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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 19/03/2025 10:36
El vallado frente al Congreso Nacional comenzó a montarse el martes. Foto: NA La marcha convocada para esta tarde a las 17 frente al Congreso de la Nación estará rodeada de un fuerte operativo de seguridad, que buscará evitar los graves incidentes que se produjeron en una movilización similar hace una semana y que terminó con más de 114 detenidos, móviles policiales y contenedores incendiados, daños materiales importantes en el espacio público y un fotógrafo herido, Pablo Grillo, que lucha por su vida en el hospital Ramos Mejía luego de ser alcanzado por un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza. Para que la historia no se repita, desde la cartera que encabeza Patricia Bullrich se dispuso vallar desde el martes por la noche la zona que rodea al Parlamento para que la protesta por los jubilados, que se realiza cada semana desde hace varios años, no pueda llegar hasta allí y se mantenga a una prudente distancia. Esta vez el Gobierno aplicará a medias el protocolo antipiquetes: resignará la circulación en varias calles del centro porteño (la circulación fue interrumpida por los agentes de tránsito), para evitar nuevos incidentes. Las fuerzas de seguridad también realizaron controles en la autopista Rosario - Córdoba Mientras tanto, la Cámara de Diputados discute si aprueba o no el DNU que envió el presidente Javier Milei para que Argentina tome un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI). Luego de una cumbre que se realizó en la Casa Rosada el martes, en la que participaron Bullrich, las principales autoridades de la SIDE, de la Secretaría de Transporte y del ministerio de Justicia, se decidió aumentar la cantidad de efectivos de las fuerzas federales que participarán del operativo. Habrá más de 1.500 uniformados de Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía Aeroportuaria. El despliegue de las fuerzas federales empezó a notarse esta mañana en los alrededores del Congreso. Se ajustó la coordinación con el gobierno de CABA porque, según trascendió, pretenden que “las intervenciones para controlar incidentes o desmanes sean rápidas y evitar los largos enfrentamientos del miércoles pasado”. En las inmediaciones del Congreso ya pudo observarse desde temprano el despliegue de uniformados de a pie, pero también de los vehículos antidisturbios (carros de asalto e hidrantes). A las fuerzas federales se sumarán los 900 efectivos de la Policía porteña que dispuso el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Unos 600 agentes de tránsito trabajarán con el objetivo de facilitar la circulación. “Tienen la orden de garantizar el derecho a la protesta, pero van a reprimir si hay algún tipo de violencia de los manifestantes”, advirtieron desde los organismos de seguridad. El tránsito vehicular está cortado desde las 9 en el perímetro comprendido por las calles Ayacucho y su continuación Sarandí, Bartolomé Mitre, Montevideo, Paraná, y su continuación Sáenz Peña y Adolfo Alsina. Los controles se extienden a los colectivos y camiones que llegan a la Ciudad de Buenos Aires por las diferentes vías de acceso. Allí se pedirán los permisos y habilitaciones correspondientes y se chequeará la documentación de los pasajeros, aunque se estima que muchos de los que marcharán esta vez lo harán de manera inorgánica, no como en ocasiones anteriores. El área que controla Franco Mogetta, Transporte, acordó con la cúpula libertaria coordinar con Seguridad “los controles que se hacen a los micros” que vayan llegando a la movilización, tarea que estará a cargo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). “En el operativo especial de seguridad, los agentes de fiscalización de CNRT controlarán la habilitación y documentación del micro, RTO vigente, seguro vigente, lista de pasajeros y medidas de seguridad, como son cinturones de seguridad, matafuegos, luces reglamentarias, neumáticos”, precisaron. A los conductores de los colectivos involucrados se les pedirá la licencia y la libreta de trabajo, para verificar el descanso reglamentario, y se le realizará un test de alcoholemia en el lugar. Y también en las cabeceras de las líneas Roca (Constitución), Mitre y San Martín (Retiro) y Sarmiento (Plaza Miserere) se implementará la misma modalidad cuando se detecten grupos que se dirijan a la protesta. En las estaciones cabecera de los ferrocarriles desde bien temprano este miércoles se escuchó repetidamente por los altoparlantes: “Protesta no es violencia. La Policía va a reprimir todo atentado contra la República”. El mismo mensaje aparecía cada dos o tres minutos en las pantallas led en las que anunciaba el horario de las distintas formaciones. El cartel electrónico de una estación de tren que advierte a los violentos: "La policía va a reprimir todo atentado contra la República!" Este martes por la noche alrededor de 350 contenedores fueron retirados provisoriamente del perímetro entre Sarmiento, Combate de los Pozos, Moreno y la 9 de Julio; y en la Avenida de Mayo entre la 9 de Julio y la Plaza de Mayo para que no sean violentados. Según las autoridades de CABA el costo de la logística para retirar y volver a colocar los contenedores de residuos será de $ 66 millones. En esta ocasión se presume que la marcha será más fuerte que las anteriores. La última, en la que el Gobierno denunció la presencia de personas violentas asociadas con las barrabravas del fútbol y la financiación de sectores políticos de la oposición a su accionar, culminó con una fuerte represión policial, varios manifestantes heridos y más de 100 detenidos que la jueza Karina Andrade liberó casi inmediatamente porque adujo irregularidades en los procedimientos de captura. Las diferentes organizaciones políticas, sociales, estudiantiles, sindicales y piqueteros, como el Polo Obrero y el radicalizado Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), volverán a marchar por el centro porteño desafiando el protocolo antipiquetes de Bullrich y el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, confirmó que irá como observador de la marcha para determinar cualquier tipo de irregularidad en el despliegue del operativo de seguridad, luego de desestimar un amparo que había presentado el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
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