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» Diario Cordoba
Fecha: 19/03/2025 08:23
El Gobierno considera “urgente” la distribución a las comunidades autónomas de los menores migrantes llegados a las costas canarias y activará este proceso en el mes de mayo. La intención, según fuentes del Ejecutivo, es convalidar el decreto pactado con Junts a mediados del mes de abril y, a partir de ese momento, arrancar el plan para las reubicaciones. Antes de ello, las comunidades autónomas tienen hasta el 31 de marzo para certificar el número de menores migrantes que tutelan. Según estos datos se concretará el número de menores que les corresponderá acoger, tras ponderarlos con los criterios establecidos en el decreto. Principalmente la población, pero también la renta per cápita o el esfuerzo previo de cada comunidad autónoma. Si las comunidades no aportan estos datos en tiempo y forma, el Gobierno se reserva el derecho a recabarlos con informes del ministerio de Interior para cumplimentar el registro de menores y certificación del Ministerio de Juventud e Infancia. Se evitarán así mayores demoras. Y es que el texto del decreto establece un plazo de quince días naturales desde entonces para formular la propuesta de traslados. En el Ejecutivo rebajan las consecuencias de que las comunidades autónomas puedan plantear resistencias o, incluso, abrir un “conflicto jurídico”, como ya ha avanzado la Comunidad de Madrid. “No se paralizará nada. Las leyes hay que cumplirlas, con régimen sancionador o sin el”, concluía este martes un ministro del núcleo duro del presidente del Gobierno. Consideran así que no se retrasarán los planes para reubicar desde mayo a 4.000 menores migrantes procedentes de Canarias y otros 400 de Ceuta. Ante el hecho de que el propio acuerdo de Carlos Mazón con Vox para aprobar nuevos presupuestos establece que la Comunidad Valenciana “no aceptará” la acogida de ningún menor migrante más, en el Ejecutivo advierten de que el decreto tiene rango de ley y, por tanto, "es de obligado cumplimiento". En Génova, por el momento, hacen equilibrios. Por un lado, rechazan acoger a nuevos menores migrantes no acompañados en las comunidades autónomas donde gobiernan si el Ejecutivo central no pone a su disposición más medios y refuerza la financiación. Por otro, se asegura que se cumplirá la ley. Frente a estos posicionamientos, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se dirigía a Feijóo en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para que elija "si es el de ahora, atado por Vox, o el que decía que iba a acoger a menores migrantes a pesar de las amenazas de Vox”. Tras ello concluía que “si no lo haces es porque las amenazas han surtido efecto". La falta de infraestructura de las comunidades que “tengan los deberes sin haccer" tampoco será un freno para acelerar la distribución. “Se tendrán que poner en marcha” igualmente, alegan en el Ejecutivo. El decreto aprobado, en sus disposiciones adicionales, establece para ello que se creará en 2025 un crédito extraordinario de 100 millones de euros. Blindaje legal En el Ejecutivo subestiman una batalla legal por parte de los populares porque consideran que el decreto está blindado jurídicamente. Al reformarse la ley de extranjería, la vía recomendada por los servicios jurídicos, se evitaría un posible conflicto competencial, según sostienen. Esta es la vía por la que siempre apostó el Gobierno. Precisamente, para tener una mayor seguridad jurídica, además de para poner sobre la mesa una solución estructural y no puntual. De este modo, el texto del decreto establece que se declarará la situación de contingencia migratoria extraordinaria para activar las reubicaciones siempre que el sistema de tutela de un territorio exceda en ocupación tres veces su capacidad ordinaria. Otro de los seguros que se establece en la reforma para evitar un conflicto competencial es que las comunidades autónomas tendrán capacidad para adecuar la norma en la conferencia sectorial del ramo. Eso sí, para ello se precisará de unanimidad. De este modo, se incluye un artículo en la ley para que la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia pueda acordar “los requisitos para la declaración de la situación de contingencia migratoria extraordinaria, el plan de respuesta y los criterios para la aplicación del plan”. Según las proyecciones, Cataluña y Euskadi serán las comunidades que menos menores migrantes recibirán, mientras que Madrid y Andalucía serán las que más. En caso de no utilizarse la potestad para modificar los términos del reparto, dependiente de una improbable unanimidad de las comunidades autónomas, los requisitos para la declaración, el plan y los criterios del mismo, se regularán de conformidad con lo dispuesto en el decreto aprobado este martes.
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