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Concordia » Hora Digital
Fecha: 21/03/2025 12:03
La finalización de la concesión de CRUSA genera preocupación por la continuidad de servicios esenciales y el empleo de más de 500 trabajadores. La concesión del Corredor Vial N° 18, gestionada por Caminos del Río Uruguay S.A. (CRUSA), llega a su fin el 8 de abril de 2025. Esta concesión abarca la Autopista del Mercosur, la Ruta Nacional 174 (Conexión Rosario-Victoria) y otras vías a cargo de CRUSA. La Dirección Nacional de Vialidad ha decidido no renovar el contrato, lo que plantea interrogantes sobre el futuro de los servicios y los empleados asociados. CRUSA ha señalado que el Estado Nacional carece de la capacidad operativa y los recursos para hacerse cargo del corredor, lo que podría impactar la prestación de servicios vitales como ambulancias y auxilio mecánico. Por otro lado, Corredores Viales S.A., empresa estatal, ha manifestado su incapacidad para asumir la concesión debido a dificultades operativas y financieras. La diputada nacional Micaela Morán ha presentado un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados expresando inquietud por la falta de claridad de la DNV respecto al futuro de la concesión y el empleo de los afectados. Ante esta coyuntura, se ha llamado a una audiencia pública para la licitación del Corredor Vial N° 18, con la intención de informar las condiciones preliminares para la nueva concesión. Sin embargo, la transición genera incertidumbre sobre la continuidad de los servicios y el futuro laboral de los trabajadores involucrados. Más allá de estas cuestiones, la comunidad local manifiesta preocupación por la falta de mantenimiento de los corredores viales gestionados por CRUSA, especialmente en lo que respecta a la polémica del peaje para ingresar a Concordia. Durante años se reclamó una solución que nunca se materializó, reflejando una gestión criticada por su falta de inversión y transparencia durante la concesión. El desenlace de la concesión de Caminos del Río Uruguay parece marcar un punto de inflexión en la gestión de los corredores viales, generando incertidumbre sobre el futuro de los servicios y empleados afectados, mientras se plantea la necesidad de una transición ordenada y con garantías para todas las partes involucradas.
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