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» Comercio y Justicia
Fecha: 18/03/2025 11:53
A un mes del colapso de la criptomoneda $LIBRA, la Corte Suprema del Estado de Nueva York recibió la primera demanda colectiva contra sus principales impulsores. La acción judicial, encabezada por el estudio Burwick Law, apunta a la familia Davis, Julian Peh, Benjamin Chow y las firmas Kelsier Ventures, Kip Protocol y Meteora, a quienes se acusa de implementar un esquema fraudulento que perjudicó a más de 200 inversores de distintos países. Los demandantes buscan no solo una compensación económica, sino también la restitución de las ganancias obtenidas injustamente, la imposición de medidas cautelares para evitar futuras ofertas fraudulentas y el nombramiento de un síndico que proteja los activos restantes de los inversores. A pesar de que la demanda menciona en seis ocasiones al presidente argentino Javier Milei, su hermana Karina Milei y otros protagonistas locales de $LIBRA, como Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, estos no fueron incluidos formalmente en la denuncia. Según Burwick Law, esta decisión responde a la estrategia de evitar un conflicto con el Estado argentino y concentrarse en obtener resarcimientos en tribunales estadounidenses. No obstante, el escrito destaca que el respaldo público de Milei fue clave para dar una “apariencia de legitimidad” a la criptomoneda, lo que incentivó las inversiones. Manipulación del mercado De acuerdo con la demanda, los responsables de $LIBRA implementaron tácticas manipuladoras para inflar artificialmente el precio del token mediante el uso de fondos de liquidez controlados unilateralmente en la plataforma descentralizada Meteora. Este mecanismo creó una falsa estabilidad de mercado, permitiendo que los demandados extrajeran aproximadamente 107 millones de dólares antes del colapso del activo. Además, se denuncia que los inversores fueron inducidos al error mediante omisiones deliberadas sobre la verdadera estructura de liquidez, el control interno del suministro de tokens y las estrategias de monetización utilizadas por los organizadores. La promoción del token como un instrumento para el crecimiento económico argentino se describe en la demanda como un “esquema fraudulento clásico”.
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