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» El Ciudadano
Fecha: 19/03/2025 04:32
El interbloque de senadores y senadoras de Unión por la Patria (UxP) envió este martes una carta al Fondo Monetario Internacional (FMI) para expresar su rechazo al DNU 179/25 del presidente Javier Milei sobre otro programa de toma de deuda, sin ninguna precisión sobre monto, condiciones y condicionamientos a la política económica. «Por autorizarse a sí mismo un nuevo endeudamiento con ese organismo sin pasar por el Congreso Nacional, violando lo que determinan la Constitución Nacional y la Ley 27.612», señalaron los legisladores y avisaron que, si ese es el caso, la próxima gestión presidencial no reconocerá las obligaciones desprendidas de ese acuerdo. La carta fue dirigida personalmente a la jefa del FMI, Kristalina Georgieva. También, a los miembros del Directorio del Fondo, a su staff y al representante del organismo en Argentina. El texto fue girado un día antes de la sesión especial convocada el lunes por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para tratar el decreto presidencial. Incompatible Los senadores explicitaron que el DNU es «incompatible» con la legislación vigente. Concretamente, que contradice el artículo 75 de la Constitución Nacional. «Corresponde al Congreso Nacional: arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación (inc.7), estableciendo que es el Poder Legislativo quien tiene la potestad de aprobar o rechazar tratados y concordatos con las organizaciones internacionales (inc.22)», le recordaron a Georgieva. También expusieron que el DNU choca con la llamada ley Guszmán (por Martín, ex ministro de Economía en la gestión de Alberto Fernández). «Incumple la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que establece que ‘todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizado con el Fondo Monetario Internacional, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente’ (art.2°)», repasa la carta. Larga interpelación a Georgieva y el staff La extensa carta al FMI tienen las firmas de los senadores Juliana Di Tullio, José Mayans y Anabel Fernández Sagasti. En la misma, interpelan al propio FMI por la violación de sus propios protocolos. «Todos sabemos que tampoco esta vez se verifican los criterios que el Fondo exige para acceder a superar las proporcionalidades convencionales. Exigimos que, esta vez, primen las consideraciones técnicas y no las políticas como sucedió en 2018», recalca el texto. También recalcaron el antecedente del préstamo tomado por el Gobierno de Mauricio Macri en 2018: decenas de miles de millones de dólares que terminaron fugados del sistema cuando el actual ministro de Economía, Luis Caputo, era titular del Banco Central. Sobre ese mal recuerdo, los senadores peronistas deslizaron la sospecha de que, tal como hace siete años, el endeudamiento tenga el fin político de apuntalar al oficialismo de cara a elecciones, en este caso legislativas. Una receta fallida y repetida Desde el acuerdo de 2018, recordaron los legisladores, la inflación se aceleró, la pobreza y la indigencia crecieron, la producción se redujo y las cuentas externas tampoco mejoraron. «La prueba de este fracaso contundente es que hoy el gobierno debe recurrir al FMI nuevamente», indicaron. por esas y otras consideraciones, en el texto de pide a los directivos y funcionarios del FMI que «tomen nota y se hagan cargo de que en estas condiciones es evidente la inviabilidad del cumplimiento de acuerdos de estas características fraudulentas». Si avanza así, puede ser un pagadiós Los senadores de UxP alertaron que el acuerdo «podrá ser calificada como deuda odiosa en su más amplia acepción… y por lo tanto sujeta a un default selectivo de la Nación Argentina, habida cuenta de que se conocen de antemano las consecuencias desastrosas que tendrá». Y adviertieron: «Firmar un nuevo acuerdo en una clara violación de la legislación vigente en la Argentina, no solo acarreará su absoluta nulidad sino que como fuerza política, no reconoceremos como válida y sujeta a obligaciones por parte del Estado Argentino».
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