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Parana » ER 24
Fecha: 18/03/2025 22:30
Diego Lara, el Presidente del Tribunal de Cuentas bajo la lupa: una compra millonaria en efectivo que podría ser investigada por la UIF El exdiputado provincial y actual titular del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, Diego Lucio Nicolás Lara, quedó en el centro de la polémica luego de que trascendiera un episodio que podría derivar en una denuncia ante la Unidad de Información Financiera (UIF) por una operación presuntamente sospechosa de lavado de activos.Según fuentes cercanas a la operatoria, Lara habría adquirido recientemente una camioneta Ford Ranger último modelo en la Agencia Escobar, una reconocida concesionaria del país. Lo que llamó poderosamente la atención fue la modalidad de pago: habría llegado con 67 millones de pesos en efectivo, aunque parte del monto se habría entregado en dólares estadounidenses.La operación, por su volumen y características, contravendría la normativa vigente del Banco Central y de la UIF, que prohíbe realizar este tipo de compras en efectivo y exige que montos superiores a cierta suma sean canalizados a través de medios electrónicos o cheques nominativos, para garantizar la trazabilidad del dinero.Incluso, se comenta que al no poder entregar todo el dinero en pesos, Lara fue asistido por personal de la agencia, que le facilitó una dependencia dentro del local para operar como una suerte de “cueva” informal, donde los dólares habrían sido cambiados por pesos en el momento, completando así el pago de la lujosa unidad.La exhibición pública de la camioneta y el reconocimiento de la compra por parte del propio Lara solo aumentaron las sospechas. Fuentes políticas y del entorno financiero sostienen que la operación debería ser reportada como sospechosa ante la UIF, ya que no sólo involucra una suma millonaria en efectivo, sino que proviene de un funcionario con altos cargos de responsabilidad pública, y sin actividad empresarial privada conocida que justifique un flujo de fondos de tal magnitud.Cabe recordar que la Ley 25.246 y sus modificatorias imponen el deber de reportar operaciones sospechosas a los sujetos obligados, entre ellos las concesionarias de autos. Además, los pagos en efectivo están expresamente limitados por la Comunicación “A” 6823 del BCRA, y las operaciones de bienes registrables por encima de ciertos montos deben realizarse mediante transferencias bancarias o instrumentos financieros autorizados.El episodio no es menor, y según trascendidos, ya hay quienes estarían preparando una presentación formal para que la UIF investigue el origen de los fondos utilizados por Lara. En tiempos en los que la transparencia y el control del patrimonio de los funcionarios públicos están en debate, este caso podría transformarse en un test para las instituciones de control.
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