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Chajari » actualidadadiario
Fecha: 20/03/2025 21:36
Un virus en Wuhan, China, desató una pandemia que en el país se tradujo en uno de los aislamientos más largos del mundo El 19 de marzo de 2020, cuando el reloj marcó las 21:14, la Argentina contuvo el aliento. Un anuncio presidencial convertía en realidad lo que hasta entonces era solo un murmullo inquietante: el país entero debía detenerse. En cuestión de horas, las persianas se bajaron, los colectivos avanzaron vacíos, las plazas quedaron mudas. Hasta el sonido del tráfico, ese murmullo constante de Buenos Aires, se apagó. La ciudad, que nunca dormía, se sumió en un silencio inédito. Nos despedimos sin abrazos, nos encerramos con la incertidumbre y, sin saberlo, iniciamos un viaje del que nunca regresaríamos del todo iguales. “A todas las argentinas, a todos los argentinos, a partir de las 00:00 horas de mañana deberán someterse al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas”. Con esas palabras, Alberto Fernández anunciaba el inicio de “la cuarentena más larga del mundo”. Aunque estaba previsto que terminara el 31 de marzo, la curva de contagios se disparó y las medidas se renovaron una y otra vez hasta el 20 de diciembre de ese año cuando se terminó la temporada de ASPO para darse inicio a la de DISPO (Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio). La medida y el contexto mundial parecían distópicos. Se multiplicaban las noticias sobre contagios y muertes por un virus sobre el que no se sabía prácticamente nada: el SARS Co-V. Las hipótesis pendulaban entre la conspiración, la genética y lo insólito. Algunas decían, por ejemplo, que se había originado en China, y que podría haberse dado por murciélagos, pangolines y armas sanitarias creadas en laboratorios. Había pocos datos y mucha especulación. Los infectólogos tuvieron que reunirse a contrarreloj para hacer todo lo que habitualmente debe hacerse en etapas de una manera atípica: a la vez y con urgencia. Debían divulgar información, dar herramientas de prevención y estudiar y ensayar tratamientos. La ciencia arañó más de una vez la fe. El desarrollo de una vacuna podía ser la luz. Lo fue. La velocidad con la que el coronavirus se contagiaba avasalló varios protocolos científicos. Muchas decisiones debieron tomarse sobre la base de la improvisación. Prueba y error. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicados el año pasado, hasta el 10 de noviembre de 2024 fueron confirmados más de 776 millones de casos en 234 países, junto con un saldo de más de 7 millones de muertes. Las cifras son capaces de reflejar el alcance histórico de la crisis de salud y la magnitud de los desafíos políticos, sociales y sanitarios en todo el planeta. En la Argentina, según datos del Ministerio de Salud de la Nación, hasta el 31 de agosto de 2023, se registraron 10.061.739 de casos confirmados de COVID-19 y 130.568 muertes. Además, durante 2021, la tasa de mortalidad fue de 123,2 defunciones cada 100.000 habitantes, superior a la del año 2020, que fue de 71,4 cada 100.000 habitantes. La primera vez que la OMS tuvo noticias sobre el COVID-19 fue el 31 de diciembre de 2019, luego de que se reportara un grupo de casos de neumonía viral en la localidad china de Wuhan. Luego, los años 2020, 2021 y 2022 se convirtieron en los mayores con números de fallecidos relacionados con esta enfermedad. Esto se corresponde a una época en la que la inmunidad colectiva era baja y las vacunas no estaban disponibles de manera masiva. Decreto El decreto a través del cual se estableció el ASPO fue publicado en el Boletín Oficial el 19 de marzo del 2020. Se basaba en que el 11 de ese mes, la OMS había declarado “el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, luego de que el número de personas infectadas por COVID-19 a nivel global llegara a 118.554, y el número de muertes a 4.281, afectando hasta ese momento a 110 países”. También en que “la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional” requería “la adopción de medidas inmediatas para hacer frente” a esa “emergencia”. Describía, además, que el país se encontraba “ante una potencial crisis sanitaria y social sin precedentes” por lo que era “necesario tomar medidas oportunas, transparentes, consensuadas y basadas en las evidencias disponibles, a fin de mitigar su propagación y su impacto en el sistema sanitario” y que no se contaba por aquel entonces con “un tratamiento antiviral efectivo, ni con vacunas” capaces de prevenir el virus. Por todo esto, el decreto decía que “las medidas de aislamiento y distanciamiento social obligatorio” revestían “un rol de vital importancia para hacer frente a la situación epidemiológica y mitigar el impacto sanitario del COVID-19”. El ASPO implicaba que las personas debían “abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo” y no podían “desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello con el fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19 y la consiguiente afectación a la salud pública y los demás derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física de las personas”. Quienes no cumplieran con esto tomabana carácter de “infractores”. Tampoco se podían realizar “eventos culturales, recreativos, deportivos, religiosos, ni de ninguna otra índole” y se suspendía “la apertura de locales, centros comerciales, establecimientos mayoristas y minoristas, y cualquier otro lugar que requiera la presencia de personas”. Esenciales El decreto exceptuaba de estas normas a aquellos que consideraba “esenciales”. Esto incluía al personal de salud, fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, servicio meteorológico nacional, bomberos y control de tráfico aéreo. También a autoridades de los gobiernos nacional, provinciales, municipales, a algunos trabajadores del sector público y de los servicios de justicia, diplomáticos, personas que debían asistir a otras con discapacidad; familiares que necesitaran asistencia o situaciones de fuerza mayor como aquellos afectados a un funeral, un entierro o una cremación; personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos; y personal que se desempeñaba en los medios de comunicación, obra pública y algunos comercios como supermercados, farmacias, ferreterías y veterinaria. Otros individuos exceptuados de las medidas eran aquellos que formaban parte de las industrias de alimentación, higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios; de actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca; de telecomunicaciones, recolección de residuos, mantenimiento de los servicios básicos, transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles y reparto a domicilio de insumos de necesidad; servicios de lavandería, postales, de vigilancia, limpieza y guardia.
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