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Parana » APF
Fecha: 21/03/2025 12:30
La grave denuncia la realizó Guillermo Smaldone, imputado junto a ex funcionarios y empresarios en la causa que investiga si se pagaron coimas para favorecer a la firma Relevamientos Catastrales SA en la licitación y adquisición de un sistema de software para la Administración Pública entrerriana. En la causa están imputados el ex gobernador, Sergio Urribarri, y el empresario de nacionalidad paraguaya, Diego Armando Cardona Herreros. viernes 21 de marzo de 2025 | 12:07hs. Guillermo Smaldone realizó serias y graves consideraciones respecto de las circunstancias en que el Ministerio Público Fiscal (MPF) construyó el legajo de evidencias con el que pretende que se remita a juicio la causa conocida como Coimas, Relevamientos Catastrales o la causa del paraguayo, estos dos últimos títulos en referencia a la firma Relevamientos Castastrales SA y al origen del dueño de la firma, el empresario Diego Armando Cardona Herrero. Fiscalía sostiene que se pagaron coimas a distintos ex funcionarios de las dos gestiones de Urribarri para favorecer a la empresa en virtud de la amistad que uniría el ex gobernador, que ya fue condenado por delitos de corrupción, y en empresario. Smaldone fue el último de los imputados en formular su oposición a la incorporación de evidencia que Fiscalía pretende incorporar para producir en el debate. Previamente lo hicieron otras defensas que también expusieron lo que consideraron serias y graves irregularidades en la alongada pesquisa que comenzó a sustanciarse en 2017. Así, resta que exponga la defensa de Humberto Flores, que es asistido por Leopoldo Lambruschini, quien informalmente adelantó que no formulará oposiciones y solo presentará su legajo de evidencias. Con este escenario, la audiencia retomará el martes 25 a las 9 con las réplicas de los fiscales, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Smaldone pidió que se excluyan por ser nulos de nulidad absoluta los informes –de los que cuestionó que son pericias disfrazadas de informes para eludir posibles responsabilidades- que realizaron los peritos del MPF en lo que concierne a los abordajes que se dispusieron sobre elementos digitales secuestrados en el contexto de la investigación que Fiscalía viene realizando –ya fue remitida a juicio- sobre el presunto delito de Enriquecimiento ilícito que comprende a Urribarri, Cardona Herreros y allegados a ambos. Este punto fue cuestionado por todas las defensas porque entienden que se vulneró el derecho de defensa al incorporar sin la respectiva orden judicial y sin haber informado a los sospechosos que se estaba recabando evidencia en su contra. El imputado, que ejerce su propia defensa porque es abogado, dividió sus oposiciones en cuatro grupos. En este sentido enumeró que se le atribuye el uso de un celular oficial cuando ya no era funcionario público y adelantó que pedirá que se tomen medidas para determinar fehacientemente cómo se llegó a aquella evidencia. También cuestionó que Fiscalía sostiene que él era cercano a Cardona Herreros solo por un mail de un hotel, del que sostuvo que intentó que le aporten la misma información pero le dijeron que no la tenían, y dos mails de una empresa de viajes, pero añadió que existe en el legajo un mail al que no pudo volver a acceder, en el que constaría que el empresario consultó por el contacto de Smaldone, lo que probaría que tal cercanía no existió. El tercer grupo consistió en lo que consideró “prueba ilegal”, en referencia a informes que realizó la empleada del MPF, Stefania Dreiszigacker; y el cuarto comprendió otra evidencia considerada “ilegal” en referencia a informes –que se cuestionó que son “pericias camufladas”- que realizó el también empleado de Fiscalía, Guillermo Fritz, en el contexto de la causa por presunto Enriquecimiento ilícito que se pretende incorporar a este legajo sobre Negociaciones incompatibles y Cohecho. Smaldone denunció que Fiscalía salió “a pescar evidencia” para imputarlo. Denunció un “señalamiento” que quedó en evidencia cuando se advirtió que no fue parte de los denunciados por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, en diciembre de 2017, entre los que se encontraba el ex ministro de Economía, Diego Valiero, que luego quedó desvinculado de la causa sin que se dieran explicaciones sobre la decisión. El letrado sostuvo que Fiscalía, en esa conducta de “pescar” evidencia de cargo soslayando la de descargo, en violación del deber de objetividad que deben observar los fiscales, encontró un backup o copia de seguridad que data de 2016, un período que no es parte de la presente investigación sino de la de enriquecimiento en la que Smaldone no está imputado, en una computadora donde, “en un mar de información”, se encontró un listado de llamadas sobre las que la acusación construyó que el ex funcionario habría cobrado 36 retornos. Smaldone cuestionó, no solo la ilegalidad de la exportación de evidencia de una causa hacia la otra, sino que Fiscalía ni el perito dieron cuenta de cómo llegaron a esa información. Smaldone especuló que el perito la advirtió aunque no era parte de lo que se le solicitó peritar, avisó a sus jefes, y a partir de allí se agudizó la pesquisa respecto de él. (APFDigital)
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