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» El Ciudadano
Fecha: 19/03/2025 04:33
Por Ignacio Adanero / Especial para El Ciudadano En ocasiones anteriores, hemos abordado esta pregunta partiendo de una sentencia de Ernesto Semán en Breve historia del anti populismo, para quien la reforma laboral constituye ese río donde se ahogan todas las esperanzas (neo) liberales. A juzgar por los últimos ciclos políticos, la sentencia contiene algo de verdad, pues el gobierno de Mauricio Macri vio trastabillar sus pretensiones fundacionalistas luego de la sanción de una tumultuosa reforma previsional en diciembre de 2017, y la dictadura militar vio descascararse sus primeros tres años de férreo disciplinamiento militar una vez la CGT decretara su primer paro general en 1979. La cosa viene un poco más compleja durante los días de Milei, ya que el gobierno libertario ha obtenido una victoria legislativa en Julio de 2024 sancionando una mega ley (la Ley 27.742, conocida como “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”), donde promueve una reforma laboral en sus apartados IV y V a los fines de “modernizar” el mercado laboral. Es justo decir que el gobierno logro cristalizar una serie de cambios en la legislación laboral que abrieron vías a un proceso de precarización registrada hasta antaño inexistente. Sin embargo, el silencio empresario (actor demandante por excelencia de la reforma) o la inexistencia de una contraofensiva de centrales gremiales (siempre dispuestas a procesos de negociación o ejercicios de resistencia), invitan a preguntarse por las condiciones y expectativas de este nuevo intento de “modernización” y registración del mercado laboral. Por una parte, el gobierno libertario atendió la gran demanda del capital y modificó drásticamente el sistema de multas que acarreaba la no registración debida de los trabajadores, avanzando en un plan de “incorporación” al mercado laboral vía extensión de los períodos de prueba o vía nuevas figuras como la del “colaborador” independiente en pequeñas y medianas empresas. También es cierto que cortó de cuajo la última defensa formal del mundo del trabajo contenida en la Ley de Contrato de Trabajo, desjerarquizando la figura de la indemnización por despido y abriendo paso a un sistema de desregulación conocido como fondo de cese laboral o “libre acuerdo” entre partes. En paralelo a esas “mejoras”, no pudo avanzar en figuras punitivistas como la del despido por bloqueos, interrupciones a fábricas o unidades de producción, ni tampoco quedó claro la modalidad para alcanzar una discusión paritaria por sectores o empresas individuales en lugar de lógicas de discusión por ramas o escalas salariales a nivel nacional. Más aún, falta claridad en torno a cómo la legislación avanzara en desnivelar la extensa informalidad que afecta al conjunto del mercado de trabajo argentino en un contexto depresivo: eso explica el silencio de otros actores que otrora habían apoyado la idea de una reforma al menos hasta la victoria de Javier Milei en noviembre de 2023. Es el caso de algunos movimientos sociales o de trabajadores del capitalismo digital 5.0, para quienes la posibilidad de una reforma laboral constituía ese puente con “más Estado” que permitía dignificar, formalizar o registrar formas de trabajo no reconocidas como tales y efectuadas en un marco de invisibilización. Este es el punto nodal donde hay que extremar el análisis, dado que el sueño anarco capitalista de extirpar la presencia estatal en la vida social no es la causa fundamental de los resultados inciertos de un proceso de “modernización” laboral que en el fondo requiere de Estado. Lo curioso del proceso es que han transcurrido largos meses desde la sanción de la Ley Bases y el gobierno sigue insistiendo en la “necesidad” de una reforma laboral desconociendo haber cristalizado la misma en los apartados IV y V de la mega Ley. Probablemente aduja que aún carece de complementos necesarios como una reforma previsional o un determinado nivel de inversiones. Es factible que, a las críticas de Unión Industrial o Sociedad Rural Argentina por el nivel de costos o el tipo de cambio, responda que el no crecimiento de empleo se deba a la “falta de competitividad” del empresario argentino (que nunca se “amolda” o “reconvierte”), cuando no a un resabio de emisión monetaria de la “casta” maldita que aún genera efectos retardatarios. Lo cierto es que tanto el sueño anarco capitalista como el objetivo del gran capital de jaquear al trabajador argentino y a su memoria histórica, están frente a la prueba de fuego de su diagnóstico argumental: la esperanza de que una disminución de los costos de contratación, registración y despido produzca una mejora en la tasa de rentabilidad y por ende un estímulo a la inversión y a la creación de empleo. Milei cumplió a rajatabla con la demanda que había instalado el establishment tras una década de estancamiento económico, pero paga los costos de una lectura que no es propia: asume que la “rigidez” o “anacronía” de la legislación laboral argentina, anclada en un sindicalismo que opera como rémora del pasado, es la causa de la falta de estímulo a la inversión, por lo cual debió “ir más rápido” o “apurarse” en la sanción de una legislación laboral “acorde al siglo XXI”. Ese fue el pulso del primer semestre de 2024, pero ahora es el momento en el que el reloj de la política comienza a correrlo. La ausencia de efectos positivos de la reforma se refleja en el gran silencio de los actores fundamentales de la economía y la institucionalización de una nueva correlación de fuerzas capital-trabajo evidencia que una identidad política no posee un sustrato prefigurado. Es posible sí, que la estructura de derechos laborales y la memoria del arquetipo del sujeto peronista estén resultando laceradas (junto a su poder, su gloria, sus obras sociales, paritarias, etc.). También es factible que estemos en presencia de una desmemoria o avance de la deshistorización de clase que nos invita a pensar la rebeldía como un imposible (o de derecha). Pero más inteligente sería no perder de vista algunas señales que la última semana y la última década nos vienen aportando: que una protesta anémica de jubilados puede encontrar adeptos entre las hinchadas de fútbol o que una recesión atroz puede distraernos sobre formas de autopercepción de algunos colectivos sociales, donde trabajadores de la economía popular bregan por ser reconocidos como tales en una búsqueda identitaria que abre tensiones dentro del campo peronista y de los movimientos sociales. Es en la construcción de puentes entre actores impensados (jubilados e hinchadas de fútbol, jubilados y jóvenes estudiantes); entre el sindicalismo clásico y los movimientos sociales, o en la emergencia de nuevas nociones de trabajador y trabajadora como sujetos de derechos bajo los términos de sus propias demandas, donde se jugará no sólo gran parte de la expansión de las fronteras identitarias del sujeto peronista (ese resto o remanente que equivocadamente buscamos), sino las condiciones de posibilidad de una reforma que no logra darle jaque mate a un sujeto históricamente figurado (y que va asumiendo formas distintas). Que Milei hable de una reforma inconclusa, es en el fondo una pista de esperanza.
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