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Parana » APF
Fecha: 21/03/2025 18:30
Este viernes a las 13.45 el juez de Garantías de Paraná, Eduardo Ruhl, resolvió darle un fuerte impulso a la causa que lleva adelante el fiscal, Gonzalo Badano, y rechazó los planteos que realizaron las defensas de tres de los imputados de estafar y defraudar a la Administración Pública a través del incorrecto e ilegal uso del programa social Jóvenes Emprendedores. Fiscalía precisó que hay más de mil presuntas víctimas del grave accionar. viernes 21 de marzo de 2025 | 17:35hs. El juez de Garantías de Paraná, Eduardo Ruhl, resolvió este viernes a las 13.45 hacer lugar a los pedidos del fiscal, Gonzalo Badano, rechazando en consecuencias las oposiciones y planteos que realizaron los defensores, Tomás Vírgala, que asiste a Alejandro Usatinsky; Luciano Legascue, que representa a Claudio Rosas Vico; y Miguel Cullen, que hace lo propio con el principal sospechoso, Pedro Gebhart , que estaba al frente de la Subsecretaría de Desarrollo Emprendedor del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Entre Ríos, durante la gestión del ex gobernador y actual diputado nacional, Gustavo Bordet. Ruhl rechazó los planteos de las defensas que se opusieron con serios argumentos a los pedidos de Fiscalía para que se autorice el levantamiento del secreto bancario para todos los supuestos beneficiarios de los créditos y todos los imputados; el levantamiento del secreto fiscal, solo para todos los sindicados; y la realización de un informe del listado sábana de llamadas que surja del entrecruzamiento de las líneas de los sospechosos y los presuntos beneficiarios. Lo solicitó por el período comprendido entre el año 2018 y la fecha de los allanamientos que se realizaron en el inicio de la investigación. Las defensas se opusieron Las defensas se opusieron y pidieron la nulidad de los allanamientos por distintos motivos, entre los que se señaló la falta de motivación de las medidas. Vírgala criticó que se vulneró la cadena de custodia de la evidencia digital que se secuestró en dos allanamientos a propiedades de Usatinsky, en Paraná. Legascue adhirió y pidió que se excluyan cuatro entrevistas porque las manifestaciones no refirieron a ninguno de los sindicados que estuvieron representados en la audiencia, porque las alrededor 30 entrevistas que realizó la comisaria principal Galarza de la Policía las hizo sin la presencia de las defensas y porque en las cuatro entrevistas que se realizaron el 28 de febrero se advirtió que los entrevistados corrían el riesgo de auto incriminarse sin que el fiscal detuviera el interrogatorio tal como las leyes lo determinan explícitamente. Cullen insistió en la gravedad de la posibilidad de autoincriminación. Señaló que de autorizarse las medidas solicitadas por el fiscal, aquellas personas podrían tener algún tipo de participación delictual, destacando que la misma Fiscalía lo reconoce cuando pide el levantamiento del secreto bancario para todos los beneficiarios, que son muchos, para determinar cómo fueron a parar a las cuentas bancarias de aquellos las sumas que se investigan como un desfalco al erario público. Cullen resaltó que aquellas “no pueden venir como testigos”. Ruhl también rechazó la oposición a la constitución como querellantes en representación de una supuesta víctima, de las abogadas Bárbara Bergara y María Jerez. Ruhl sostuvo que si bien se trata de una particular en una causa en la que se investigan hechos en perjuicio del Estado, entendió que la denunciante tiene legitimidad porque sería víctima puesto que se habrían usado sus datos y falsificado su firma en un crédito que nunca solicitó pero que fue intimada a pagar. El caso Fiscalía investiga la presunta responsabilidad de Alejandro Usatinsky, Lusila Magallanes, Matías Balbuena, Aranzazú Acosta, Paula Yonas, Pablo Frutos, entre otros, por “las irregularidades llevadas a cabo en el otorgamiento, cobro y rendición de créditos correspondientes al Programa Jóvenes Emprendedores durante los años 2018 a 2022 por parte de las autoridades de la Subsecretaría de Desarrollo Emprendedor del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Entre Ríos (Pedro Gebhart, secretario; Cristian Klein, director de Evaluación y Seguimiento de Proyecto; Tomás Osorio, director de Políticas de Apoyo Emprendedor; y Claudio Rosas Vico, director General de Desarrollo Económico Emprendedor), posteriormente denominada Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor y ubicada dentro del Ministerio de Producción”, que funcionó durante la gestión del ex gobernador Bordet. Fuentes judiciales recordaron que por el caso hubo una denuncia que se realizó durante 2021 pero fue desestimada por Fiscalía. El caso se volvió a instalar a partir de la denuncia que en marzo de 2024 formuló, Julián Gracia, abogado a cargo de la Oficina Anticorrupción y Ética Pública de la Fiscalía de Estado. La acusación también sostiene que “en el marco de la conducta llevada a cabo por estos se habrían utilizado datos de personas que figuraban como solicitante de créditos que no tenían un objeto real, y que una vez autorizados, el dinero era acreditado en las cuentas bancarias, siendo el mismo luego retirado y entregado en forma total o parcial a funcionarios del programa o terceras personas a determinar, entre quienes se encontrarían Alejandro Usatinsky, Lusila Magallanes, Matías Balbuena, Aranzazú Acosta, Paula Yonas, Pablo Frutos, entre otros. Estos últimos eran quienes se encargaban de contactar a diferentes personas a fin obtener sus datos y tramitar las solicitudes de créditos ficticios". (APFDigital)
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