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Parana » APF
Fecha: 18/03/2025 10:30
La presidenta anuncia una batería de medidas para atajar un asunto que sobresalta al país con múltiples escándalos. martes 18 de marzo de 2025 | 9:50hs. La búsqueda de personas desaparecidas es un asunto que ha incomodado a varios gobiernos en México y supone una de las grandes rémoras para que el país pueda alcanzar un estatus de modernidad democrática. Las desapariciones suceden a diario, pero cada sexenio cuenta con su particular escándalo mediático que sacude los cimientos del poder. A Claudia Sheinbaum le ha tocado uno muy temprano. El hallazgo de cientos de objetos, ropas y restos humanos en el rancho Izaguirre de Teuchitlán (Jalisco) puede no ser una novedad entre los capítulos de violencia de este país, pero las imágenes publicadas han dejado un desasosiego de holocausto del que es imposible desviar la mirada. Este lunes, la presidenta ha anunciado diversas medidas destinadas a poner orden en el desbarajuste administrativo en que se desenvuelven las búsquedas de desaparecidos. Las varias reformas legales pretenden unificar los descontrolados registros de identificación que hay por el país, empezando por los datos con los que cuentan las fiscalías y los servicios forenses para que pueda cruzarse la información. Sheinbaum ha leído el texto en el que detalla las medidas a tomar y ha tomado partido inequívoco con las víctimas. Puede ser solo un gesto, pero se diferencia de posiciones que se tomaron en Gobiernos anteriores. Los miles de desapariciones, alrededor de 115.000 nombres figuran en los listados oficiales, se han convertido en uno de los asuntos políticos más relevantes. Tras el turbio caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que golpeó los últimos años de Gobierno de Enrique Peña Nieto, su sucesor en el cargo, Andrés Manuel López Obrador, prometió devolver la verdad a la ciudadanía, pero su mandato acabó en este aspecto con la disconformidad y el enfado de los colectivos de búsqueda, algunas de cuyas caras más visibles se acercaron a los partidos de oposición. Le toca ahora a Sheinbaum agarrar con firmeza ese asunto del que ha declarado, antes que nada, que no se trata de desapariciones que provengan del Estado, como antaño, en referencia al periodo de guerra sucia o a la desaparición de los estudiantes, sino de delincuencia propia del crimen organizado. Es posible, pero la policía también es Estado, como lo son las fiscalías o los gobernadores, y no siempre están a la altura de las circunstancias. El caso de Teuchitlán revela inconsistencias de seguridad ciudadana puestas ahora bajo investigación. La presidenta ha anunciado la coordinación de los datos con los que cuentan las Fiscalías estatales, uno de los agujeros en la justicia mexicana. Se hace del todo necesario que sumen esfuerzos. En las últimas semanas se supo de la desaparición de varios jóvenes de Tlaxcala que fueron a las playas de Oaxaca y cuyos cuerpos se encontraron en Puebla, sin que ningún ministerio público de los Estados concernidos se dijera muy dispuesto a enfrentar el asunto. En Teuchitlán se revisó el rancho en septiembre pasado, tras la detención de 10 personas y el rescate de dos, pero las fuerzas del orden, parece que no vieron lo que estaba a simple vista. Son también sonados los casos de desaparecidos cuyos familiares los buscan desde hace años y de repente, en una pirueta inexplicable, aparecen en los servicios forenses, que también son parte del Estado, pero que no cuentan con el personal ni los recursos suficientes para la identificación de tanto cadáver acumulado. Algunos de los familiares que buscan no han manifestado gran satisfacción con las medidas anunciadas. Han recordado que algunas de ellas ya tienen sustento legal, pero no cuentan con la voluntad de la Fiscalía General, por ejemplo el Banco Nacional de Datos. Critican que se hable ahora de iniciar investigaciones en el mismo momento en que se reporte un caso de desaparición, en lugar de esperar 72 horas, porque dicen que eso ya está en la ley y tampoco se implementa. Y se quejan de que López Obrador desmanteló el Centro Nacional de Identificación Humana. La presidenta tiene en este aspecto otro terreno abierto para diferenciar su política de la de su antecesor. En efecto, uno de los grandes problemas de México no son las leyes, que las hay, sino el caso que se les hace. Prueba de ello es la legión de madres que andan buscando a los suyos de Estado en Estado, apenas armadas con pico y pala y sin seguridad, expuestas como están a violencias semejantes a las que sufrieron sus familiares. De tarde en tarde denuncian la inasistencia por parte de las autoridades, cuando no la obstaculización a su trabajo. Son los particulares los que encuentran y denuncian oscuros ranchos de exterminio como el de Teuchitlán. Declaraciones como la del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en las que cuestiona que lo encontrado allí pertenezca a personas desaparecidas, tampoco ayudan, ni a la búsqueda de culpables ni al sosiego de los familiares. “¿Quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas?”, ha declarado el senador. Puede que no lo sean, puede que estén vivos, y también puede que hayan condenado su juventud al servicio del crimen organizado. Eso no reduce el drama y la presidenta se ha desmarcado con discreción de las palabras de su compañero de partido. Sheinbaum ha invitado al gobernador de Jalisco a Palacio Nacional para abordar el caso de Teuchitlán. Pablo Lemus no había entrado todavía al cargo en septiembre pasado, tras un recuento electoral largo. Pero pertenece al mismo partido, Movimiento Ciudadano, que gobernaba entonces con Enrique Alfaro a la cabeza. Lemus prometió mirar hacia adelante cuando tomó protesta. En este asunto quizá le toque mirar un poco hacia atrás y despejar las responsabilidades convenientes. Sexenio tras sexenio, partido tras partido, las desapariciones en México suponen un grave asunto de derechos humanos. Sheinbaum no ha querido escurrir el bulto, sino que se ha presentado con una batería de medidas de recorrido aún incierto, porque la batalla no solo está en la política, atañe, ha dicho la presidenta, a todos los niveles de Gobierno con sus policías, pero también al poder judicial en cualquier instancia. Y muchas veces las leyes en México van por un lado y la voluntad de los servidores públicos, por otro, publicó El País. (APFDigital)
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