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» Nova Entre Rios
Fecha: 18/03/2025 17:49
José Allende and his family face hearings for illicit enrichment. José Ángel Allende, dirigente político y sindical de UPCN, junto a varios miembros de su familia, deberán comparecer ante los tribunales para prestar declaración indagatoria en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito. Las audiencias, programadas entre el 18 y el 20 de marzo, marcan un nuevo capítulo en una investigación que lleva años y que involucra presuntas irregularidades en el incremento patrimonial del exdiputado entrerriano, que ya intentó «zafar» de esta causa con un juicio abreviado en 2021 que fue rechazado. La investigación, que comenzó en 2012 a raíz de denuncias periodísticas, reveló que Allende habría incrementado su patrimonio de manera desproporcionada durante su mandato como diputado provincial entre 2000 y 2016. Según las pericias contables, el monto del enriquecimiento ilícito ascendería 2 MILLONES DE DÓLARES, la suma que NO TENDRÍA FORMA DE JUSTIFICAR. Además de TODO lo detallado en la causa por enriquecimiento ilícito, Allende posee departamentos en el edificio fantasma que se hizo famoso por la causa Kueider, que está en calle Santiago del Estero y Catamarca de Paraná. A ese edificio, donde conviven políticos, empresarios, dirigentes, y otros personajes acaudalados, dicen que los vecinos estarían pidiendo que sea declarado de interés turístico por la trascendencia nacional que ha tenido al ser difundido tanto por los medios de todo el país. ESTAS PROPIEDADES NO ENTRARÍAN EN LA CAUSA PORQUE SON POSTERIORES A LA INVESTIGACIÓN. En el marco de la investigación judicial, el exdiputado de la Provincia de Entre Ríos, José Ángel Allende, junto con su círculo familiar, enfrenta graves acusaciones por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. El expediente, caratulado como «Allende José Ángel y otros s/ enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública», lleva el número 49956 y está a cargo del Juzgado de Garantías N° 8, bajo la dirección del Dr. Pablo Zoff. Además de Allende, están imputados su hija Victoria Allende, su hijo Julio Alejandro Allende, su esposa Adriana Guadalupe Satler y su exesposa Diana María Cristina Traverso. Según la fiscalía, estos habrían actuado como personas interpuestas para ocultar y gestionar los bienes y fondos del exdiputado durante su mandato, que se extendió desde el 1 de enero de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2016. Los cargos. Según la fiscalía, Allende habría incrementado su patrimonio de manera desproporcionada en relación con sus ingresos declarados, además de otros montos no cuantificados. Para ello, se habría valido de sus familiares y allegados, quienes habrían gestionado bienes y fondos en su nombre. Detalles del enriquecimiento ilícito El informe detalla que, durante su mandato, Allende habría realizado una serie de inversiones y compras de bienes que no se correspondían con sus ingresos declarados. Entre ellas, se destacan: Adquisición de propiedades: Departamentos en Paraná y Buenos Aires, una quinta en Nogoyá, y una isla con cabaña. Compra de vehículos: Automóviles de alta gama, como un Volkswagen Golf GTI, un Ford Mondeo, y un Seat León, entre otros. Inversiones en caballos de carrera: Mantenimiento y compra de ejemplares de pura sangre, como «Amaranto Plus» y «Amazona Plus», registrados a nombre de Diana Traverso. Viajes al exterior: Gastos en pasajes y estadías en países como Cuba, Brasil, Estados Unidos, y República Dominicana, entre otros. Además, se mencionan erogaciones en moneda extranjera y la compra de bienes no declarados, como embarcaciones y autos antiguos. Negociaciones incompatibles. El segundo hecho imputado a Allende se relaciona con el otorgamiento de subsidios no reintegrables a la fundación «Esperanza», de la cual fue presidente y secretario. Según la fiscalía, Allende habría utilizado su influencia como diputado para que la fundación recibiera más de $1.358.617,98 entre 2008 y 2011. La fundación también estuvo dirigida por Adriana Satler y Victoria Allende. Implicación de familiares. Los familiares de Allende están acusados de haber colaborado en el ocultamiento de su patrimonio. Por ejemplo: Julio Alejandro Allende habría adquirido vehículos y participado en sociedades comerciales. Victoria Allende habría comprado automóviles y participado en la adquisición de propiedades. Diana Traverso habría gestionado bienes y realizado compras en nombre de Allende. Adriana Satler habría realizado aportes a sociedades y adquirido propiedades. Calificación legal. Los hechos imputados a José Ángel Allende encuadran en el delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público (artículo 268 del Código Penal), mientras que sus familiares son acusados como partícipes necesarios. Además, Allende enfrenta cargos por negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (artículo 265 del Código Penal). Las audiencias. Las audiencias se llevarán a cabo en el Salón de Audiencias Nº 3 de los Tribunales de Paraná, bajo la supervisión del juez Pablo Zoff, titular del Juzgado de Garantías Nº 8. El cronograma es el siguiente: Martes 18 de marzo: José Ángel Allende (8:30) y Victoria Allende (10:30). Miércoles 19 de marzo: Adriana Guadalupe Satler (8:30) y Julio Alejandro Allende (10:30). Jueves 20 de marzo: Diana María Cristina Traverso (9:00). Durante las audiencias, los imputados podrán optar por declarar o abstenerse, y tendrán la posibilidad de responder o no las preguntas de los fiscales Gonzalo Badano y Sofía Patat. Posibles sanciones. El Ministerio Público Fiscal había solicitado una condena de 2 años y 8 meses de prisión condicional para Allende, además de una multa de 3 millones de pesos equivalente al 60% del valor enriquecido demostrado en pesos y un decomiso de dos inmuebles tasados en total en 1 millón de dólares. También se propuso la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El líder sindical de UPCN por 30 años, enfrenta varias causas penales desde hace casi 20 años, que incluyen condenas por amenazas, denuncias de violencia de género, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con su función pública. En 2022, Allende fue condenado a dos años de prisión condicional por amenazar a un periodista. La justicia también investiga una denuncia de amenazas a la ex ministra de Salud, Sonia Velázquez, presentada en un contexto de violencia de género, que ahora avanzará a juicio tras una decisión de la Cámara de Casación Penal en Paraná. En esta causa, ha habido confusiones sobre la calificación del delito, con el fiscal proponiendo amenazas y la parte querellante afirmando que son coacciones agravadas. Allende ocupó durante 20 años una banca en la cámara de diputados (5 períodos), el mismo tiempo que la justicia lo viene investigando, acusando y juzgando por distintas causas. Aun así, no ha perdido vigencia como dirigente y fue parte de la Mesa de Conducción del Congreso del PJ entrerriano que se celebró en Paraná hace seis meses. También se sienta a charlar como representante principal de “SU” gremio con el Gobernador. Finalmente, después del intento de juicio abreviado en 2021 rechazado por el juez Elvio Garzón, comienza el desfile de Allende y su familia por tribunales. Fuente: El Portal de Ricardo David.
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