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» El siglo web
Fecha: 19/03/2025 10:57
Los bonos habían sido emitido en los 90, en el marco del Plan Brady. Con el aval de la justicia estadounidense, el fondo Attestor Master Value embargó y ejecutó los fondos argentinos radicados en la Reserva Federal de Nueva York. En 2013, Stuzenegger fue procesado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública por el “Megacanje” de deuda de 2001. Junto con Domingo Cavallo, firmó el Decreto 648/01 que habilitó la operación del “Megacanje”, que consistió en un canje de bonos para retrasar los plazos de pago de la deuda a cambio de un importante incremento en los intereses. El proceso de renegociación de la deuda debe remontarse al mal llamado Blindaje (2000) y al Megacanje (2001) llevados adelante por el gobierno de la Alianza, con el estricto seguimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI). Ambos planes fueron presentados por los funcionarios de entonces como “salvatajes”, pero resultaron un gran negocio para bancos, financistas y las ex AFJP. Los protagonistas principales fueron José Luis Machinea, Domingo Cavallo, Daniel Marx y Federico Sturzenegger. El Estado argentino perdió US$209 millones dólares tras la ejecución de un embargo realizado por acreedores de bonos emitidos a principios de la década del 90 a través del Plan Brady y luego defaulteados en 2001. La orden judicial se ejecutó en el marco de un juicio radicado en Nueva York en el juzgado de la magistrada norteamericana Loreta Preska. Preska avaló la ejecución de activos estatales argentinos después de que en enero la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara la apelación del país. En consecuencia, el fondo Attestor Master Value informó que tomó posesión de estos activos en compensación por la deuda impaga. El embargo se realizó sobre fondos depositados en la Reserva Federal de Nueva York, correspondientes al colateral de los Bonos Brady, que vencieron en 2023 tras haber caído en default en 2001. Según explicó en la red social X el analista Sebastián Maril, especialista en litigios contra el Estado argentino, la decisión de Preska se fundamentó en la imposibilidad del país de revertir el fallo adverso en instancias superiores. Attestor forma parte de un grupo de ocho fondos buitres que aún tienen fallos favorables impagos por un total de US$ 460 millones y que se negaron a entrar en los canjes de deuda de los Gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Con la ejecución de estos US$ 209 millones, el saldo pendiente por este litigio se redujo a US$ 251 millones. El caso se suma a otro antecedente reciente: el mes pasado, bonistas que demandaron a Argentina en Londres por el pago del cupón PBI lograron ejecutar una garantía de US$ 325 millones, que el país había depositado como colateral en su intento por apelar ese fallo. Por otra parte, Bainbridge Fund, otro acreedor con reclamos similares, intentó sumarse al embargo de los Bonos Brady. Sin embargo, Preska rechazó su pedido de congelar todos los fondos y sólo permitió avanzar sobre US$ 100 millones. Con este nuevo golpe judicial, Argentina enfrenta mayores dificultades en su intento de cerrar frentes legales abiertos en el exterior, mientras continúa buscando financiamiento en los mercados internacionales. El origen de los Bonos Brady En 1992, durante el Gobierno de Carlos Saúl Menem, Argentina ingresó al Plan Brady, ideado por el secretario del Tesoro estadounidense, Nicholas Brady, en el marco de una crisis financiera por deuda contraída por el país con bancos comerciales. A través de este plan, el Gobierno menemista emitió bonos garantizados con otros bonos cupón cero expedidos por el Tesoro de los Estados Unidos. El objetivo del secretario norteamericano era la reducción de la deuda para facilitar los cobros a los acreedores externos a cambio de gravosas condiciones al Estado argentino. De acuerdo a lo afirmado en ediciones anteriores en PERFIL por el especialista en deuda externa, Alejandro Olmos Gaona, “el Plan Brady es el ejemplo de muchos de los sometimientos del Estado a los grupos financieros, que establecieron las cláusulas a las que debía someterse el Estado, y además lo obligaron a renunciar todos los derechos que lo asistían como Nación soberana, a los efectos de impedir que, en caso de conflicto, la Argentina pudiera hacer uso de los mismos ante los tribunales internacionales, donde iban a estar sometidos todo aquello relacionado con tales bonos”. “Pero además de tales renuncias, el Gobierno argentino ante las exigencias del FMI y el Banco Mundial se comprometió a privatizar todas las empresas públicas, modificar la legislación laboral y privatizar el sistema jubilatorio, además de efectuar un plan de racionalización administrativa en todos los organismos del Estado”, agregó Olmos Gaona.
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