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» Data Chaco
Fecha: 18/03/2025 18:10
La administración de Donald Trump ejecutó la deportación de 238 migrantes venezolanos a El Salvador, desafiando una orden judicial que prohibía estas expulsiones. La medida se justificó bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación del siglo XVIII que permite la detención y deportación de ciudadanos de países considerados hostiles. En paralelo, el presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció que los migrantes serán confinados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una prisión de máxima seguridad. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, justificó la medida alegando que los deportados pertenecerían a la organización criminal Tren de Aragua, declarada grupo terrorista por Washington. "Estos criminales violentos no tienen cabida en nuestro país", afirmó Rubio en un comunicado, destacando que la decisión de Trump busca proteger a la población estadounidense. Según el funcionario, el traslado de los migrantes a El Salvador también permitiría ahorrar recursos. El anuncio provocó una fuerte reacción en el ámbito judicial. Un juez federal de Washington, James Boasberg, había emitido una orden de bloqueo temporal sobre las deportaciones, argumentando que la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros no contaba con bases sólidas. Sin embargo, la administración Trump ignoró la resolución, argumentando que los aviones con los migrantes ya habían ingresado en "aguas internacionales" al momento de emitirse la orden. Desde la oposición y organizaciones defensoras de los derechos humanos, la medida fue calificada como "ilegal" y "arbitraria". La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) exigió explicaciones al Gobierno estadounidense y solicitó que se demuestre que la deportación no violó el dictamen judicial. "Pedimos una investigación urgente sobre lo ocurrido", declaró Lee Gelernt, abogado de la ACLU. Por su parte, el Gobierno de Venezuela expresó su rechazo absoluto a la decisión de Trump, calificándola como una "criminalización infundada" de los migrantes venezolanos. A través de un comunicado, la cancillería venezolana denunció la aplicación de una ley "anacrónica y violatoria de los derechos humanos", y acusó a la administración estadounidense de emplear estrategias "inhumanas" contra la comunidad migrante. A medida que crecen las tensiones diplomáticas y legales en torno a esta decisión, los ojos del mundo están puestos en la respuesta de la justicia estadounidense y en el futuro de los migrantes deportados. Mientras tanto, en El Salvador, los 238 venezolanos han sido ingresados en una prisión de máxima seguridad, en un episodio que podría marcar un precedente en las políticas migratorias de la región. Notas Relacionadas
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