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Concordia » Diario Junio
Fecha: 21/03/2025 17:32
Actualmente, la Cláusula Décima Quinta del Convenio Específico de Cooperación, firmado en 2012 entre la Provincia de Entre Ríos, el Municipio de Concordia y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), establece que los ciudadanos deben abonar todas las multas pendientes, incluyendo aquellas emitidas en otras provincias, antes de poder completar sus trámites. Sin embargo, muchas de estas sanciones corresponden a fotomultas de dudosa procedencia, errores administrativos o infracciones ligadas a vehículos ya transferidos se explica en el proyecto de ordenanza presentado por los ediles peronistas Pablo Bovino y Guillermo Satalía Méndez. La situación ha generado numerosos reclamos por parte de los ciudadanos, quienes muchas veces no obtienen respuestas satisfactorias. Frente a esta problemática, desde el Bloque de Concejales Justicialistas sostienen que es inaceptable que el municipio imponga restricciones arbitrarias que afectan directamente la economía familiar. El proyecto de ordenanza también busca reafirmar la autonomía municipal, eliminando una cláusula que impone condiciones ajenas a la jurisdicción local. En este sentido, el bloque opositor plantea que la iniciativa permitiría garantizar un trámite más accesible y justo, priorizando los derechos de los conductores. En julio del año pasado, un informe de DIARIOJUNIO reveló la proliferación de medidas cautelares y fallos judiciales adversos que cuestionaban la legalidad de cobrar multas de otras jurisdicciones, generando un impacto en la recaudación municipal debido al pago de honorarios a abogados que representan a los demandantes. Y se recordó que Felipe Sastre había presentado un proyecto años atrás para eliminar acciones coercitivas y exigir el pago de multas dentro de un marco legal claro. Sin embargo, la iniciativa no prosperó en un Concejo Deliberante dominado por el peronismo. Curiosamente, el actual oficialismo, que en su momento impulsó esa propuesta desde la oposición, no fue el que retomó la cuestión. En los últimos años, múltiples fallos han declarado inconstitucionales las exigencias de libre deuda para la renovación del carnet de conducir, argumentando que constituyen una medida coercitiva que impide el ejercicio del derecho a la circulación. La justicia ha señalado que esta exigencia se ha extendido incluso a infracciones ajenas al tránsito, como multas por no mantener terrenos limpios, no colgar un cartel de obra o realizar fiestas clandestinas, lo que refuerza la idea de que se trata de un mecanismo recaudatorio. Mientras la normativa no sea modificada, las acciones de amparo y demandas contenciosas administrativas seguirán acumulándose, generando un impacto económico sobre el municipio. Si bien la actual gestión podría estar beneficiándose momentáneamente de la recaudación por estas multas, la creciente cantidad de cautelares presentadas ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Concepción del Uruguay sugiere que el panorama puede tornarse insostenible a largo plazo.
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