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» Comercio y Justicia
Fecha: 19/03/2025 19:39
El gremio docente finalmente aprobó la oferta salarial. El acuerdo se extiende hasta enero, inclusive, y asegura paz social con un sindicato siempre complejo a la hora de negociar. La propuesta, sin embargo, exigió a la Provincia ceder en diferentes puntos que se traducen en erogaciones extra que ahora también derramarán en el resto de los estatales. Urge a Llaryora acordar con Milei que -al menos- se active un goteo mensual para la Caj Por Alfredo Flury La Unión de Educadores de la Provincia (UEPC) aprobó por mayoría la propuesta salarial elevada por la Provincia y ayer mismo firmó el acuerdo que se extiende hasta enero próximo inclusive. Sin dudas se trata de un logro para la gestión de Martín Llaryora, si se considera que se trata de una negociación siempre compleja y que, con el plazo del acuerdo, se asegura paz social por todo 2025, un año electoral en el que ningún político quiere conflictos de ningún tipo, entre ellos salariales. Con todo, el acuerdo tendrá un alto costo fiscal para la Provincia. Sucede que, más allá de los importantes incrementos obtenidos por la UEPC que le aseguran una recuperación real del salario, también suma beneficios para los jubilados por la suba del piso del diferimiento y también en el artículo 58 referido al Aporte Solidario. Todas esas mejoras derramarán en el resto de los gremios estatales. Los puntos del acuerdo El convenio firmado ayer mismo entre las autoridades de UEPC y del Ejecutivo incluye el período febrero de 2025 a enero de 2026. En cuanto a los salarios, se contemplan aumentos bimestrales desde febrero hasta septiembre, adelantando inflación. En la práctica, la medida se traduce en una mejora para febrero de siete por ciento; cinco por ciento para abril; tres por ciento para junio, y tres por ciento para agosto, acumulativos sobre el mes anterior. En todos los casos, la mitad del aumento es remunerativo y bonificable y la otra mitad será no remunerativo los dos primeros meses, y el tercer mes pasa ese porcentaje a remunerativo y bonificables sobre todos los ítems. A partir de octubre, se revisa la inflación acumulada al mes anterior y se aplica la pauta -con carácter remunerativo y bonificable- que corresponda para garantizar el 100% del IPC. También se garantiza la compensación por pérdida del Fonid hasta enero, inclusive, con actualización por el 100% del IPC del mes anterior. En paralelo, se liquidará una suma no remunerativa, por única vez, de $100.000 por agente y a las 20 horas cátedra ($100.000 por cargo y $5.000 por hora cátedra). El acuerdo incluye el blanqueo del complemento no remunerativo en etapas. Al mismo tiempo, se continúa con la jerarquización salarial de los cargos directivos, hoy de 80 mil pesos, aumentando en 150.000 en marzo, el monto mensual del complemento que perciben. Ese monto ($230.000) se actualizará a partir de abril de acuerdo a la variación de la pauta salarial acumulativo. Jubilados En cuanto a los pasivos, para el cálculo de la movilidad se aplica pauta salarial remunerativa de activos en los meses que corresponda. Además, percibirán 8,2% acumulativos correspondiente a los blanqueos de las sumas no remunerativas de los activos según los meses en que se produzcan. Continúa la Compensación Fonid con actualización según 100% IPC del mes anterior hasta enero 2026. Se incrementará el haber de corte para diferimiento: a $1.250.000 a partir de mayo. El haber jubilatorio mínimo será de $210.000 a partir de abril. La aplicación del Art 58 será a partir de $1.260.000. Ese cambio beneficia a quienes cobran dos prestaciones y su recaudación se destina al denominado Fondo Solidario. Por lo demás, también se actualizarán los valores de las asignaciones familiares según el IPC, medida que se traduce en un alza de 45%. En cuanto al Fosaet, el fondo específico que incrementaba alícuotas a los activos para financiar al Apross, se suspende hasta junio inclusive. Días de paro Respecto del descuento por los paros concretados por los docentes, el gremio exigió que sean restituidos aunque ese punto aún no quedó firme. Impacto Más allá del acuerdo alcanzado por Llaryora que puso fin a un conflicto que derivó en dos paros y siempre supuso el escollo más importante a la hora de negociar con los estatales, el punto ahora es ver cómo hará para afrontar el costo fiscal de la propuesta. Si bien ningún funcionario de la Provincia accedió a hablar con Comercio y Justicia, fuentes consultadas indicaron que sólo por el acuerdo salarial logrado por los docentes, la Provincia deberá erogar unos 15 mil millones de pesos extra. Con todo, el dato no fue confirmado por las autoridades competentes y tampoco a qué corresponde ese monto. Hay un punto que no es menor. Los ingresos de la Provincia vienen registrando mejoras reales, tanto la coparticipación como la recaudación propia. A propósito, ese último dato, esto es el de marzo, aún no fue difundido. El sentido común indicaría que la Provincia evitó hacerlo público para no “dar letra” a los docentes en su objetivo de obtener una mejora mayor, considerando que muy seguramente mostró números positivos. Firmado el acuerdo, es de esperar que el Ejecutivo libere esa información. En ese marco, la mejora en los números de la recaudación le otorgan a Llaryora un margen para atender los aumentos salariales y cumplir aquella promesa del año pasado, cuando dijo que los haberes de los agentes públicos iban a recuperar poder adquisitivo cuando la situación fiscal cambiara. Sin embargo, las obligaciones que tiene la Provincia no se circunscriben sólo a los salarios. Hay otras erogaciones que atender, entre ellas la inversión social, en infraestructura y la cancelación de vencimientos de deuda. En paralelo y respecto a los jubilados, las subas de los pisos del diferimiento y los cambios de los montos para quedar alcanzados por el Fondo Solidario del artículo 58 de la Ley 10.694, tendrán un impacto importante. Más aún en un contexto en donde la Caja de Jubilaciones afronta un déficit creciente. En ese marco, urge a Llaryora cerrar un acuerdo con Milei en el marco del programa de compensación de deudas y acreencias mutuas entre Nación y provincias. Días atrás, el Gobernador y el ministro Acosta se reunieron con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. Tras el encuentro, el funcionario nacional destacó el avance en las negociaciones para alcanzar un acuerdo entre las partes. Con todo, fuentes del Ejecutivo consultadas por Comercio y Justicia aseguraron que aún se está lejos de llegar a un entendimiento. En todo caso y en función de las urgencias de Llaryora, lo más probable es que un primer paso incluya que se destrabe el cepo de envíos mensuales a la Caja de Jubilaciones. “No hay chance de cerrar un acuerdo por la deuda, al menos en el corto plazo. La hipótesis de mínima es que la Anses retome los giros mensuales a la Caja”, graficó la fuente. Esos giros fueron suspendidos en enero de 2024, a poco de la asunción de Milei. Previamente, la Caja recibía 1.072 millones de pesos mensuales, un monto irrisorio y congelado desde hacía tres años por parte de la Nación. “Si nos activan los envíos mensuales, al menos de $4 mil millones o $5 mil millones, ya sería un gran avance”, explicó el informante quien sin embargo dijo que ese monto, más allá que no sea el que correspondería, sería un valor arbitrario. En cualquier caso, permitiría a la Caja volver a contar con algún ingreso de Anses y morigerar el costo fiscal de las nuevas medidas para los estatales.
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