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» Radiosudamericana
Fecha: 19/03/2025 03:36
Martes 18 de Marzo de 2025 - Actualizada a las: 22:47hs. del 18-03-2025 TRAS LAS PROTESTAS Y DETENCIONES En una entrevista reciente, Alberto Binder, Presidente del INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales) cuestionó fuertemente las políticas de seguridad implementadas por el gobierno nacional, especialmente en lo que respecta a las protestas sociales y el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. "Patricia Bullrich está haciendo marketing político permanentemente. Hay una política de seguridad marquetinera de campaña electoral", afirmó Binder. Binder se refirió al protocolo "Antipiquetes", implementado por el Ministerio de Seguridad Nacional, argumentando que el gobierno está utilizando medidas represivas, como el uso de gases lacrimógenos y la violencia policial, para "liberar la calle" y reprimir las manifestaciones. Esta estrategia, según el entrevistado, no solo está afectando a los manifestantes pacíficos, como los jubilados que han salido a protestar por sus derechos, sino que también está siendo usada con fines políticos. Binder explicó que el gobierno nacional, bajo la excusa de ordenar las calles, ha recurrido de manera constante al uso de la fuerza en las protestas. En este sentido, destacó que las medidas, que incluyen corridas y bastonazos, son una respuesta exagerada a lo que inicialmente fue una protesta pacífica. "Es cierto que hay un abuso de los cortes, y eso ha generado molestias, pero la respuesta del gobierno no está justificada", señaló. Además, cuestionó el fundamento del oficialismo de que la mayoría de la población apoyó estas medidas, argumentando que el hecho de que el pueblo haya elegido al gobierno no significa que las políticas de seguridad deban ser aplicadas de manera represiva. "El derecho a protestar es un derecho constitucional y no puede ser confundido con la violencia", subrayó Binder. Política de seguridad: marketing y campaña electoral El entrevistado también apuntó que el gobierno está utilizando las medidas de seguridad no solo como una respuesta a los cortes y protestas, sino como parte de una campaña política, especialmente de cara a las elecciones. Criticó duramente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señalando que tiene la habilidad de convertir todos los temas en una disputa ideológica y electoral. “La deriva de autoritarismo que está tomando este gobierno es altamente preocupante. Bullrich tiene la habilidad de convertir todos los temas en una disputa ideológica y electoral, se está pasando los límites. Está haciendo marketing político permanentemente, hay una política de seguridad marketinera de campaña electoral”, señaló Continuó expresando que esta estrategia está desviando la atención de los problemas reales de seguridad en el país, como el narcotráfico o la inseguridad en las fronteras. "Esto no tiene nada que ver con una política de seguridad seria, sino que se está utilizando para generar escenarios ficticios y para debilitar instituciones", aseguró. En este contexto, también lamentó que el gobierno esté usando las protestas como un campo de batalla político, dividiendo a la sociedad en torno a disputas ideológicas y políticas. El derecho a protestar y la responsabilidad de los jueces Aunque Binder reconoció que es necesario encontrar formas de ordenar las protestas para que no generen tanto daño a la sociedad, también destacó que el derecho a protestar debe ser respetado en todo momento. Aseguró que es posible implementar medidas que reduzcan los costos de las protestas sin recurrir a la represión. "Sería bueno que se haga un análisis de cómo está el narcotráfico en el país y muchas otras cosas para hablar en serio de la política de seguridad. Esto es una campaña marketinera contra el kirchnerismo porque estamos en época electoral", aclaró. Por último, hizo un llamado a los jueces del país para que ejerzan su responsabilidad y defiendan las libertades fundamentales de los ciudadanos frente a un poder ejecutivo que, según él, está sobrepasando los límites de sus competencias. "Es hora de que los jueces pongan un límite al Ejecutivo y al Legislativo. Los derechos fundamentales y la Constitución deben ser defendidos", concluyó el abogado.
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