22/03/2025 23:48
22/03/2025 23:46
22/03/2025 23:39
22/03/2025 23:39
22/03/2025 23:38
22/03/2025 23:38
22/03/2025 23:36
22/03/2025 23:35
22/03/2025 23:34
22/03/2025 23:33
» Comercio y Justicia
Fecha: 21/03/2025 21:25
Por Federico J. Macciocchi * La reciente resolución del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba en el amparo ambiental promovido por los vecinos de Villa Parque Santa Ana deja un mensaje alarmante: la justicia ambiental puede llegar tarde, mal y con una firma apresurada que traiciona su propia esencia. Demora Aunque la Corte Suprema ha dicho hasta el cansancio que los amparos ambientales deben resolverse con rapidez, el TSJ se tomó media década para resolver un recurso ordinario de apelación y definir una cuestión clave. Cuando el ambiente está en riesgo, la demora equivale a negar justicia. Pero lo más curioso no es solo la tardanza, sino cómo se armó el tribunal para firmar la sentencia. “Comodín” El mismo día del fallo, un miembro del TSJ se apartó con causa. Pero en lugar de tomarse el tiempo necesario para garantizar una integración seria del tribunal, se convocó de urgencia – sin notificar a las partes- al camarista Leonardo González Zamar, quien en cuestión de minutos firmó una sentencia sobre un expediente de 48 cuerpos, cada uno con aproximadamente 200 fojas. Un jugador que entra a la cancha en el minuto 89, sin haber tocado la pelota, solo para hacer lo que el DT le ordena. ¿Qué chances hay de que haya leído y comprendido los argumentos de la apelación en ese lapso? Cero. Es la misma figura de siempre: el magistrado servil al poder, el comodín que entra en el último minuto solo para sellar lo que ya estaba decidido. Un juez sin autonomía, sin margen para cuestionar, un mero escriba de lo que el TSJ necesitaba firmar. El problema no es solo la llamativa velocidad con la que se incorporó este juez, sino lo que ello significa para la independencia judicial. Si un vocal del máximo tribunal de la provincia puede ser reemplazado en minutos por un juez que no tuvo ninguna participación previa en la causa, ¿qué seguridad jurídica se puede esperar? A pesar de que los vecinos ganaron materialmente el amparo, el TSJ dispuso que cada parte pague sus propios gastos, violando así la regla general de que quien pierde un juicio debe afrontar los costos del litigio. Si la demanda era legítima y se les dio la razón a los actores en lo que sostenían en sus defensas, ¿por qué deben asumir los costos de la pelea judicial? Esto contradice la garantía de acceso irrestricto a la justicia ambiental, generando un efecto disuasorio: quien quiera reclamar por un derecho constitucional deberá estar dispuesto a pagarlo de su bolsillo. Pero lo más insólito es que, en la misma sentencia, el TSJ impuso el pago de honorarios a los peritos a cargo del Estado y las empresas demandadas. Es decir, el Tribunal reconoce que el Estado obró mal, por eso perdió el juicio y en consecuencia debe pagar los costos de la prueba. Pero contradictoriamente, niega la aplicación del mismo principio en favor de quienes impulsaron el reclamo ambiental y les impone el pago de sus propios gastos. El mensaje Este precedente desalienta la litigación en defensa del ambiente. ¿Quién va a querer iniciar un juicio si, aún ganándolo, tiene que pagar sus propios gastos? Acceder a la justicia ambiental en Córdoba pasa de ser un derecho a convertirse en un privilegio de pocos. La demora de cinco años en resolver una apelación y la carga de costos sobre quienes defienden el ambiente hacen que el mensaje sea claro: litigar contra el Estado es ruinoso. La pregunta es inevitable: si esta es la respuesta del Tribunal Superior, ¿qué incentivo queda para que los ciudadanos se animen a reclamar? Lentitud y obediencia Lo sucedido con este fallo es un reflejo de cómo opera el Poder Judicial en Córdoba: • Jueces de Cámara dispuestos a hacer lo que el TSJ les ordene, sin cuestionar ni leer. • Un tribunal que se toma años para resolver lo que debía haberse definido en meses. • Un sistema donde acceder a la justicia ambiental puede terminar costando más caro que el daño que se pretende evitar. Cuán utópico será pensar en que algún día el TSJ nos sorprenda y falle a favor de los ciudadanos. (*) Abogado en causas ambientales. Docente de Derecho de los Recursos Naturales y Ambiental y de Derecho Público Provincial y Municipal (UNC). Presidente Fundación Club de Derecho.
Ver noticia original
.png)
.gif)
 (300 x 300 px).gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por