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Valle María » Vallemarianoticias
Fecha: 18/03/2025 10:45
El ex secretario de Deportes es investigado por supuesta autorización de desarrollos urbanísticos en zonas no permitidas y con supuestos sobreprecios. El exintendente de La Plata, Julio Garro, fue imputado en una causa que investiga la autorización ilegal de 400 barrios privados durante sus ocho años de gestión entre 2015 y 2023. El fiscal Juan Cruz Condomi Alcorta solicitó allanamientos y órdenes de presentación que autorizó la jueza de garantías Marcela Garmendia, en el domicilio de Garro ubicado en el country Grand Bell. También se realizaron allanamientos en las sedes de cuatro empresas (Les Baux, Bordigoni, Agrycon y Solvial) encargadas de obras en los barrios privados cuestionados, y en los domicilios de dos exempleados de la municipalidad. De esta manera, Garro fue imputado por Asociación Ilícita, Incumplimiento de los deberes de funcionario público, Falsedad Ideológica de documento público y Administración fraudulenta. Además, quedaron imputadas otras siete personas. Según se informó, de los elementos reunidos en la reciente investigación se acredita que desde el 10 de diciembre de 2015 al 10 de diciembre de 2023 varios funcionarios públicos de la Municipalidad, en connivencia con empresarios privados, autorizaron barrios privados en zonas expresamente prohibidas y sin contar con aprobación provincial. Este accionar lo habrían realizado en beneficio propio y de las empresas desarrolladoras intervinientes, generando con su accionar un perjuicio tanto a sus adquirientes como al municipio. En el expediente por el que se ordenó el procedimiento en la casa de Garro se investiga si durante su mandato como intendente “varios funcionarios públicos del municipio, en connivencia con empresarios particulares, visibilizaron simulando legitimidad múltiples desarrollos urbanísticos en zonas no permitidas, las cuales no contaban con la correspondiente autorización provincial respectiva para cada emprendimiento”, según consta en la denuncia. Cabe destacar que la investigación está orientada en dilucidar el modus operandi, que hasta ahora apunta a que desde el municipio le pedían a los desarrolladores un porcentaje de las tierras a cambio de la autorización. Por otro lado, a los urbanizadores se les exigía que contraten a empresas constructoras de obras luz, gas, agua y pavimento vinculadas a empresas de funcionarios de la gestión anterior. En total, se realizaron cinco allanamientos y 11 órdenes de presentación. Participó personal de la Dirección de Delitos Económicos, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado. En los procedimientos, se incautaron “copias y originales de expedientes relacionados a los hechos investigados, facturación, contratos celebrados de las empresas entre sí y con el municipio, constancias de avance de obras y de contrataciones, computadoras, impresoras y diversos elementos informáticos”, según se especificó en un informe judicial. La causa persigue los delitos de asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y administración fraudulenta en perjuicio del Estado en concurso real entre sí. Los investigados son Garro, María José Botta (exsecretaria de Planeamiento Urbano municipal), Marcelo Genoro (director general de Obras Viales), Ariel Bordigoni (presidente de la empresa Bordigoni y Cía. SRL), Cecilia Mayocchi y Leandro Arrechea (ambos de la empresa Agrycon SA), Facundo Dadin (empresa Solvial) y Nahuel Paradela (exsubsecretario de Servicios Públicos platense). La Política Online
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