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Concordia » El Heraldo
Fecha: 21/03/2025 22:19
Según documentos oficiales, las cláusulas de confidencialidad establecidas en estos acuerdos se extienden hasta 2030, lo que mantiene bajo estricto secreto información clave sobre las negociaciones con los laboratorios proveedores. El Ministerio de Salud de la Nación, bajo la gestión de Ginés González García y luego de Carla Vizzotti, firmó acuerdos con diversos laboratorios para asegurar las dosis necesarias para combatir el virus. Entre los proveedores se encuentran Sputnik-V (Limited Liability Company “Human Vaccine”), AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinopharm, CovidShield, COVAX y CanSino. Sin embargo, los términos específicos de estos contratos permanecen ocultos debido a cláusulas de confidencialidad que, en algunos casos, se prolongan por hasta 10 años. Cláusulas de confidencialidad: ¿qué se sabe? Según información obtenida, los plazos de confidencialidad varían según el laboratorio. Por ejemplo, el contrato con Pfizer, firmado en julio de 2020, establece un período de confidencialidad de cinco años, que expiraría este año. En el caso de AstraZeneca, la confidencialidad se extiende por cinco años una vez finalizado el convenio. Por otro lado, los acuerdos con Sinopharm y CanSino incluyen cláusulas de confidencialidad que se mantendrán vigentes durante 10 años después de la firma del contrato. En el caso de Sputnik V y CovidShield, la confidencialidad se extenderá por cinco años desde la firma o hasta que se rescinda el acuerdo. Mientras tanto, el contrato con Moderna sigue siendo el más opaco, ya que el Ministerio de Salud se niega a revelar los detalles de sus cláusulas. ¿Qué información se mantiene en secreto? Los contratos protegen una amplia gama de información considerada confidencial, que incluye: Detalles de las negociaciones entre las partes. Información comercial y financiera. Documentos técnicos y científicos sobre las vacunas. Propiedad intelectual. Cronogramas de entrega de dosis. Aspectos comerciales y planes de negocios. El Ministerio de Salud justifica esta reserva argumentando que la divulgación de estos datos podría poner en riesgo el suministro de vacunas y afectar futuras negociaciones con laboratorios. Además, sostienen que la Ley de Vacunas (27.573), sancionada en noviembre de 2020, autorizó al Poder Ejecutivo a incluir cláusulas de confidencialidad en los contratos, en línea con las prácticas del mercado internacional. (Tribuno)
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