22/03/2025 12:23
22/03/2025 12:22
22/03/2025 12:22
22/03/2025 12:21
22/03/2025 12:21
22/03/2025 12:21
22/03/2025 12:20
22/03/2025 12:20
22/03/2025 12:19
22/03/2025 12:19
Parana » Ahora
Fecha: 22/03/2025 03:35
El juez de Garantías Nº2 de Paraná, Eduardo Ruhl, habilitó este viernes al Ministerio Público Fiscal para que avance en las pericias telefónicas, el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los 10 acusados de defraudar al Estado entrerriano a través del programa Jóvenes Emprendedores, que dependía del Ministerio de la Producción en la gestión de gobierno de Gustavo Bordet. Uno de los puntos más destacables que logró la fiscalía es que podrá acceder a los datos bancarios y fiscales de los imputados y “beneficiaros” para determinar la trazabilidad del dinero, que es la capacidad de seguir el recorrido de un flujo de fondos desde su origen hasta su destino. Esto podría darle la posibilidad a los acusadores de conocer quiénes se llevaron los millones de pesos del dinero del programa. Ruhl rechazó todos los planteos realizados por los abogados defensores de Pedro Gebhart, Cristian Klein, Claudio Rosas Vico y Alejandro Usatinsky. Los abogados Tomás Vírgala, Miguel Cullen y Luciano Legascue anunciaron que irán en apelación. Además, confirmó que las abogadas Alejandra Vergara y María Jerez pueden ser querellantes en esta etapa del proceso judicial. El juez Ruhl explicó su resolución a las partes. Investigación en marcha Este viernes el Ministerio Público Fiscal recibió un espaldarazo importante para avanzar en la investigación sobre supuestas maniobras fraudulentas vinculadas al programa “Jóvenes Emprendedores”. Este programa, destinado a fomentar el desarrollo de emprendimientos mediante créditos públicos, habría sido utilizado para desviar fondos millonarios durante el período comprendido entre 2018 y 2022. Según los primeros avances del caso, estarían involucradas autoridades de la entonces Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor, que posteriormente pasó a formar parte del Ministerio de Producción. Entre los principales acusados se encuentran quienes ocupaban cargos claves en la administración del programa: Gebhart, Klein, Osorio y Rosas Vico. La Fiscalía sostiene que estas personas habrían utilizado datos de ciudadanos sin su consentimiento para simular solicitudes de créditos que no respondían a un objeto real. Los fondos eran acreditados en cuentas bancarias y luego retirados para ser entregados total o parcialmente a funcionarios del programa o a terceras personas aún no identificadas en su totalidad. Entre los intermediarios señalados aparecen Alejandro Usatinsky, Lucila Magallanes, Matías Balbuena, Aranzazú Acosta, Paula Yonas y Pablo Frutos, quienes presuntamente se encargaban de contactar a los ciudadanos para obtener sus datos personales y montar las operaciones fraudulentas. Ruhl destacó en la audiencia que presenció AHORA que la fiscalía solicitó medidas que son esenciales para la causa, como ser peritar todo lo incautado durante los allanamientos: celulares, computadoras y documentos vinculados al programa. Además, pidió el levantamiento del secreto bancario de los implicados y beneficiarios de los créditos para conocer la trazabilidad del dinero. El juez que controla que el proceso transcurra por los camiones de la legalidad también le dio el visto bueno para que fiscalía continúe con las entrevistas que ya viene realizando y que le permitieron determinar entre otras cosas cómo funcionaba el sistema de corrupción. Fiscalía ejecutó 30 entrevistas a supuestos emprendedores que recibieron créditos. Según Badano ninguno recibió el dinero, todos fueron utilizados ya sea como prestanombres o a cambio de unos pesos. La Fiscalía estima que el perjuicio causado al erario provincial es significativo, aunque no se ha precisado aún el monto total. Se habla de 250 millones de pesos, pero podrían ser más. Se estima que hay cerca de 1.000 ciudadanos habrían sido afectados por el uso indebido de sus datos para justificar los créditos fraudulentos, enfrentando en algunos casos reclamos de deudas por préstamos que nunca solicitaron. Por otra parte, las defensas de los imputados cuestionaron la validez de algunas pruebas recolectadas. Pedían que no se realicen más entrevistas a presuntos beneficiarios porque se estaban “autoinculpando”. Sostuvieron que esas audiencias tenían que ser en presencia de un defensor. Los abogados defensores Vírgala (a la izquierda) Legascue y Cullen anunciaron que apelarán la resolución. Alegaron presuntas irregularidades en los allanamientos y el incumplimiento de protocolos internacionales como el Protocolo de Budapest, aplicado al manejo de evidencia digital. A pesar de estos planteos, el juez Ruhl señaló que la omisión de estos protocolos no implica automáticamente la nulidad de las pruebas. Cada evidencia deberá ser analizada en función de su valor probatorio y las circunstancias de su obtención. Sobre las entrevistas Ruhl dijo que el Ministerio Público Fiscal es un órgano que tiene autonomía e independencia y debe actuar dentro de sus facultades establecidas por la ley. Mencionó que los fiscales pueden resolver conflictos relacionados con los delitos y decidir si ejercer o no la acción penal en ciertos casos. Además, advirtió que los jueces o la defensa no pueden influir en las decisiones de los fiscales, ya que esto sería irregular y arbitrario. Resaltó la importancia de que las entrevistas a testigos, que son parte de la investigación, y que no requerían asistencia legal y son consideradas informales en esta etapa. Ahora mientras fiscalía continúa tomando entrevistas y pidiendo pruebas, los defensores presentaran un recurso para evitar las medidas que habilitó Ruhl.
Ver noticia original
.png)
.gif)
 (300 x 300 px).gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por