no ha funcionado en Córdoba, a pesar de que era el propio planeamiento municipal el que obligaba a instalarlo. Hasta la fecha, solo se ha celebrado una vista oral de una de estas reclamaciones en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Córdoba por una cantidad inferior a los 30.000 euros. Tipología de demandantes Entre los 80 demandantes que reclaman al Ayuntamiento hay una amplia tipología que podría subdividirse en dos grupos: según el tipo de inmueble afectado, viviendas de protección oficial y viviendas libres, y según el perfil del demandante. En este último entrarían desde comunidades de vecinos al completo de un bloque afectado, hasta demandas planteadas solo, por una parte, de esa comunidad afectada, pasando por propietarios que presentan una reclamación individual. A estas se suman las reclamaciones interpuestas por cooperativas de viviendas, promotores de viviendas y una de una junta de compensación (los propietarios de los terrenos que los urbanizaron como paso previo a la construcción de los pisos). Un vecino junto a un sistema de recogida neumática de basura. / A.J. GONZÁLEZ La diversidad de perfiles, así como la variedad de cantidades reclamadas y la ausencia de jurisprudencia previa han llevado inicialmente a descartar fórmulas como el llamado pleito testigo, que permite extender la decisión judicial adoptada en un primer procedimiento a otros procesos de idéntico objeto. En principio los juzgados tendrán que analizar caso por caso. Argumentos del Ayuntamiento El Ayuntamiento de Córdoba ha fiado la resolución de este conflicto a los tribunales, tras dejar expirar el plazo para contestar las reclamaciones en vía administrativa y descartar una vía de diálogo que se orilló en 2023, cuando la Gerencia Municipal de Urbanismo expresó su deseo de alcanzar una solución compartida con los afectados y poner en funcionamiento las instalaciones ya ejecutadas. De momento, lo que ha hecho la GMU es devolver 2,2 millones de euros en conceptos de avales y garantías que fueron depositados en cumplimiento del plan de recogida neumática de basura. En su defensa jurídica, el Consistorio sostiene que actuó correctamente y que no se le causó perjuicio a nadie. Desde el punto de vista urbanístico, defiende que se desarrollara el sistema a través de un plan especial y dice que nunca se actuó de manera arbitraria, tampoco cuando se dictó en 2017 la instrucción que cambió la ubicación de una de las tres centrales de recogida de basura previstas, que incluso obtuvo el aval del Consejo del Movimiento Ciudadano. El pronunciamiento del TSJA alteró los planes municipales, pero en su defensa el Ayuntamiento insiste en que el hecho de que no haya iniciado la redacción de un nuevo plan especial "no significa que se haya renunciado a continuar" con este sistema de recogida. Aduce, por un lado, la lentitud de estos procesos, y por otro, la aprobación de una ley que ha obligado a instalar un quinto contendor en Córdoba, algo que inevitablemente también afectará a la recogida neumática por que obligaría a hacer cambios. Desde el punto de vista económico, el Ayuntamiento defiende que las urbanizaciones que disponen de este sistema "no van a experimentar una bajada de valor" por el hecho de tenerlo, y recuerda que mientras arranca o no el sistema los vecinos han dedicado los cuartos de basura a mil usos: desde gimnasios hasta salas de reuniones o juegos y porterías. También plantea que si no llegaran a emplearse la zona de válvulas en los sótanos siempre podrían usarse como trasteros. Entre los argumentos jurídicos que defiende el Ayuntamiento se expone también la idea de que la comunidad de vecinos es un ente sin personalidad jurídica que no puede reclamar el importe de una instalación que sufragó en todo caso el promotor, mientras que la red de tuberías fueron costes de urbanización que asumieron las juntas de compensación. Niega que el supuesto sobrecoste de ese sistema supusiera una subida en el precio de la vivienda, que se fija por criterios que marca el mercado y no exclusivamente por los costes de construcción. Además, insiste en que el supuesto daño alegado por los reclamantes no es cuantificable de manera individualizada. Se apela a la doctrina del margen de tolerancia, por la que se concede a la administración un margen de discrecionalidad en su ejercicio no existiendo ilegalidad si el daño ocasionado procede de la declaración de nulidad de la norma a la que se imputa la lesión (en este caso el plan especia). "El pretendido daño no es efectivo; pero que el plan especial haya sido anulado no impide a la administración redactar un nuevo texto que solvente los defectos puestos de manifiesto en la sentencia que lo anuló", argumenta en suma el Ayuntamiento. El plan El plan de recogida neumática empezó a planificarse en la década de los 2000 como un sistema moderno que evitara a los vecinos tener que llevar su basura a los contenedores y que estos tuvieran que ser recogidos por camiones hasta el complejo ambiental. Consiste en que los residuos orgánicos e inertes se trasladan a través de un sistema de tuberías hasta una central de recogida ubicada en la zona de expansión. Para la recogida de vidrio y pequeños enseres hubo que construir en los pisos unos cuartos de basura, con fachada a la calle para que tuviera acceso a ellos Sadeco. Huerta de Santa Isabel y Turruñuelos, barrios donde se instaló el sistema de recogida neumática. / Manuel Murillo La idea nació en 2005 y se modificó en 2007, pero no fue hasta 2017 cuando se retomó. En esos años, promociones de viviendas de barrios como Turruñuelos, Huerta de Santa Isabel Este o Nuevo Zoco iban incluyendo en las urbanizaciones los cuartos de recogida. La oposición vecinal terminó tumbando en los juzgados la pretensión del Ayuntamiento de construir una de las centrales de recogida debajo de una zona verde (lo hizo a finales de 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) y ahora los mismos vecinos afectados recurren a los tribunales para que la administración local les devuelva el dinero que pusieron de más para un sistema que nunca llegó a funcionar. Suscríbete para seguir leyendo
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